Cannabis

A casi cuatro años de haberse legalizado el uso medicinal de la marihuana en Puerto Rico, la industria del cannabis continúa enfrentando escollos gubernamentales que amenazan con paralizar su actividad económica, lo que a su vez afectaría las operaciones de los dispensarios en la Isla.

Pese a que es una de las pocas industrias con oportunidad de crecimiento en Puerto rico y cuyas ganancias se reinvierten en la economía local, representantes del sector denunciaron a EL VOCERO que la “pobre gestión” de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal junto con la falta de un esquema legislativo federal que los reconozca como una industria bonafide han estancado su expansión.

“Llevamos cuatro años desde que se permitió el uso medicinal del cannabis, pero esto es una industria que todavía está en pañales al compararse con otras jurisdicciones. A pesar de que llevamos desde el 2016 tratando de alcanzar un desarrollo mayor, la falta de gestión gubernamental nos atrasa”, indicó Janet Ubiñas, propietaria de la clínica Cannasence en Hato Rey y Cupey a EL VOCERO.

Control de licencias

Entre los problemas más severos, Ubiñas mencionó la falta de regulación a la expedición de licencias para establecer dispensarios —que ha dado paso a una saturación en ciertas áreas— y la escasez en el suplido de flores que experimentan a raíz del control en el otorgamiento de licencias para cultivo.

“La junta debería hacer una evaluación de necesidad de mercado previo a otorgar una licencia para que se establezca un dispensario. El reglamento y la ley estipulan que las licencias de establecimientos se deben otorgar según la necesidad del mercado. Eso no es lo que está sucediendo”, indicó la también psicóloga.

Saturación del mercado

Ubiñas puso como ejemplo la zona de Hato Rey —donde ubica uno de sus dispensarios— pues según indica “hay uno al lado de otro”. En efecto, un informe de la firma de investigación ABEXUS Analytics, señala que la zona metropolitana —especialmente Hato Rey— está cercana a una saturación.

Según defiende el estudio, de continuar el establecimiento de dispensarios en Hato Rey, la industria podría experimentar una caída en precios. La baja, aunque podría beneficiar a los pacientes, provocaría un colapso de la industria, particularmente entre los cultivos y manufactureros locales.

“Siempre y cuando el mercado crezca, lo sustente y lo aguante, pues que sigan estableciendo más dispensarios. Ahora bien, si son más dispensarios que clientes en la zona, deberían implementar lo que dice el reglamento”, agregó Ubiñas.

Falta de cultivo

Mientras las licencias para dispensarios se emiten sin regulación alguna, Cristian Bernaschina, otro de los propietarios de la clínica Cannasense, señaló que experimentan una escasez en el suplido de flores a raíz de las pocas licencias de cultivo que se otorgan en contraste con las de dispensarios.

“Hacen falta más licencias de cultivo. Estamos siempre con una necesidad grande por la demanda que tiene el producto. Esto nos hace tener menos cantidad del producto disponible para nuestros pacientes y lo que no entienden es que es un producto medicinal”, enfatizó Bernaschina.

Por su lado Luis González, propietario de los dispensarios Earth Gift en Carolina y Trujillo Alto, también denunció a este rotativo la falta de cultivo. “Es necesario que se regulen los dispensarios por cantidad de pacientes existentes por región. En San Juan hay sobre 60 licencias de dispensarios y eso no hace sentido porque hay otras regiones desprovistas. Hay más dispensarios que pacientes… No hay cabida para tanta gente”, puntualizó.

El empresario —que inauguró el primer dispensario existente en Trujillo Alto— acotó que esta situación ha acarreado una guerra en el mercado por los productos, por lo que han decidido comenzar a cultivar sus propias flores. Tras una inversión de $250 mil, inauguró el pasado año su segunda tienda en la que ubica un cultivo artesanal de 2,500 pies cuadrados y cerca de 400 plantas.

Privados de incentivos

A pesar de que la manufactura representa sobre el 40% del Producto Bruto Interno (PBI) de Puerto Rico y que dentro de ese porcentaje se incluye la producción del cannabis medicinal, la industria ha sido excluida de los incentivos gubernamentales dirigidos a fomentar la manufactura.

De acuerdo con la Asociación de Cannabis Medicinal (Prmca, por sus siglas en inglés), la producción de marihuana —aunque es un negocio agrícola— ha sido privada de beneficios como los que establece la Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico, donde podrían certificarse como “agricultores bonafides” y recibir exenciones en el pago de arbitrios en la compra de artículos que serán utilizados en el negocio, o en el pago de contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble.

Imposibilita la gestión gubernamental

Bernaschina indicó, además, que aunque el cannabis ha logrado alzarse con éxito pese a las situaciones que mencionan y a que su potencial económico está evidenciado, el proceso para obtener los permisos suele ser “extremadamente complicado” y recalcó que el acceso a capital es casi imposible.

“El gobierno debería ser un facilitador y no complicar el proceso. A la junta reglamentadora le hace falta un poco más de conocimiento sobre cómo se maneja el negocio del cannabis. Un ente regulatorio fuerte, en las cosas que verdaderamente tienen que ser fuerte, hace falta para que esta industria despunte”, mencionó el empresario.

Asimismo, al no ser reconocidos como una industria bonafide y a que a nivel federal no se considera al cannabis como un producto que se pueda vender, la banca tradicional no quiere entrar en el negocio, limitando el acceso a préstamos, cuentas de cheques o métodos de pagos digitales.

Pese a que todas las transacciones que ejecutan deben ser en efectivo, la Junta Reglamentadora prohibió que los dispensarios cuenten con un cajero automático en el interior de los establecimientos.

“Esto es terrible y desacertado. Los cajeros no son nuestros y el único propósito de tenerlos es facilitarle el pago al cliente porque solo podemos aceptar efectivo. La junta no tiene facultad para eso”, indicó el también abogado.

No obstante, José Rivera, presidente de la organización Miembros de la Industria de Cannabis Medicinal (MCam), indicó que la determinación “es una falta de consideración y demuestra desconocimiento de la junta sobre las necesidades del paciente”. Indicó, que la junta reglamentadora está haciendo “una interpretación irrazonable e ilógica sobre estos aparatos, equiparándolos a bancos y métodos de procesamiento de pago”.

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