Cannabis

La Cámara de Representantes federal estará votando este mes sobre la medida con la que se persigue eliminar al cannabis de la lista de sustancias controladas. >Suministrada

Ante la posibilidad de que el gobierno federal elimine al cannabis de la lista de sustancias controladas, representantes de la industria local del cannabis medicinal sostienen que la medida podría representar una sustancial bonanza para Puerto Rico y permitir un mayor desarrollo del sector.

EL VOCERO había publicado que la falta de un esquema legislativo federal que reconociera al cannabis como una industria bonafide, así como la privación de acceso a capital y a la banca, había frenado su expansión en la Isla. Esto podría cambiar con el Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement (MORE).

La Cámara de Representantes federal estará votando este mes sobre la medida con la que se persigue eliminar antecedentes penales por posesión de cannabis, otorgar subvenciones a las personas afectadas por la aplicación de las leyes actuales, imponer un impuesto del 5% sobre los productos y permitir que proveedores tengan acceso a préstamos de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).

Marni Meistrell, propietaria de la empresa de manufactura y cultivo Tropizen, aseguró que a nivel local la medida representará un aumento en los recaudos del gobierno por impuestos sobre la venta, la creación de más empleos, mayor investigación clínica, un aumento en la producción de plantas y que las aseguradoras acepten cubrir el tratamiento.

Actualmente, según información de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal, existen más de 101,600 pacientes licenciados y se han concedido 141 licencias para el establecimiento de dispensarios y 36 para cultivo. No obstante, se estima que en la Isla existen más de 200,000 usuarios de marihuana.

“Despenalizar el cannabis, además de que pondrá el medicamento a disposición de más personas, aumentará la cantidad de empleos que generamos y tendrá beneficios financieros para ambas partes. Esta es una de las pocas industrias con oportunidad de crecimiento y cuyas ganancias se reinvierten en la economía local, por lo que la medida, bien implementada, podrá ser beneficiosa", mencionó Meistrell. 

La empresaria aseguró, además, que mediante la creación de productos relacionados al cannabis se contribuye al desarrollo económico de la agroindustria local, mientras les provee a los pacientes nuevas alternativas para integrar el cannabis en su estilo de vida diario. 

“Todos los productos que utilizamos son cosechados en Puerto Rico. Estamos comprometidos con promover y desarrollar la producción agrícola en la Isla a través de alianzas estratégicas. Hemos hecho una contribución multimillonaria en la economía invirtiendo en nuestras operaciones y nuestros empleados. Actualmente generamos unos 20 empleos directos y esperamos llegar a 50 para finales de año”, agregó Meistrell.

De acuerdo con un informe de la Revista Puertorriqueña de Medicina y Salud Pública, la legalización en Puerto Rico podría dar paso a un ahorro presupuestario en el gasto gubernamental relacionado a la prohibición de la droga, que asciende a sobre $5,000 millones en la última década y un gasto anual promedio de $500 millones. El gobierno podría recaudar entre $50 millones a $100 millones por arbitrios al consumo de cannabis.

“Se gastan miles de millones de dólares en recrudecer las leyes que prohíben la marihuana que podrían destinarse a otras causas más justas. Las grandes ciudades que han descriminalizado la marihuana han visto una merma en los menores que la consumen y se han beneficiado del dinero que les sobra”, agregó Meinstrell.

La propietaria de Tropizen detalló también que Puerto Rico tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en un centro de producción de cannabis para Estados Unidos y exportar el producto a otras jurisdicciones. No obstante, indicó que para lograrlo es necesario aumentar la cantidad de cultivos existentes en la Isla.

“Puerto Rico tiene todas las condiciones climatológicas para ser el centro de la producción del cannabis, pero todas estas reglamentaciones federales impiden que se exporte el producto porque no se considera como un producto legal que se pueda comercializar. Tenemos mayor variedad de productos que otras jurisdicciones como Florida y es más fácil establecerse aquí en la Isla”, puntualizó Meinstrell.

Por otra parte, el economista José Joaquín Villamil, de Estudios Técnicos, comentó a EL VOCERO que la despenalización del cannabis podría ser una estrategia beneficiosa para Puerto Rico si se aumenta la producción, en lugar de importarlo de Estados Unidos, donde hasta el momento está prohibido. “Si el material es importado, el impacto sería casi ninguno”, agregó.

Asimismo, Villamil opinó que aun si se aprueba la medida y Puerto Rico puede aumentar su captación del cannabis “lo generado no será suficiente para mejorar la economía. Esto será un sector económico más. Su impacto no se asemejará al del turismo o al de otros segmentos de la manufactura”, puntualizó.