Jorge Arguelles

 El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Jorge Arguelles

Hoy es el último día de la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes y se teme la posible aprobación del controversial Proyecto del Senado 1333, que cambiaría el Código Municipal de Puerto Rico, por lo que el sector comercial hace un llamado a que se detenga por entender que atenta contra los pequeños y medianos negocios.

“Este proyecto no ayuda en nada al crecimiento económico de la Isla. Así no se puede levantar a un país, afectando al comerciante y consumidor. Es lamentable que el cuerpo legislativo vuelva a poner la carga en los ciudadanos y empresarios a la hora de financiar la incapacidad administrativa municipal con un proyecto de 1,200 páginas, sin tomar en consideración que Puerto Rico ha pasado por múltiples eventos catastróficos que han lacerado aún más la ya frágil economía del país”, opinó el presidente del Centro Unido de Detallistas, (CUD), Jorge Argüelles Morán, añadiendo que el proyecto se aprobó en el Senado sin vistas públicas.

Este se refirió al Código Municipal que derogaría la Ley 81-1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico; Ley 83-1991, según enmendada, conocida como Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad de 1991 y la Ley 80-1991, según enmendada, conocida como Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que, según su punto de vista, les daría ventaja y prioridad a los negocios municipales.

“Los municipios podrán operar franquicias comerciales, además de todo tipo de empresa o entidades corporativas con fines de lucro, pero los exime de impuestos, patentes y cualquier otro tributo que pudiera ser aplicable. Esto representa una competencia desleal contra los comercios del sector privado que sí tienen que pagar todos estos impuestos. Por otro lado, la Ley 161 autoriza a los municipios a emitir determinaciones finales y permisos, licencias y certificaciones. Por tanto, pueden aprobar o denegar cualquier permiso, lo que discrimina aún más contra el empresario que desee establecerse, pues la discreción de aprobar el mismo queda en manos de estos municipios. También los faculta de ordenar el cierre de negocios y su operación, cuando estos adeuden o no posean patentes municipales”, declaró.

Argüelles aseguró que el efecto para las telecomunicaciones sería nefasto por los cargos que le sería impuesto al sector, al igual que el aumento en las contribuciones contra la propiedad.

“Como si esto fuera poco, el Artículo 7.036 impone pagos adicionales a las compañías de telecomunicaciones, lo que podría aumentar las facturas hasta un 200%. El proyecto también permite la retasación de propiedades por el CRIM, lo que va a lacerar aún más la situación fiscal de los comercios. Sería detrimental para el comercio y los ciudadanos en general. Los municipios están en estado crítico, pero la solución no es imponer nuevos impuestos. Hay que buscar otras alternativas, porque esto clausurará más la economía cuando vayan cerrando los negocios en los pueblos”, dijo Argüelles.