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 La Junta de Control Fiscal retrasó una vez más la radicación del plan de ajuste (POA, en inglés) para la deuda de $35,000 millones que mantiene el gobierno central con sus acreedores garantizados. El documento tenía que ser sometido en o antes del pasado 2 de abril.

Edward Zayas, portavoz del organismo regulador, indicó a EL VOCERO que todavía no tienen pautada la nueva fecha de radicación.

Aunque la junta presentó un tercer POA enmendado el 8 de marzo —a dos días de la fecha límite para su radicación—, el equipo legal del ente fiscal informó a la jueza federal Laura Taylor Swain que lo enmendaría tras haber alcanzado un nuevo acuerdo con los acreedores de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR). Estos se habían negado a negociar sus bonos con la junta y se arriesgaban a que la jueza fallara en su contra y, por consiguiente, que no recibieran compensación alguna.

Con este nuevo pacto, el tercer POA enmendado —que contaba con el aval de tenedores de $13,000 millones aproximados en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y que reduciría la deuda total a $7,400 millones— quedaría sin efecto. A pesar de que el abogado de la junta Brian Rosen había afirmado que se sometería el pasado viernes, el ente incumplió con la fecha.

Ante el incumplimiento, la junta fiscal sostuvo en declaraciones escritas que extendió el proceso de mediación hasta el 9 de abril para culminar la negociación con las partes involucradas, incluidas las aseguradoras Assured Guaranty Corp. y National Public Finance Guarantee Corp.

De acuerdo con una moción presentada al tribunal, pese a la dilación en el proceso el organismo fiscal estima que la fecha límite para aprobar o denegar el POA seguirá siendo el próximo 15 de diciembre. Antes de esta fecha, la jueza Swain deberá atender una serie de vistas e impugnaciones, mientras que la Asamblea Legislativa está supuesta a aprobar la legislación habilitadora para el intercambio de bonos.

Una vez se radique el POA, procede la litigación para la aprobación de la declaración de divulgación de los términos del pacto y la aprobación de un calendario —que puede ser recomendado por la junta— para la discusión y posible aprobación. Hasta el momento, el organismo propuso la audiencia de declaración de divulgación para el 16 de junio y la fecha límite para la objeción de la declaración será el 14 de mayo.

“Los deudores presentan respetuosamente que establecer estas fechas y plazos garantizará que todas las partes interesadas reciban la notificación adecuada y la oportunidad de participar en el proceso de aprobación de la declaración de divulgación, al tiempo que garantizan que los deudores puedan concluir estos casos del Título III (quiebra) antes de fin de año”, dijo la junta.