La jueza Swain

La jueza federal Laura Taylor Swain. >Archivo/EL VOCERO

Pese a que la Junta de Control Fiscal pretendía someter un Plan de Ajuste (POA) a la deuda constitucional previo a que culminara el año, la crisis económica y política enfrentada recientemente cambió el rumbo de las negociaciones y podría ser luego de las elecciones que se someta un nuevo acuerdo.

En un reporte de estatus enviado a la jueza federal Laura Taylor Swain, el organismo regulador indicó que ha continuado las negociaciones formales con los acreedores de deuda garantizada, pero que dada la situación que actualmente atraviesa la Isla resulta prematuro establecer un calendario para la consideración del plan.

El ente solicitó que se le otorgue hasta el próximo 25 de octubre para evaluar los supuestos del plan fiscal e informar sobre el progreso de las discusiones con el gobierno. “La junta sostiene que solo se requiere un breve respiro para completar la diligencia y discernir sobre la posible dirección de las discusiones. Específicamente, con la participación de las partes acreedoras, la junta se dará cuenta en poco tiempo si es posible alcanzar un plan de ajuste modificado”, aseguró el organismo fiscal.

Ajustado calendario

Del mismo modo, la junta afirmó que en ese “breve respiro” podrán determinar junto con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) si las elecciones generales deberá completarse antes de que eso suceda. Esto podría complicar el panorama, pues las negociaciones se darían en el marco de una nueva junta —con otras visiones fiscales— y un nuevo gobierno que podría ser menos colaborador.

“Los calendarios políticos y legislativos, incluido el proceso electoral en curso y el cierre de las sesiones legislativas, afectan el tiempo asociado con la recepción de la aprobación del gobierno y la obtención de la aprobación legislativa para la emisión de deuda de conformidad con un plan de ajuste, cuya aprobación se considera deseable por su impacto en el valor de negociación de la deuda”, enfatizó el ente.

En febrero de este año, la junta logró el respaldo del 58% de los acreedores de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), lo que dio paso a la radicación de un nuevo POA. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 recrudeció la crisis económica y mantiene latente la necesidad de una negociación menos onerosa.

El POA actual busca reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones, lo que de aprobarse representaría un recorte de 70%. Además, disminuiría el servicio de la deuda más cuantiosa del gobierno en $5,000 millones adicionales y acortaría el periodo de repago a 20 años.

Asimismo, el plan promueve una reducción promedio de 29% para los tenedores de bonos GO y de 23% para los tenedores de bonos de AEP. Estos recibirán $10,700 millones en deuda nueva, la mitad en bonos GO y la otra mitad en bonos junior de gravámenes de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).