Juez

El presupuesto para el próximo año fiscal presentado por la Junta de Control Fiscal podría complicar el acceso a la justicia al recortar fondos a la Rama Judicial y a seis entidades de la Rama Ejecutiva vinculadas a la defensa de los derechos, según la organización Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR).

Ariadna Godreau, directora ejecutiva de ALPR, explicó que el presupuesto sometido por el organismo regulador a la Asamblea Legislativa —y que hace eco en la propuesta presupuestaria del gobernador Pedro Pierluisi— restringe el acceso a la justicia, por lo que instó a que se elabore una propuesta con perspectiva de derechos humanos.

“El gobierno tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, lo que requiere que el Estado no restrinja este derecho y le obliga a organizar el aparato institucional de manera tal que todas las personas puedan acceder a los mecanismos judiciales y otros necesarios para reclamar derechos fundamentales”, aseguró Godreau.

Por su parte, Frances Vega Carrasquillo, directora de la división de política pública de la organización, sostuvo que le preocupa el efecto negativo que podría tener el presupuesto recomendado para las procuradurías de las Mujeres, del Paciente, de las Personas de Edad Avanzada y del Ciudadano, así como para la Defensoría de Personas con Impedimentos y la Comisión de Derechos Civiles (CDC).

Sin dinero las procuradurías

Godreau sostuvo que las cuatro procuradurías, la defensoría y la CDC ofrecen servicios de acceso a los remedios y la defensa de las garantías básicas, por lo que entiende que “el impacto fiscal a estas oficinas constituye una barrera tanto en el alcance de servicios esenciales como en la defensa de derechos y acceso a remedios”.

Godreau explicó que los recortes presupuestarios previos a la Rama Judicial provocaron la postergación de la expansión de múltiples programas de acceso a la justicia, así como la implementación de severas medidas de reducción y control de gastos.

Entiende que esta rama de gobierno no aguanta más reducciones. “Estos recortes provocaron el cierre de tribunales, muchos de estos localizados en los municipios más pobres del país”, puntualizó Godreau.

Exigen perspectiva de género

Sostuvo, además, que el presupuesto recomendado para la Oficina de la Procuradora de las Mujeres no detalla las partidas que son necesarias para garantizar la implementación efectiva de las medidas dispuestas en la orden ejecutiva emitida por el gobernador que declara el estado de emergencia por violencia de género. Subrayó la importancia y la necesidad de un presupuesto con perspectiva de género.

Sobre ese particular reaccionó también Vega, quien explicó que el presupuesto gubernamental refleja las prioridades del gobierno, por lo que debe ser sensible a las necesidades de las poblaciones históricamente vulnerables. “Particularmente cuando se trata de una población afectada por una violencia tan arraigada a la cultura —en donde se desarrolla— como lo es la violencia de género”, apuntó.

Enfatizó que un presupuesto con perspectiva de género ayudaría a que se distinga entre las necesidades de bienes y servicios públicos requeridos por las mujeres y que se ajuste a lo requerido para que la prestación de servicios sea equitativa.Efectos de la austeridad

En relación a la Oficina del Procurador del Paciente, Godreau detalló que los recortes presupuestarios que ha experimentado han incidido en su capacidad para contratar personal y en la calidad de los servicios que provee, “al punto de que el 80% de sus puestos autorizados permanecen vacantes y opera con 24 empleadas”.