quiebra

Hemos dejado atrás el nefasto 2020, que nos puso a prueba y nos hizo más fuertes para comenzar el largo camino de la recuperación económica. Con un optimismo cauteloso, recibimos el 2021, deseosos de que sea mejor que los pasados doce meses y el destino nos vuelva a sonreír.

También, el pasado sábado estrenamos un nuevo gobierno, diverso y representativo de diversas fuerzas ideológicas y visiones de mundo, que tendrá la histórica tarea de sacarnos de la quiebra y crear las condiciones para la recuperación económica.

El objetivo principal del nuevo gobierno y la Junta de Control Fiscal (JCF), es lograr los acuerdos necesarios con los acreedores del gobierno de Puerto Rico para superar la quiebra, uno de los capítulos más obscuros de nuestra historia moderna. Desde el 2016, las finanzas públicas de Isla son gerenciadas y supervisadas por un ente externo que nombró el Congreso de los Estados Unidos.

Acogernos a la quiebra creada por el marco legal creado por la Ley Federal conocida como PROMESA fue la única opción para evitar un colapso fiscal y económica ante la insolvencia del gobierno local. Desde el 2016, Puerto Rico no paga un solo centavo de sus $70,000 millones en deuda pública, que ha permitido pagar la nómina gubernamental, los servicios esenciales y las pensiones de los retirados.

Sin embargo, la quiebra habilitada por PROMESA no es eterna y ha tenido altísimos costos para los puertorriqueños que se estima en cerca de $600 millones. La insolvencia y la quiebra ha afectado la credibilidad de Puerto Rico en los mercados financieros y en la comunidad internacional de negocios. El buen nombre de la Isla está en serios cuestionamientos mientras el gobierno esté sometido al tutelaje financiero de la JCF y no comience a pagar su deuda.

La falta de acceso al mercado de capital ha impedido que el gobierno acceda a dinero nuevo para mejorar las carreteras, modernizar el sistema de energía, dragar los embalses, y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En fin, la quiebra no es algo abstracto y lejano, sino que es un problema que toca de cerca a cada ciudadano.

En febrero 11, ocurrirá una importante vista ante la juez Taylor Swain, que supervisa el proceso de la quiebra del gobierno. Se supone que por fin quede estipulado el plan de ajuste que definirá cuanto Puerto Rico podrá pagar a los acreedores, y las condiciones para salir de la quiebra. Contrario a la percepción pública, la JCF quiere introducir fuertes recortes a la deuda, cercanos al 70% para que este y los gobiernos subsiguientes junto con el sector privado, pueda guiarnos fuera de la quiebra y crear las condiciones para reactivar la economía.

De cara al nuevo año y la entrada a la nueva década, debemos comenzar con el pie derecho y actuar acorde a los tiempos, para sacar a Puerto Rico del estancamiento económico y social que comenzó por allá por el 2006. No hay tiempo para perder.

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