deuda

La pérdida de población que experimenta Puerto Rico desde hace tres años podría afectar la viabilidad económica de los acuerdos relacionados a la reestructuración de la deuda gubernamental, que vislumbran incrementos en costos y captación de impuestos como fuentes de repago.

En el pasado año, 35,000 puertorriqueños emigraron a otras jurisdicciones de Estados Unidos, reveló la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico que elabora el Negociado del Censo. Aunque el informe apunta a una reducción en la migración neta, 1% de la población se redujo en un solo año.

La población de Puerto Rico hasta el primero de julio de 2019 era de 3,193,694. El balance neto de la migración mantuvo una tendencia de entre 49,000 a 113,000 personas emigrando anualmente desde 2011 al 2018. El paso del huracán María en 2017 potenció de inmediato la pérdida del 3.9% de la población.

El economista José Alameda explicó a EL VOCERO que cónsono con la merma poblacional, se experimentará una reducción en los ingresos gubernamentales que trastocará los acuerdos alcanzados por las corporaciones públicas de la Isla y la reestructuración de los $72,000 millones en deuda del gobierno central.

“El problema radica en que le quieren pasar la factura de la deuda a los ciudadanos en un país donde el éxodo es masivo. Estos acuerdos resultan nefastos y en un futuro podría ser que el gobierno no pueda pagarlos por la merma en los ingresos y entrar en otra quiebra”, comentó Alameda.

Hasta el momento, la corte federal solo ha dado paso al plan de ajuste de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que destina el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para los acreedores. 

Otro acuerdo en la mirilla es el de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuyo repago será sufragado con un cargo de transición fijo. También se alcanzó un acuerdo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con el gobierno federal, que igualmente sufragará el repago con un aumento en la tarifa de los abonados.

Afectadas las fuentes

de repago

De acuerdo con las características socioeconómicas para Puerto Rico que reveló la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico, el 39.5% de las familias y el 43.5% de las personas que permanecen en la Isla viven bajo el umbral de pobreza. El ingreso promedio familiar fue de $25,388.

“La pobreza entre los que permanecen en la Isla sigue aumentando y más se siguen yendo. Esto tiene un efecto nefasto sobre el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y las contribuciones sobre ingresos. Mientras se quiera seguir explotando el bolsillo de los puertorriqueños —que ya no aguantan más— no tendrán éxito”, detalló Alameda.

Alameda denunció, además, que los recaudos del IVU mantendrán una tendencia negativa en los próximos años, por lo que entiende que el gobierno podría verse obligado a aumentar la tasa contributiva del impuesto y otras contribuciones para incrementar los recaudos y poder cumplir con los pagos.

Se requiere renegociación

El analista y abogado de quiebra Rolando Emmanuelli opinó que los acuerdos que se han alcanzado hasta el momento resultan insostenibles ante la precaria situación que atraviesa la Isla.

“Las proyecciones de estos pactos son muy optimistas en comparación con la realidad. La merma poblacional afecta las promesas de pago de los acuerdos alcanzados y los que están en compás de espera. Se dará la necesidad de unos acuerdos nuevos”, advirtió.

Emmanuelli recalcó que el Plan de Ajuste (POA) para la deuda constitucional se repagará en parte con lo que sobre del IVU tras cumplirse con el pago a los bonistas de Cofina. “Los bonos nuevos del gobierno central se garantizarán con los remanentes de Cofina. Todo lo que se capte con el IVU será para pagar deuda. Esto va a deteriorar la prestación de servicios esenciales”, puntualizó.

“Si hay menos gente, hay menos consumo y hay menos IVU. Esto puede resultar en un incumplimiento por parte del gobierno. Al estar todo comprometido, una baja resulta nefasta y puede dar paso a una segunda quiebra. La caída en la población es fatal para la reestructuración de la deuda”, agregó el abogado.

Más abandonarán la Isla

La firma de investigación Inteligencia Económica estimó que la crisis ocasionada por el coronavirus generará la pérdida de sobre 300,000 personas en los próximos dos años, lo que mermaría la población a 2.7 millones de personas. Esto se suma a las más de 600,000 personas que se han marchado de la Isla desde 2010 al 2019 como resultado del prologando estancamiento de la economía.

Esta merma sería mayor que la registrada a consecuencia del huracán María. En 2018, tras el embate del ciclón, 142,000 personas abandonaron el País. Esto representó una merma de 4.3% de la población respecto al año anterior, que quedó en 3,195,153 habitantes. Este es el mayor decrecimiento registrado hasta el momento.

El economista Gustavo Vélez, de Inteligencia Económica, afirmó previamente a EL VOCERO que la aguda crisis y el decrecimiento poblacional no generan un ambiente favorable para la renegociación del pago de la deuda a corto plazo.  Esto retrasará el regreso de la Isla a los mercados de capital, la salida del proceso de quiebra y prolongará la estadía de la Junta de Control Fiscal.