Karla Mercado
Karla Mercado, administradora de ASG. > Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

De las 4,282 empresas elegibles en el Registro Único de Licitadores (RUL), requerido para poder venderle productos y servicios al gobierno de Puerto Rico, solo hay 351 pequeñas y medianas empresas (pymes) certificadas, según informó la Administración de Servicios Generales (ASG).

La agencia intenta aumentar esta cifra para que más pequeños y medianos comerciantes se puedan beneficiar de las compras gubernamentales, según expuso a EL VOCERO la administradora de Servicios Generales, Karla Mercado.

“Esta es una plataforma donde se someten los documentos para que el gobierno de Puerto Rico los pueda contratar. Estamos buscando que más pymes participen y cumplan con los requisitos”, informó la funcionaria.

Explicó que el RUL es mandatorio y que simplifica y agiliza el proceso de inscripción de forma electrónica para reducir y estandarizar los trámites a todas las personas dispuestas a hacer negocio con el gobierno.

Agregó que Servicios Generales evalúa a todos los licitadores mediante certificaciones y documentos que les permiten cualificar la elegibilidad para licitar.

Los requisitos varían dependiendo de si se trata de una cooperativa, corporación foránea, corporación sin fines de lucro, individuo, sociedad de responsabilidad limitada foránea, corporación de responsabilidad limitada, sociedad o sociedad de responsabilidad limitada.

Deben cumplir con los documentos y cuotas anuales que fluctúan entre $225 y $450.

La plataforma provee el certificado de elegibilidad que acredita al licitador a participar en los procesos de compra de bienes y servicios, así como de las subastas que se convoquen sobre el renglón para el cual se haya registrado.

Según la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019, el gobierno gasta más de $6,000 millones en bienes y servicios cada año.

De dicha cuantía, el 20% de las compras de las agencias del gobierno debe realizarse a empresas nativas y el 10% a negocios que pertenecen a mujeres.

Con la aprobación de la Ley 129-2005 —según enmendada y conocida como la Ley de Reservas en las Compras del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico— se implementó este nuevo enfoque gubernamental.

Esta ley dispuso que haya preferencia en las compras gubernamentales para el sector de los pequeños y medianos detallistas y para los distribuidores en el mercado de la Isla.

La ley específica que cada agencia debe destinar del 20% al 30% del presupuesto general a la compra de bienes y servicios provistos por pequeñas y medianas empresas puertorriqueñas, lo que equivale a entre $880 millones y $1,320 millones.

Mercado había declarado a EL VOCERO que no hay visibilidad del cumplimiento con dicha ley, y adelantó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) establecería mecanismos para constatar el porciento de gastos de cada agencia en cumplimiento con la adquisición preferencial.

Se buscan agricultores

Servicios Generales está en búsqueda de agricultores con capacidad de proveerle productos al gobierno para llenar las necesidades de compra de las agencias, con particular énfasis en los comedores escolares del Departamento de Educación.

Según Mercado, la agencia quiere aumentar la cartera de proveedores de productos agrícolas para llenar las necesidades de los planteles a través de la Administración de Desarrollo Agropecuario (ADEA).

De este modo, el gobierno puede atemperarse a los requisitos establecidos por las agencias federales y subsanar señalamientos pasados de incumplimiento en los procesos competitivos para la adquisición de productos.

“Los fondos para comprarle al agro local están disponibles mediante asignaciones federales y el gobierno tiene la necesidad de adquirir estos productos. En ASG, en conjunto con el Departamento de Agricultura, desarrollamos un plan de acción para llegar hasta el agricultor y facilitarle el proceso, de modo que este pueda suplirle al gobierno y a la vez cumplir con las normativas estatutarias”, indicó Mercado.

La funcionaria resaltó, además, que los agricultores están respondiendo al llamado, lo que se vio en la actividad realizada ayer en Dorado, como parte del plan operacional para lograr que se conviertan en licitadores, y donde llegaron 40 agricultores.

“Mientras más agricultores certificados tengamos disponibles, más opciones tendremos al momento de realizar las compras, lo que redunda en mayor beneficio para los ciudadanos. También queremos que vendan sus productos a otros sectores como la Policía y Departamento de Corrección”, sostuvo sobre las oportunidades disponibles para este sector.

Aunque a los agricultores les aplica el RUL, los que hayan sido certificados por el director de cada región de la ADEA obtendrán una exención en el pago de la cuota de inscripción y no tendrán que someter todos los documentos porque ya lo han hecho con el Departamento de Agricultura.

“Con esta iniciativa confiamos en que más agricultores se convertirán en suplidores del gobierno y con ello podemos obtener mayor variedad y mejor calidad de productos para nuestros niños en los comedores escolares”, señaló Mercado, y dijo que “además, otras agencias de gobierno podrán nutrirse de la producción local”.

Como parte de la iniciativa, Servicios Generales informó que movilizará personal de la oficina a cargo del RUL a las oficinas regionales de la ADEA, para orientar a los agricultores interesados en participar de los procesos de compra del gobierno.

Sobre este particular, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González, estima que en el segmento de comedores escolares el agro de la Isla pudiese estar vendiendo entre $15 a $20 millones.

 “Ya podemos licitar en las subastas y esto nos abre puertas. Ya entramos a comedores y perseguimos incursionar en hospitales, corrección y otras dependencias. Lo importante es que los agricultores se sigan certificando”, acotó González.