El recrudecimiento de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico como resultado del coronavirus ha puesto en jaque los acuerdos alcanzados para reestructurar la deuda pública, por lo que una moratoria en los pagos a los acreedores podría evitar un trastoque adicional a la maltrecha situación del País.

De acuerdo con Daniel Santamaría Ots, economista y analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos (EA), es necesario que en el año fiscal 2020-2021 se destinen los recursos del gobierno —además de los fondos federales para atender la crisis— para robustecer la económica de la Isla.

A tales efectos, Santamaría detalló que distintos grupos de acreedores del sector privado —así como gobiernos y organizaciones multilaterales a nivel mundial— están impulsado medidas de alivio al pago de las deudas, como respuesta a los estragos ocasionados por la propagación del virus y entiende que deben ser consideradas en Puerto Rico.

“Los paquetes de estímulo fiscal y de política monetaria se están combinando con moratorias en el pago de las deudas públicas que provean el espacio fiscal necesario para atender la crisis del Covid-19. Puerto Rico necesita una moratoria que no empeore todavía más la situación del Fondo General y poner fin a las políticas de austeridad que tanto están perjudicando a la economía”, señaló el experto.

Ante el nuevo y complicado escenario, Santamaría enfatizó que la única manera de alcanzar la sostenibilidad de la deuda pública es con la integración de un plan macroeconómico eficiente y con la actualización de los estados financieros auditados del gobierno. “Esto nos permitiría afrontar con garantías el futuro acceso a los mercados de capital”, indicó.

Santamaría sostuvo, además, que tomar acciones contundentes para atajar la crisis es aún más importante cuando el nuevo plan fiscal del gobierno establece que la actual crisis presenta un escenario de riesgo sin precedente para Puerto Rico y apunta a pagos insostenibles de la deuda pública.

“El nuevo plan fiscal presenta unas proyecciones de caída del Producto Nacional Bruto (PNB) real de -3.8% para el año fiscal 2020 y de -7.8% para el año fiscal 2021. Además, según señala, una vez implementadas las reformas estructurales y las medidas de austeridad, se presentarán déficits fiscales primarios tan pronto como el año 2030, en lugar del 2039, tal y como se había proyectado en el plan fiscal de febrero de 2020”, enfatizó el economista.

Ante la proyección, Santamaría insiste en que los acuerdos alcanzados y los que se están negociando son insostenibles. La situación había sido anticipada por EA en 2018, cuando presentó un análisis de sustentabilidad de deuda en el que se establecía que el gobierno no puede asumir una deuda superior a $14,000 millones.

Pese a las estimaciones, la reestructuración de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) —bajo el Título III de la ley Promesa — concluyó con un balance de deuda final de $12,020 millones y la del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) —bajo el Título VI— terminó con un balance de deuda final ascendente a $2,598 millones.

 “El próximo paso debe ser el reconocimiento tácito de la imposibilidad del pago de la deuda ante la situación de la pandemia mediante una moratoria de al menos un año, la eliminación de las políticas de austeridad, encaminar una reestructuración con un análisis de sostenibilidad de la deuda que incluya los efectos del coronavirus, impulsar un plan macroeconómico y actualizar los estados financieros auditados”, dijo Santamaría.