desalojo

De cara a la emisión de una nueva orden ejecutiva con motivo de la pandemia provocada por el Covid-19, la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced incorporar un mandato de política pública que prohíba los desalojo de personas hasta que culmine el estado de emergencia provocado por la pandemia.

Acorde con la abogada Ariadna Michelle Godreau-Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la orden debe incluir el cumplimiento con la moratoria en los desahucios, ejecuciones de hipoteca y otras protecciones aplicables al techo tanto en los alquileres como en las hipotecas.

La letrada sostuvo que en favor de aquellas personas que dependen del pago de los cánones de renta para recibir ingresos o pagar sus hipotecas, la orden debe integrar un mandato claro al Departamento de la Vivienda y una exhortación a los municipios a que utilicen los fondos del Cares Act para promover subsidios de renta e hipoteca, ya que esos fondos deben ser utilizados antes del 31 de diciembre o se pierden. Actualmente, municipios como Bayamón, Canóvanas, Ponce y Caguas ya se han movido en esta dirección.

Godreau fue enfática en que ante la crisis salubrista y económica que vive el País, la defensa de la vivienda cobra mayor relevancia.

Según los datos provistos por Godreau procedentes del sistema estadístico de la Rama Judicial, entre el 28 de diciembre del 2019 —fecha del primer terremoto que azotó el suroeste de Puerto Rico— y el final de octubre de este año se han presentado más de 978 nuevas demandas de ejecución hipotecaria.

Este año se han ejecutado más de 719 propiedades residenciales, cifra que le preocupa porque los tribunales casi no están viendo vistas de lanzamiento (la última parte para sacar a las personas de sus casas). Igualmente, a Godreau le preocupa que para diciembre culmina el periodo de gracia que ofrecen las moratorias, las cuales hasta el pasado mes, de acuerdo con las estadísticas de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), ascendían a 98,000.

“Es hora de poner a correr el dinero del Cares Act. El que no paga su hipoteca o alquiler no es porque no quiere pagar, sino porque no puede pagar. El puertorriqueño lo último que deja de pagar es la casa. Antes deja de pagar medicinas, educación y hasta comida. Sienten vergüenza y hasta culpa, por lo que activamente buscan medidas para no perder su hogar”, afirmó la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, en momentos en que reafirma que el tema de la vivienda y el desalojo es un problema de salud pública.

Para la abogada, es imperativo que se les suministren estadísticas que evidencien el porcentaje de reincidencia en moratorias o procesos de mitigación de pérdidas. Acentuó que tampoco hay datos de cuántos se recuperan de tales procesos, lo que entiende no permite tener un cuadro claro de los sectores más afectados, la edad y si se trata de hombres o mujeres.

Desde la cuarentena por el Covid-19 se han presentado 131 demandas de ejecución de hipotecas, de las cuales 32 eran

inversas o ‘reverse mortgage’, lo que supone que los afectados son personas mayores de 62 años, sector que Godreau entiende es de los más afectados, al igual que los hogares dirigidos por mujeres.

Godreau sostuvo que las órdenes y acciones recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) son evidencia de cómo el poder ejecutivo puede actuar para frenar el desalojo, pues empeorará la crisis del Covid-19.

“No hay duda que la vivienda es un asunto de salud pública. Los estados y jurisdicciones tienen el poder de ampliar esta moratoria desde el Ejecutivo. En Ayuda Legal Puerto Rico siempre estamos en la disposición de trabajar para promover acceso a la justicia y vivienda digna”, afirmó.

Ejecuciones hipotecarias

Las estadísticas de la OCIF revelan que las ejecuciones hipotecarias acumuladas —hasta los datos más recientes del 31 de agosto de 2020— alcanzaron la cifra de 11,890, versus el total de 14,126 para agosto de 2019. Esto equivale a una caída de 19%, baja que responde a las moratorias por Covid-19 y a los casos detenidos en los tribunales del País, ya que la ejecución de productos hipotecarios garantizados por el gobierno federal está detenida hasta el 31 de diciembre de 2020.

Según el reporte de la OCIF, para finales de agosto de 2020 había 353,976 casos activos de ejecución hipotecaria y una delincuencia de 20.15%. De dichos datos se desprende, además, que en 2016 se ejecutaron 5,554 propiedades, en 2017 se registró una reducción a 4,639, tendencia a la baja que siguió en 2018 con un total de 3,135. Luego de esta disminución, en 2019 se reportó una nueva alza en los casos, situándose en los 4,117.

De la Resolución del Senado 1230 se desprende que en la década comprendida entre los años 2008 al 2018 se ejecutaron en la Isla 40,763 propiedades.

reportera