Economía

El periodo para solicitar moratoria bajo la ley Cares vence en marzo próximo. >Archivo/EL VOCERO

A medida que se extiende la reapertura comercial de los sectores económicos en medio de la pandemia de Covid-19, más personas en Puerto Rico tienen capacidad de poder cumplir con las obligaciones financieras mensuales, lo que los conduce a salirse del proceso de moratorias bancarias.

Según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), de abril hasta septiembre se habían aprobado 523,276 moratorias, que representan $23 mil millones en manos de los consumidores. Sin embargo, durante el último trimestre, de ese total solo se radicaron 173,419 moratorias, equivalente a 50.4% menos que en el trimestre anterior.

Las razones, según Carlos Rivas, vicepresidente senior de la Administración de Hipotecas del Banco Popular, responden a tres áreas en particular: la utilización de recursos propios —tras la llegada de ayudas económicas federales— para ponerse al día en los pagos, el regreso a los trabajos y acuerdos a los que han llegado con los bancos, siendo la principal alternativa el mover los pagos en atraso para el final del préstamo.

Rivas aclaró que aunque el proceso para acogerse a moratoria —a través de la ley federal Cares— estará activo hasta marzo de 2021, la opción de mover los pagos para el final del préstamo en muchos de ellos ya no está vigente. “Esta opción no es una universal. Dependiendo del inversionista —el dueño del préstamo— es la oportunidad de disponibilidad de la opción. Por eso recomendamos a todos los clientes que dialoguen con sus bancos para conocer cómo trabaja su préstamo según el inversionista al que pertenezca”, añadió.

Respecto al nivel de atraso en las hipotecas de Banco Popular por concepto de moratoria, explicó que el pico lo experimentaron en mayo, pero en la actualidad se ve una mejora de un 80% del deterioro que experimentaron. En torno a los que están acogiéndose ahora, sostuvo que se trata de personas que ya han agotado las ayudas económicas brindadas, no han recuperado sus empleos o extendieron el proceso hasta que agotaron sus recursos personales. “Se trata de personas que trataron de cumplir lo más que pudieron. No todas las personas han sido impactadas de la misma manera”, afirmó Rivas.

Al compararse los datos de las moratorias bajo el Covid-19 contra las del huracán María, se evidencia —a través de los datos de OCIF— que en esta ocasión se han aprobado 523,843 moratorias versus 980,092 cuando María, equivalente a una reducción de 47%.

Sin embargo, aunque para María fueron más las moratorias, el monto total es inferior al registrado bajo la crisis del Covid-19, en unos $400 millones, sin finalizar todavía el periodo de cierre para acogerse al proceso.

La razón, según explicó Zoimé Álvarez Rubio, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR), es que bajo el Covid-19 el alza en moratorias más significativo lo registró el segmento de préstamos comerciales, el cual bajo María registró 53 moratorias y durante la pandemia ya va por 10,141 moratorias, para un total de $7.1 mil millones. “Se trata de préstamos más cuantiosos. Cuando hablamos de las hipotecas —que suele ser el número mayor— son préstamos que promedian entre los $120,000 a $135,000. Pero cuando se habla de préstamos comerciales son cuantías muy superiores, que varían mucho entre ellas”, explicó.

Por renglones, según las estadísticas de OCIF, la mayoría de las moratorias por Covid-19 se han aprobado en autos, para un total de 151,961, seguido de cerca por los préstamos personales con 147,510. En tercer lugar se ubican las moratorias hipotecarias con 98,678, las tarjetas de crédito con 89,303, el ‘leasing’ con 18,250 y los comerciales con 10,141, entre otros. En cuantía, la cabecera la ocupan las moratorias hipotecarias con $11 mil millones, seguido por las comerciales con $7.1 mil millones.

Esta tendencia fue adjudicada por Álvarez Rubio a que en esta ocasión no hubo destrucción de la infraestructura, por lo que las ayudas recibidas, el dinero ahorrado o el dinero de la hipoteca y otras responsabilidades no tuvo que ser utilizado para arreglar las propiedades. A ello sumó que los empleados públicos se han mantenido cobrando. Agregó que por tratarse de una situación a nivel mundial, las ayudas fueron mayores y llegaron con mayor prontitud.

No obstante, apuntó a que el efecto en la parte comercial se disparó porque es el segmento que se ha mantenido cerrado por más tiempo y sin recibir ingresos.

reportera