Taylor Swain

Al cabo de una semana de que la Junta Federal de Control Fiscal pidiera una prórroga hasta el próximo 8 de marzo para radicar el tercer plan de ajuste enmendado (POA, en inglés) para la deuda con los acreedores constitucionales, la jueza federal Laura Taylor Swain dio luz verde a la solicitud luego de no recibir alguna objeción de las partes.

El pasado miércoles, el ente fiscal sometió un acuerdo “en principio” para la deuda gubernamental de $35,000 millones —la más cuantiosa—, pero pidió tiempo adicional para afinar el pacto acordado con el grupo inicial de bonistas y culminar las negociaciones con tenedores de bonos que podrían sumarse al acuerdo. El organismo regulador prevé el apoyo de más del 50% de los acreedores.

Luego de que la junta radicó la moción urgente, la jueza Swain emitió una orden para que las partes involucradas en la reestructuración de la deuda presentaran los argumentos a favor o en contra de prorrogar hasta el 8 de marzo. No obstante, ninguna de las partes radicó oposición al pedido del organismo regulador.

Ante la ausencia de oposición, los abogados de la junta, Brian Rosen y Martin Bienenstock, radicaron ayer una certificación de no objeción a la moción presentada por el ente fiscal, que luego dio paso —en horas de la tarde— a la aprobación de la jueza a la extensión de la fecha. La junta debía haber entregado el POA —o su bosquejo— el pasado 10 de febrero.

“Ante la moción urgente de la junta solicitando prórroga de los plazos para la presentación del plan de ajuste, y el tribunal habiendo encontrado que la reparación solicitada en la moción de extensión es en el mejor interés de los deudores… que se establece una causa justa para el pedido… la reparación solicitada se otorga”, sostuvo Swain.

El acuerdo inicial se logró el martes de la pasada semana con acreedores que tienen derecho a más de $7,000 millones en bonos de Obligaciones Generales (OG) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El presidente de la junta fiscal, David Skeel, aseguró tras la radicación que lo acordado hasta el momento “es una propuesta realista que abrirá camino hacia la recuperación de la bancarrota” y que el objetivo del ente es presentar un POA consensuado que incluya a tantos acreedores como sea posible.

 En febrero del pasado año, el organismo regulador había radicado un segundo plan de ajuste que aspiraba a reducir la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones. Este ajuste quedó sin efecto tras la crisis generada por la pandemia del Covid-19, por lo cual las partes se vieron obligadas a regresar a la mesa de negociaciones.