Construcción

El presidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América (Agcpr), Umberto Donato, exhortó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a flexibilizar el alcance de la orden ejecutiva que establece el periodo de cuarentena para permitir que la cadena de distribución y servicios de la construcción pueda operar.

La orden ejecutiva 2020-023 —decretada hace poco menos de dos semanas para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19) en la Isla— permite que los hospitales, laboratorios, supermercados, bancos, farmacias y gasolineras puedan permanecer abiertos durante su vigencia.

Empero, Donato afirmó que están desprovistos del mantenimiento y la reparación de su infraestructura, así como de la construcción o el arreglo de las instalaciones. “Al no permitirse que la industria de la construcción ejecute su trabajo, se está limitando la capacidad del gobierno a responder efectivamente a la emergencia”, señaló.

El presidente de Agcpr enfatizó, además, que los empleados de la construcción ofrecen servicios críticos de mantenimiento, reparación y mejoras a la infraestructura pública y estructuras privadas, que incluyen hospitales, puentes, carreteras, agua potable y electricidad. “La paralización de estas labores podría ocasionar una crisis mayor”, sostuvo.

“El virus va a seguir a largo plazo y hay que ir adaptándose a esa realidad para operar bajo estrictas medidas de seguridad y evitar que en la encomiable decisión de proteger al pueblo no se termine haciéndole un daño mayor destruyendo los negocios y la economía del País”, agregó Donato.

Donato puntualizó que en momentos en que los hospitales son críticos para el manejo eficiente de la pandemia, no se está permitiendo que se atiendan los problemas que puedan enfrentar en el proceso. “Nosotros somos parte de esa base de soporte que necesitan. Si tienen un problema eléctrico hay que resolverlo para asegurar la vida de esos pacientes. Esto va para largo y necesitarán también desarrollar infraestructura nueva”, comentó.

“Estamos abogando para que haya un balance entre los factores importantes de salud con los valores económicos. Es necesario liberar ciertas áreas de la construcción para que los que estén exentos puedan operar correctamente. De acuerdo con los niveles de contagio, se pueden ir liberando los sectores poco a poco”, agregó el ejecutivo.

Más de 30 mil empleados sin trabajo

Según señaló, aproximadamente un 75% de los 44 mil empleos directos que genera la construcción en la Isla están sin trabajo, lo que además de detener la industria, pone una carga mayor sobre el gobierno. No obstante, aunque indicó que se puede ir liberando a los empleados escalonadamente, enfatizó que para lograrlo es necesario medir los niveles y métricas de contagio.

“Si tenemos un contagio de menos de .05 significa que estamos bien y que se puede echar un poquito más de gente a la calle. Tenemos a 35 mil empleados directos en sus casas y cuando hablamos de los indirectos son cientos de miles los afectados. Si se flexibiliza, se podría iniciar con los proyectos al aire libre e incentivar esos bolsillos”, mencionó.

Asimismo, Donato dejó claro que existen guías de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) y de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, en inglés) para que se puedan ir integrando empleados a la fuerza laboral de manera segura y sin riesgo de contagio.