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Se mantiene intacta la oposición a la fusión de las empresas navieras. > Archivo/EL VOCERO

El sector comercial de Puerto Rico vuelve a pedir la anulación del contrato entre las principales dos empresas que manejan transporte marítimo en la Isla, Luis Ayala Colón y Tote Maritime, que dio origen a la empresa Puerto Rico Terminals, por entender que el acuerdo crea un monopolio que afecta la carga de suplidos de alimentos y productos esenciales.

Sin embargo, desde el 2019 se ha planteado por exfuncionarios de la Autoridad de los Puertos que le corresponde a Asuntos Monopolísticos determinar si la transacción desemboca en un monopolio, análisis que han estado realizando desde entonces y del cual no se han expresado. Hasta el momento, la Comisión Marítima Federal (CMF) no encontró que el acuerdo redujera la competencia ni el servicio de transportación. La CMF podría presentar un interdicto ante el Tribunal de Distrito de Washington D.C., si así lo determina, lo que tampoco ha sucedido.

“Es desconcertante que los funcionarios responsables de proteger los puertos y la infraestructura marítima del País insistan en justificar un monopolio compuesto por una empresa convicta de cometer fraude con las tarifas marítimas apoyados por las nefastas leyes de cabotaje como TOTE Maritime, antes Sea Star., expresó Jesús E. Vázquez Rivera, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD). “Actualmente los puertorriqueños estamos a merced de estas empresas, que controlan las rutas marítimas y los puertos”.

Estas expresiones fueron parte de su ponencia en las vistas públicas de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público, Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que ordena a dichas comisiones a realizar una investigación sobre la situación de los muelles de la zona portuaria de San Juan, los proyectos y negocios a realizarse en los mismos.

El CUD entiende que el Muelle Navy Frontier debe ser devuelto a la Autoridad de los Puertos para uso exclusivamente marítimo e indicaron que es el único muelle de uso variado en la ciudad de San Juan donde se operan barcos de pasajeros, carga suelta (breakbulk), carga peligrosa, automóviles y servicios de emergencia.

“El muelle es el único en San Juan que produce ingresos y está disponible para situaciones de emergencias. El CUD propone que las instalaciones sean redistribuidas permitiendo que al menos el 33% de los muelles y terrenos queden disponibles para otros operadores, incluyendo la carga general. Además, que las grúas sean expropiadas de manera que puedan ser utilizadas por otros operadores”, dijo Vázquez, quien también aseguró que parte de los muelles fue vendida para desarrollar viviendas en los pocos espacios disponibles que hay para emergencias y la llegada de productos especializados.

En ese espacio operan las compañías que traen materia prima para la manufactura de cemento, varillas, materiales de construcción y automóviles. “Mientras más espacios disponibles, mayor son las oportunidades de recibir nuevos barcos y nuevas rutas. Parecería que no pasamos por un huracán, donde se escasearon los productos de primera necesidad, por culpa de la ley de cabotaje y por no haber espacio en nuestros puertos para que llegaran otras líneas de barcos”, abundó Vázquez.

Luis A. Gierbolini Rodríguez, presidente Cámara de Comercio de Puerto Rico, también exhortó a que se realice una investigación de los muelles de la zona portuaria de San Juan, de los negocios generados en la zona portuaria de Puerto Nuevo, -particularmente sus efectos operacionales y competitivos sobre los procesos en los muelles-; el desarrollo de la alianza pública privada que se contempla para los muelles de cruceros en la Bahía de San Juan y los proyectos sobre desarrollo comercial, residencial y turístico que se proponen para el muelle denominado Navy Frontier.

En tanto, la empresa de carga Intership, que también estuvo presente en la vista, resaltó la necesidad de contar con un puerto alterno y un plan de desarrollo económico para los puertos de la Isla.

“Si nuestros muelles estuvieran en condiciones, con grúas y equipo pórtico perteneciente a la Autoridad de los Puertos y con una estructura administrada y orientada a incentivar la competitividad y no limitar sus funciones a las de un arrendador, no estaríamos realizando esta vista. Puerto Rico debe tener leyes y reglamentos que le den jurisdicción en estos casos y que protejan al pueblo y la economía”, dijo María Caraballo, presidente y CFO de Intership.

La empresaria destacó que cambiar las funciones de los terrenos de los puertos de San Juan, refiriéndose a proyectos turísticos en agenda, dejaría sin espacio para manejar debidamente las embarcaciones.

“Es significativo el espacio del terminal para recibir a futuras compañías de transporte internacionales que pudieran estar interesadas en venir a Puerto Rico. Todo redunda en reducir la disponibilidad de servicios de transportación marítima, potenciando la posibilidad de que ocurran aumentos en los costos de transportación y servicios marítimos”, resaltó Caraballo.

Conflicto laboral

Asimismo, la CCPR dejó saber su preocupación por las consecuencias que el conflicto obrero patronal entre ILA Local 740 —unión que agrupa a los trabajadores del muelle de San Juan— y la empresa Luis Ayala Colón (LAC), - que aún se mantiene bajo un proceso de mediación-, pueda tener en detener el flujo de mercancía de primera necesidad para empresas de manufactura, ventas al detal y la salud.

“El impase de ese conflicto comenzó a afectar a la industria de alimentos que mantenía mercancía perecedera que debe ser distribuida semanalmente. También los pedidos de las ferreterías quedaron a la deriva al igual que el comercio al detal, las farmacéuticas y la manufactura. Una de las áreas de mayor preocupación es el sector de la salud que planteó preocupaciones con el suplido médico quirúrgico para los hospitales”, alegó el presidente de la CCPR.

La preocupación que no se pueda garantizar que el País pueda prepararse manteniendo la cadena de distribución desde el muelle hasta las manos del consumidor incrementa tras la Isla encontrarse en la temporada alta de huracanes, por lo que expusieron ser necesario lograr un acuerdo satisfactorio que beneficie a todos los sectores.

 “Se debe llegar a una solución lo antes posible para evitar la incertidumbre que esto pueda generar en la distribución comercial. Las conversaciones que están sosteniendo las partes con la mediación del secretario del Trabajo deben concluir dentro del término de 45 días acordado, manteniendo siempre la buena fe y disposición de lograr un entendido satisfactorio”, apuntó Gierbolini.