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La jueza federal de distrito, Laura Taylor Swain, aprobó la segunda parte del contrato otorgado al consorcio LUMA Energy -de $1,500 millones- para que la privatización del sistema de transmisión y distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) proceda como un gasto administrativo de la corporación.

La moción aprobada permite compensar a LUMA como operador bajo el Título III de la red eléctrica mediante un acuerdo suplementario, por lo que el consorcio recibirá cerca de $9.5 millones mensuales, más podrá cobrar gastos reembolsables y los incentivos a medida que cumplan con las métricas para mejorar el servicio. Previo al fallo, LUMA estaba recibiendo un cargo mensual fijo de $5 millones.

Este sería el segundo pedido del gobierno y la Junta de Control Fiscal que Swain autoriza para darle prioridad a los gastos relacionados al contrato con LUMA. En octubre del pasado año, la jueza autorizó que el gasto por operar la red eléctrica, el pago adelantado de $135 millones que propuso el gobierno para el proceso de transición y la reclamación por toda cantidad acumulada que corresponda a dicho pago también procedieran como gastos administrativos.

Pese a que la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés) se opuso al pedido por entender que el contrato es perjudicial para la Isla y que resulta más costoso, Swain determinó que las partes gubernamentales ofrecieron evidencia suficiente para aprobar la moción.

“Las partes gubernamentales han ofrecido evidencia de que los servicios de LUMA beneficiarán a la AEE al transformar el sistema en un “sistema eléctrico moderno, sustentable, confiable, eficiente, rentable y resiliente consistente con prácticas prudentes de servicios públicos a fin de aumentar calidad del servicio eléctrico”, sentenció la jueza.

Aunque la jueza previamente había cuestionado la validez del cargo de terminación- $115 millones- que el gobierno pagaría a LUMA si la empresa deja de operar la red eléctrica, y si también debía aprobarse como gasto administrativo, en su fallo estableció que “las partes gubernamentales lograron demostrar que califica para el tratamiento”.

“Se ha hecho una demostración adecuada de que la inclusión de la disposición del cargo por terminación para incentivar a LUMA a comenzar los servicios durante el caso del Título III de la AEE fue beneficiosa para la AEE, ya que permitió al gobierno comenzar una transformación fundamental de un componente integral de la infraestructura de Puerto Rico antes de que se logre la reestructuración del Título III, promoviendo así los intereses no solo de la AEE sino también del pueblo de Puerto Rico que depende de sus servicios”, agregó Swain

Recientemente, la junta ordenó que iniciara el proceso entre el gobernador y la Asamblea Legislativa para asegurar la reserva de $750 millones que requiere el contrato para transferir el sistema eléctrico a LUMA, quienes están supuestos a tomar el control a partir del próximo 1 de junio. La cifra pasará a manos de la AEE y se sumará a otros $250 millones en las arcas de la corporación para un total de $1,000 millones.

Tras completarse la transición, la AEE deberá pagar a LUMA una compensación anual que comenzará en $70 millones. Luego, para el segundo y tercer año, el monto se elevaría a $90 millones y $100 millones respectivamente. Por el resto de la vigencia del contrato, el pago ascenderá a $105 millones.