Eviction notice document with gavel and N95 face mask. Concept of financial hardship, housing crisis and mortgage payment default during Covid-19 coronavirus pandemic.

Aunque no fue hasta el 26 de agosto de 2021 que culminó la moratoria al pago de alquiler, desde el mes de noviembre de 2020 comenzaron a radicarse solicitudes de desahucio y en agosto de 2021 ya sumaban 676 los casos en los tribunales de la Isla, según los datos de Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).

El número de casos radicado ha seguido en aumento a pesar de que existe auxilio para evitar el desahucio a través de los fondos federales del Programa de Asistencia para el Pago de Renta, que tiene $325 millones disponibles y solo se han utilizado cerca de $8 millones, y el gobierno tiene hasta finales de este mes para utilizarlos.

Según la Administración de la Vivienda Pública (AVP), hasta el 13 de septiembre se habían sometido 18,230 solicitudes al programa. De este total, se ha denegado sobre 9,000 solicitudes durante el proceso inicial y más de 700 peticiones en el proceso de evaluación, por no cumplir con los requisitos básicos.

En su mayoría, según Vivienda, los solicitantes que no han cualificado tienen ingresos que exceden los límites exigidos. Solamente 1,708 solicitudes han sido aprobadas, lo que ha representado el desembolso aproximado de $8 millones.

El programa de ayuda federal —que está disponible para residentes de vivienda pública, Sección 8 y alquiler privado— se puede utilizar para cubrir la deuda atrasada hasta 12 meses, así como tres meses por adelantado.

La ayuda se anunció en junio de 2021 y las guías federales establecen que el gobierno federal puede pedir que se devuelvan los fondos a las jurisdicciones que hayan desembolsado menos del 65% del dinero asignado, y lo redistribuirán a otras jurisdicciones que lo necesiten a partir del 30 de septiembre. No obstante, la fecha límite para que Vivienda utilice los fondos es diciembre de 2021.

Respecto al perfil del arrendatario, el 52% de los casos son mujeres solas, en su mayoría de la región de San Juan, Bayamón, Carolina, Caguas y Arecibo, indicó la abogada Ariadna Godreau, directora ejecutiva de ALPR.

Opinan los arrendadores

Rosita Alicea, expresidenta de la Asociación de Arrendadores de Bienes Inmuebles de Puerto Rico, indicó que luego de que la Corte Suprema diera paso a los desahucios por rentas atrasadas —que según las cifras de la Oficina del Censo, afectaría a 3.5 millones de familias en Estados Unidos que podrían ser desahuciadas en los próximos meses— la manera más efectiva de neutralizar el efecto es que se agilice la distribución del dinero asignado para el pago de la renta por el Departamento del Tesoro.

“En la medida en que los gobiernos estatales y locales hagan efectivamente la entrega de dichos fondos para que llegue al mayor número posible de arrendatarios, contrarrestará la morosidad que vienen arrastrando durante el periodo pandémico y proveerá tranquilidad y paz mental para ambas partes”, señaló.

“De esta forma el arrendador y el arrendatario pueden hacer arreglos razonables en cuanto al pago de las cuotas de arrendamiento adeudadas, evitando así los desalojos”, abundó.

Alicea resaltó que aunque la asociación es empática con los inquilinos afectados por la pandemia, los arrendadores están pasando la misma emergencia que aqueja a los arrendatarios y tienen que cumplir con sus obligaciones mensuales.

“Para la mayoría de los arrendadores, el arrendamiento es su actividad principal y como todo negocio necesita que este produzca para cumplir con las responsabilidades contractuales. La alargada moratoria desató un desbalance económico para este sector. Dicha carga no puede caer sobre la espalda del arrendador, el cual no cuenta con ninguna ayuda que lo sustente para confrontar la carga económica que conlleva el no recibir ingresos”, afirmó.

Defiende el desahucio

Según Alicea, algunos inquilinos —teniendo los recursos— prefieren no pagar las mensualidades, y el desahucio es el único recurso que tiene el propietario para recuperar su propiedad.

“Esta debe ser la última medida a considerar, pero es el único recurso legal con que cuenta el propietario para adquirir lo que le pertenece por derecho. Sin embargo, cada desahucio debe ser analizado de manera individual y caso a caso sobre todo en este periodo especial que le ha tocado vivir a nuestro Puerto Rico como al mundo entero”, puntualizó la arrendataria.