Espacios Abiertos

Daniel Santamaría, analista sénior de Espacios Abiertos.

Las negociaciones de los acuerdos para la reestructuración de la deuda gubernamental y las corporaciones públicas que están sobre el tintero podrían ser insostenibles como resultado del generoso precedente que estableció el plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) para los acreedores.

El tercer plan de ajuste de Título III de Cofina —aprobado hace un año— representa la reestructuración del 24% de la deuda de más de $17 mil millones con los bonistas de la corporación y destina el 5.5% de los recaudos del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para el pago a los acreedores por un plazo de 40 años.

El economista y analista senior de política pública de Espacios Abiertos (EA), Daniel Santamaría Ots, sostiene que el acuerdo aprobado por la jueza federal Laura Taylor Swain en febrero del pasado año representa un riesgo para la reestructuración de deuda incoada en 2017 y que podría dar paso a un futuro incumplimiento con el pago de la deuda.

“El beneplácito que hubo con la reestructuración de Cofina está ocasionando una disyuntiva entre las próximas reestructuraciones y el pueblo de Puerto Rico. Los ahorros de los bonos de Cofina se midieron contra una promesa de repago del 100% de unos bonos que estaban en quiebra”, aseguró.

“Oneroso” pacto

Santamaría explicó que los negociadores en lugar de tomar como referencia la caída en los precios que experimentaron los bonos meses antes de los huracanes, aprovecharon el incremento potenciado por las asignaciones de las ayudas federales para la reconstrucción del País.

Según discutió, antes del embate de María los bonos gubernamentales habían bajado de valor significativamente y estaban cotizados entre un 30% y 60% —30 o 60 centavos por cada dólar—, pero se terminaron pagando a 75.5% —53 centavos por cada dólar—, lo que le resulta extremadamente oneroso.

“Lo que ocurrió al final es que los mercados pensaron que la inmensa ayuda federal que estaba supuesta a llegar generaría unos superávits que permitirían pagar la deuda y el gobierno local —en lugar de oponerse— lo que hizo fue refrendar lo que los mercados auguraban y pactar precios muy por encima de lo que puede pagar”, indicó el economista.

En juego la deuda del gobierno y la AEE

El analista afirmó, además, que “los onerosos pagos a los bonistas que se alcanzaron con Cofina”, están teniendo un efecto negativo y directo sobre las negociaciones que se están ejecutando con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y del gobierno central, que mantienen deudas de sobre $9 mil millones y $72 mil millones respectivamente.

En el caso de la AEE, la discusión del acuerdo alcanzado con sus bonistas en el Tribunal federal de Distrito ha sido aplazada en múltiples ocasiones. A pesar de que la vista está pautada para el próximo 31 de marzo, la Junta Federal de Control Fiscal está pidiendo que se suspenda nuevamente y que no se establezca una fecha hasta nuevo aviso.

“Los demás bonistas van a querer que se les pague lo mismo. Puerto Rico debió haber presentado una reestructuración única y global que, en gran medida, hubiese evitado que pasara lo que está ocurriendo actualmente. Este debía ir acompañado de un plan macroeconómico y cernido a unos criterios de sustentabilidad. Cofina fue el inicio de todos nuestros males actuales”, agregó Santamaría Ots.

Por su parte, Cecille Blondet, directora ejecutiva de la organización, enfatizó que el análisis de sustentabilidad de deuda que presentaron en 2018 establece claramente que el gobierno no puede asumir una deuda superior a los $14 mil millones, y que $12 mil millones solamente fueron destinados a la reestructuración de Cofina.

“El acuerdo de Cofina fue un buen negocio para los bonistas, pero perjudicial para el gobierno local. Nuestro estudio concluye que no se puede sostener una deuda de más de $14 mil millones y sabiendo esto —ahora que se aprestan a presentar el acuerdo de la AEE y de los bonos de obligaciones generales— la cifra puede elevarse y ocasionar un desequilibrio mayor”, insistió Blondet.

Para que la reestructuración de la deuda total del gobierno sea viable y no se propicie la radicación de una quiebra adicional a futuro, Santamaría defendió que se deben hacer recortes de entre un 80% y 90% a la totalidad de la deuda gubernamental. “Así lo sostienen los análisis de sustentabilidad de deuda que se han hecho”, acotó.

Efecto a la inversa

El economista también señaló que el acuerdo de Cofina dio paso a una serie de medidas de austeridad que han tenido un efecto a la inversa. “Cuando el sector público se contrae y no invierte, automáticamente el sector privado se contagia y no es capaz de generar las inversiones necesarias”, sostuvo.

“Esto, a su vez, provoca la migración masiva de la gente buscando mejores oportunidades y la dificultad del gobierno al perder su base tributaria a través de la migración y de capturar los recursos a través de impuestos a esa población que se va y que no contribuye a la capacidad productiva”, añadió Santamaría.

El acuerdo contempla dividir entre sus bonistas y el gobierno los recaudos que deje el IVU por los próximos 40 años. Para pagar a los bonistas, los recaudos del IVU tendrían que aumentar consecutivamente por los próximos 22 años, pero la población en Puerto Rico continúa mermando. Al presente, la tasa del IVU ronda 11.5%. De esa tasa, el 5.5% está comprometido con el pago de deuda.

El pasado mes de noviembre, el gobierno capturó $436 millones del IVU para ejecutar el primer pago a los bonistas de Cofina. Los próximos pagos anuales se supone que incrementen gradualmente hasta el año 2041, cuando deberán alcanzar los $992.5 millones anuales.