Comercio global

Para Puerto Rico convertir en oportunidad el acuerdo logrado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con 136 países —que representan más del 90% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial— y que fija un gravamen global de 15% a las multinacionales, tendrá que proponer reformas que conviertan la Isla en un mercado inversor atractivo y eficiente, según conocedores del tema consultados por EL VOCERO.

Según se informó, el acuerdo debe entrar en vigor en 2023, por lo que la Isla tiene 15 meses para atemperar su propuesta de mercado a las necesidades de los inversionistas.

Entre las reformas que consideran importantes destacaron la reducción en costos y mayor eficiencia de la infraestructura, agilidad en la cadena de suministros y en la prestación de servicios, principalmente en la aprobación de permisos. También sumaron que hay que fortalecer la seguridad y la educación.

Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), aseguró que la tasa impositiva de 15% no representa un impacto grande para la Isla, ya que en la actualidad el sector de las multinacionales tributa a una tasa de un 10.5%.

“Al contrario, pudiese representar una oportunidad, ya que estas empresas deberán repartir parte de los beneficios en los países donde se generen los ingresos, lo que representaría una aportación adicional para la Isla”, indicó Cidre.

Enfatizó que el uso del dinero debe ir a la creación de incentivos para atender las necesidades de estas empresas y que no debe entrar a las cuentas del gobierno.

“Tenemos que utilizar ese dinero adicional para reducir el costo energético, incentivar el aspecto laboral y el transporte, entre otras deficiencias.

El funcionario admitió la necesidad de darle continuidad a los esfuerzos para lograr que la Isla sea excluida del pago de la Renta Global Intangible de Bajos Impuestos (Gilti, por sus siglas en inglés), contemplado en la reforma contributiva federal y en la que se trata a la Isla como destino foráneo y no doméstico.

La exclusión le daría a Puerto Rico ventaja competitiva frente a otros mercados, justo cuando entraría en vigor el nuevo impuesto de 15%.

El Gilti es una categoría en los ingresos obtenidos en el extranjero por corporaciones extranjeras controladas por EE.UU. (CFC) y está sujeto a tratamiento especial según el código tributario norteamericano.

Entre las críticas que ha recibido, se indica que erosiona la base impositiva de EE.UU. porque disuade a las empresas multinacionales de trasladar las ganancias hacia activos que se mueven fácilmente —como los derechos de propiedad intelectual — a jurisdicciones extranjeras con tasas impositivas inferiores a las de EE.UU.

“Ahora en destinos que competían directamente con la Isla estas empresas tienen que tributar el 15% también. El reto está en qué cosas adicionales podemos ofrecer. Hay que ser creativos e innovadores para lograr la agilidad que se requiere”, apuntó Cidre, sin descartar la posibilidad de que el gobierno se proponga atraer otro tipo de empresas que no están incluidas dentro de la nueva imposición del 15%.

El contador público autorizado (CPA), Kenneth Rivera, expresó que el nuevo impuesto pudiese ser una oportunidad para la Isla, pero advirtió que antes representaría un reto porque le quita al País el principal mecanismo para atraer inversión.

Rivera coincide en la necesidad de que la Isla sea eximida del Gilti, pero entiende que es difícil ante el ambiente tenso en el Congreso entre demócratas y republicanos.

“Veo el punto de que se tiene que hacer algo al respecto, pero el ‘timing’ es terrible. Hay cosas adelantadas y están trabajando en el esfuerzo. Necesitamos que se le explique al gobierno federal lo conveniente que es como herramienta para incentivar el desarrollo económico y reducir la dependencia”, afirmó Rivera.

“Por lo pronto tenemos 15 meses para lograr que el gobierno local consiga algo alineado a lo que estas empresas solicitan para establecerse en la Isla”, abundó.

Por su parte, Rodrigo Masses, presidente de la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico (Adepr) y expresidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), considera que el nuevo gravamen logra un ecosistema balanceado y genera una competencia más justa. Enfatizó que por el momento, no se limita lo que cada país puede hacer para atajar el impacto, área donde entiende que la Isla puede aventajar a otros países.

“El que no se limite a los países establecer sus propias maniobras para ser atractivas a la inversión, derrota esta medida, ya que cada uno establece sus estrategias y en ese renglón ya Puerto Rico cuenta con todo un andamiaje”, sostuvo Masses.

Dentro de las ventajas apuntó a la existencia de innumerables subsidios, incentivos, fuerza laboral diestra, logística, conocimiento, peritaje y la cercanía y relación con los EE.UU.

“Hay que ver hasta dónde cada país tiene la independencia para ofrecer a estas empresas en cada una de esas partidas”, agregó.

Importante los detalles

Para el economista José Alameda, es importante que se conozcan los detalles particulares de lo que cada jurisdicción puede ofrecer y evaluar si la propuesta de Puerto Rico es suficiente para retener y atraer inversión.

“Por el momento sólo esta el acuerdo entre las jurisdicciones, pero se desconoce que más se vaya a acordar”, señaló Alameda.

Para Carlos Serrano, presidente del Comité de Taxes de la Asociación de Industriales, este acuerdo lo cambia todo.

“Cada cual legisla en sus estados para poner en vigor el acuerdo. Aunque va súper rápido, no es algo inmediato. Para fines de Puerto Rico esto añade jurisdicciones con las que comparten contribuyentes sujetos a una tributación similar. Cada jurisdicción está evaluando particularidades, hay que ver de dónde es la inversión y qué ese destino va a ofrecer. Los cambios no siempre implican que sean malos”, puntualizó.

Según datos del DDEC, la industria farmacéutica es el motor económico principal de Puerto Rico. Anualmente paga $3 billones en impuestos, lo cual representa el 33% del presupuesto del gobierno; emplea directamente a más de 78,000 personas con salario promedio de $62,000, e invierte $500 millones anuales en mejoras a sus plantas y equipos en la Isla. Este sector representa el 30% de la economía de Puerto Rico.

reportera