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Reducir a cinco años el término para que las personas que fueron residentes bonafides en Puerto Rico puedan regresar y sean elegibles a los beneficios de la Ley 22, así como establecer el mínimo de inversión y de empleos que deben crear, son algunas de las enmiendas propuestas por representantes del sector privado, quienes no avalan la derogación de las leyes de incentivos 20 y 22, aglomeradas bajo la Ley 60 del Código de Incentivos de Puerto Rico del 1ro de julio de 2019.

La Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, ha estado celebrando vistas públicas sobre los Proyectos 40 y 284 del Senado, que proponen derogar la Ley 20-2012 —para Fomentar la Exportación de Servicios— y la Ley 22-2012 —para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico.

Alfredo Martínez, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), durante su ponencia propuso que en la Ley 22 se establezca un valor mínimo de inversión en vivienda y se acorte el término de un año —desde la concesión del decreto— para que el individuo adquiera la propiedad.

Martínez expuso su oposición a la derogación de las leyes porque entiende que se pueden mejorar para hacerlas más efectivas.

‘‘Entendemos meritorio que se haga un análisis separado e individual para estas leyes, porque persiguen fines distintos. La Ley 20 ha sido un mecanismo efectivo para incentivar la exportación de servicios de muchas empresas locales, que han aumentado su generación de empleos y actividad económica’’, explicó Martínez.

Agregó que han visto cómo firmas de ingeniería, arquitectura y otros servicios profesionales especializados, han podido expandir las operaciones y aumentar la producción, exportando sus servicios y acogiéndose a dicho estatuto.

El presidente de la ACPR señaló también que la Ley 22 ha logrado atraer a Puerto Rico inversión de capital que —de no haber sido por el apoyo de dichos incentivos— probablemente no se hubiera materializado. No obstante, resaltó la importancia de la fiscalización para que estas leyes sean exitosas.

‘‘El proceso de fiscalización no puede ser completado con la mera radicación de informes anuales. Debe haber un proceso específico y efectivo para constatar y acreditar que el inversionista está cumpliendo con los requisitos aplicables a su decreto. Otro elemento que entendemos pertinente es la inclusión de una norma general para que ningún inversionista acogido a dicha Ley, sea elegible para otros beneficios contributivos de otras leyes especiales’’, propuso el ejecutivo.

Otra propuesta presentada por Martínez es que la actividad económica que realice el individuo que se traslada a Puerto Rico genere empleos.

En torno a la Ley 20, afirmó que el decreto tiene que estar atado a que el inversionista genere una actividad económica importante en la Isla, que pueda ser cuantificable y que guarde relación con el beneficio contributivo que se le está dando.

“Favorecemos que se establezca como condición para recibir y para mantenerse un decreto bajo el Código de Incentivos, que el individuo no resulte convicto de un delito grave en ninguna jurisdicción estatal o federal de los Estados Unidos y que tal convicción sea motivo para la revocación automática de los beneficios concedidos por la Ley’’, resaltó.

Por su parte, Carlos M. Rodríguez, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR), aseguró que la Ley 20 es parte del programa industrial de Puerto Rico y que muchas operaciones en la Isla se complementan con estos incentivos, en sectores como la contabilidad y las finanzas que ofrecen servicios especializados para operaciones globales.

‘‘Pretender derogar un componente importante del programa industrial de Puerto Rico, muestra pleno desconocimiento del historial e importancia de las leyes 20 y 22. El P. del S. 40 no aporta cosa alguna para el beneficio de la ciudadanía’’, sentenció Rodríguez.

Resaltó la importancia de no cambiar los acuerdos vigentes para no afectar la imagen de Puerto Rico ante los inversionistas extranjeros.

Expuso que cualquier cambio o enmienda a la Ley 20 como a la Ley 22, debe ser a largo plazo y de aplicación prospectiva. “No se puede examinar el asunto como una mera derogación. Debe tenerse presente que hay decretos bajo estas leyes que quedarán vigentes por su duración. Deberán evaluar si los cambios a las distintas leyes de incentivos tienen algún impacto fiscal y si los cambios al marco legal de los incentivos en nuestra jurisdicción inciden sobre el costo de hacer negocios en Puerto Rico’’, señaló Rodríguez.

En tanto, el profesor y economista, José Caraballo Cueto, expuso que el impacto económico de las Leyes 20 y 22 es positivo, y que tampoco está de acuerdo con eliminarlas, pero entiende que hay que modificarlas.

“Hay que darle un uso racional y una actividad económica. El requisito de invertir debería estar fuera de los bienes raíces. Hay oportunidades para aprovechar al máximo estos incentivos, pero derogar estas leyes o limitarse a reformar solo el donativo que realizan estos participantes, no nos traería un impacto positivo a la economía”, sostuvo el economista.

 Entre sus sugerencias figura que se establezca el mínimo de cinco empleos creados bajo la Ley 22, o un aumento en la tasa contributiva de 4% a 12%; un mínimo en inversión de $2 millones en activos locales, así como enmendar el requisito de vivienda en Puerto Rico de seis a nueve meses.

‘‘Para sacar provecho a los incentivos debe ser un buen negocio tanto para el que lo recibe como para el País”, apuntó Caraballo Cueto.