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A pesar de que la Junta de Control Fiscal proyectaba que la discusión del plan de ajuste (POA, en inglés) para la deuda de $35,000 millones del gobierno central pudiera comenzar en junio, la jueza federal de distrito, Laura Taylor Swain, ordenó modificar el calendario propuesto para la evaluación y aprobación del documento ante los retrasos del ente en someterlo.

A principios de marzo, el organismo regulador radicó un tercer POA para la deuda gubernamental, pero tras dos días, el equipo legal de la junta informó a la jueza Swain que radicarían un cuarto documento enmendado. El nuevo acuerdo estaba supuesto a presentarse el pasado 2 de abril, pero su radicación ha sido retrasada en múltiples ocasiones.

Aunque la junta había informado en una comunicación escrita que extendería la radicación para el 30 de abril, el abogado del ente, Brian Rosen, sostuvo en una audiencia celebrada ayer que el organismo regulador se mantiene en mediación con las partes involucradas -principalmente con las aseguradoras Assured Guaranty y National Public Finance-, por lo que estimaba que “a más tardar” podrían estar radicando el plan el 18 de mayo.

Swain respondió que, si el ente deseaba comenzar la discusión de la reestructuración en junio, el POA debía ser radicado en o antes del 4 de mayo. “La corte tiene muchas cosas corriendo al mismo tiempo, por lo que, si necesitan más tiempo para someter el plan de ajuste, necesitarán buscar otra fecha más lejana para la audiencia…”, comentó.

Ante esto, Swain dictaminó que el calendario de reuniones informativas y audiencias se modificará y que será informado próximamente. La jueza explicó que, una vez sometida la declaración de divulgación, el tribunal necesita 7 días para avisar a las partes que, a su vez, tendrán 28 días para someter su oposición.

La determinación de la jueza podría retrasar las proyecciones de la junta fiscal para salir de la quiebra antes de que culmine este año. A pesar de las dilaciones, el organismo fiscal estimaba que la fecha límite para que se aprobara o denegara el plan de ajuste sería el próximo 15 de diciembre. Este documento reestructuraría la deuda más cuantiosa que mantiene el gobierno central.

Por otro lado, Swain también discutió en la audiencia la moción del gobierno para que los gastos relacionados a la concesión del sistema eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica al consorcio LUMA Energy procedan como gastos administrativos. Esta es la segunda petición que se realiza a la jueza. La primera -de $136 millones relacionados al proceso de transición- fue aprobada. No obstante, en esta ocasión, la jueza determinó reservarse el fallo.