Comercios

El retroceso a la fase de apertura de 30% en los negocios ante la emergencia salubrista del Covid-19 que ubica a la Isla en código naranja de riesgo sustancial, provocó que representantes del sector económico solicitaran a la gobernadora Wanda Vázquez que reconsidere la determinación o que la extienda por solo dos semanas para evitar que haya impacto negativo en el desarrollo económico del País.

Portavoces comerciales consultados por EL VOCERO aseguran que la nueva restricción a la capacidad de los negocios podría representar la desaparición de miles de establecimientos, a la misma vez que desalienta el consumo en el comercio local y amplía el patrocinio de las compras por internet, dinero que no entrará a las arcas locales.

Asimismo, catalogaron las restricciones como un acto de injusticia, y aseguraron que el sector privado ha estado cumpliendo con los protocolos establecidos, en los cuales han invertido decenas de miles de dólares.

El presidente Centro Unido de Detallistas (CUD), Jesús E. Vázquez Rivera, tronó contra la nueva orden ejecutiva, la cual entiende discrimina nuevamente contra más de 15,000 pequeñas y medianas empresas (pymes).

“Hace tres semanas denunciamos que el resultado de todas las campañas políticas y el proceso eleccionario iba a traer un alza en los casos de Covid-19 —y así mismo sucedió— y ahora el gran perdedor es la economía puertorriqueña. Se ha demostrado por estudios que el contagio no se propaga en los negocios, y sí en las actividades familiares y eventos multitudinarios como lo fueron las elecciones”, indicó.

“No entendemos por qué se discrimina contra este grupo de empresarios, que de por sí ya ha pasado por un verdadero viacrucis en esta pandemia”, expresó el presidente del CUD.

Recalcó que las pymes ya se estaban recuperando poco a poco de los meses en que estuvieron cerradas para que ahora se vuelva a limitar sus servicios. “No podemos permitir esto. Los pequeños y medianos empresarios hasta se han endeudado para poder cumplir con las medidas de salubridad en esta pandemia. No hay razón para que se nos impongan más restricciones”, insistió Vázquez Rivera.

Agregó que solicitará una reunión con la gobernadora y el secretario de Salud, Lorenzo González, para buscar de inmediato una solución que sea de beneficio para todos.

Pagan justos por pecadores

Por su parte Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (Acdet), entiende que ante el problema sanitario pagan justos por pecadores. Enfatizó que esta determinación representa un desafío adicional, y coincidió en que desalienta el consumo local y promueve la compra por internet.

“Es una derrota al desarrollo económico. Siempre hay espacio para mejorar, pero los comercios hemos hecho mucho más de lo exigido. Me parece injusta la determinación y va a ser muy difícil poder operar bajo estas condiciones”, sostuvo.

Indicó que es el peor momento para la determinación anunciada por la gobernadora, porque frena el comercio en su momento de mayor tráfico.

De ello se hizo eco Adolfo “Tito” González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP). Expuso que reducir la capacidad de un 55% a un 30% a los comercios en este momento y por un período de cuatro semanas, va a tener un efecto catastrófico en la temporada más importante del año, sin realmente tener un efecto significativo en el control del virus.

“Si los gimnasios y casinos pueden funcionar a un 30% de capacidad —operaciones que por su naturaleza son de mucho mayor riesgo que las de visitar un comercio o un centro comercial— lo razonable debe ser mantener el nivel de los comercios en niveles mayores”, señaló.

Enfatizó que se debe tomar en cuenta que en los centros comerciales continúan llevando a cabo un programa de vigilancia colaborativa que considera exitoso. “Esperamos que la fiscalización y educación por parte del Estado, combinado con lo más importante, la colaboración de toda la ciudadanía, sean contundentes en disminuir los niveles de contagio para que no tengan que seguir pagando justos por pecadores”, acotó.

Sobre este particular, Emilio Colón Zavala, portavoz del sector privado en la Comisión Asesora de Asuntos Económicos, coincidió en que la situación no pinta bien para el sector comercial del País. “El impacto está por verse. En plena Navidad, reducir la capacidad comercial abre las puertas al comercio digital, dinero que no se queda aquí”, enfatizó.

Insistió en la necesidad de que la administración de los hospitales también cumpla, ya que presuntamente en ocho meses de pandemia no han aumentado una sola cama para atender la emergencia.

Golpe a actividad turística

De otro lado Joaquín Bolívar III, presidente electo de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Ahtpr), calificó de lamentable la imposición de restricciones a la actividad turística en la Isla, cuando entiende que se ha probado que han sido responsables con los protocolos establecidos por la Compañía de Turismo.

“Nuestro mensaje ha sido claro desde el principio de esta emergencia: el negocio que no esté en cumplimiento se debe multar y cerrar”, indicó.

Apuntó que limitar el uso de las playas afecta grandemente uno de los atractivos principales de la Isla como destino turístico, lo que provocará otra baja en la reserva de hoteles. A lo anterior sumó que limitar a un 30% la capacidad de los restaurantes agravará la situación económica de estos comerciantes.

Gadiel Lebrón, director ejecutivo de la Asociación de Restaurantes (Asore), sostiene que la nueva orden ejecutiva coloca al sector en un punto muy complicado. “La situación de los restaurantes es una muy crítica, donde muchos ya están operando con una reducción en ventas de 50%. La noticia de hoy (ayer) es un golpe adicional, que entendemos provocará muchos cierres”, estimó.

Portavoces del sector comercial insisten en que se están tomando decisiones sin la base científica adecuada, y en que no se pueden atribuir focos de contagio con Covid-19 a los componentes de la actividad turística, comercial o gastronómica, mientras los datos siguen apuntando al contagio comunitario, a las reuniones familiares en residencias y a los alojamientos a corto plazo.

Mientras en renglones comerciales como los cines, gimnasios y casinos, se espera que no se produzcan cambios con la nueva orden ejecutiva, ya que han estado operando bajo el margen del 30% de ocupación.

reportera