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Brad Dean, principal oficial ejecutivo de Discover Puerto Rico, informó que los abogados de la entidad analizan el curso a seguir tras la determinación del tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó a la Organización de Mercadeo de Destino (DMO), Discover Puerto Rico, divulgar información de todos los contratos, expedientes, documentos, planes e informes realizados desde su creación, los cuales la entidad se había negado a compartir.

El recurso de mandamus presentado en contra del DMO y su principal oficial ejecutivo, Brad Dean, fue radicado por el representante popular Ángel Matos García, integrante de la Comisión de Turismo de la Cámara, para exigir acceso a información que considera pública sobre las operaciones de la entidad.

“Siendo el mandamus el mecanismo adecuado para reclamar acceso a la información pública, este tribunal declara con lugar la petición y concluye que el DMO es una entidad gubernamental para fines del derecho constitucional de acceso a información pública. Así pues, los documentos generados, conservados y recibidos en el DMO son públicos”, dictó ayer la jueza Lauracelis Roques Arroyo.

Roques ordenó a la parte demandada proveer al representante —en o antes del próximo 15 de noviembre— todos los contratos otorgados desde su creación en el 2017 y un inventario comprensivo de los fondos comprometidos o gastados por la organización, pero denegó las solicitudes de propuestas de subastas por la posibilidad de existir secretos de negocios de partes que no están presentes en el pleito.

“En la medida en que no exista un interés gubernamental apremiante que justifique la confidencialidad de la información solicitada, el DMO no puede negar acceso a los documentos públicos en su custodia, por lo que, de existir algún documento de subasta —tal como una resolución— que no esté protegido, deberá proveerse también”, indica la sentencia.

La determinación, a juicio de Matos García, “arrojará luz sobre el gasto abusivo de esta organización, con los chavos del pueblo. Ahora se sabrá quién dijo la verdad y quién se arrastra en la mentira”, agregó.

Mientras, Discover Puerto Rico informó a EL VOCERO que el equipo legal está evaluando el fallo emitido por la jueza Roques Arroyo y que estará asesorando a la Junta Directiva sobre los próximos pasos en el asunto. “Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia en nuestras operaciones y esperamos continuar trabajando juntos con todos los socios de la industria y funcionarios gubernamentales”, enfatizaron mediante declaraciones escritas.

Varios intentos fallidos

La demanda fue presentada en septiembre luego de varios intentos fallidos por parte del representante para que la organización le suministrara los documentos solicitados. El pasado 10 de junio, Matos García envió una misiva al DMO solicitando los documentos e indicando que radicó a esos fines la Resolución de la Cámara 1435. Dean contestó el 23 de junio que estaban dispuestos a sostener una reunión y adjuntó una copia del reporte anual de la entidad.

El representante envió una segunda carta al DMO indicando que el reporte anual no abundaba en la información solicitada y otorgó un plazo de 24 horas para recibir documentación y no optar por el auxilio del tribunal. Dean contestó que por recomendación de sus abogados no entregarían la información solicitada ya que la resolución no había sido aprobada.

Matos sostuvo que la información es pública y de alto interés público porque el DMO opera con fondos públicos —$25 millones provenientes del Impuesto Hotelero— y que no proveer la información solicitada, incurre en una violación a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso de Información Pública (Ley 141-2019) y la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley 122-2019).

Actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el Proyecto de la Cámara 1435 para aumentar a $35 millones el dinero que recibe la corporación para el mercadeo de la Isla como destino turístico. La información que se revele podría cambiar el curso de la legislación presentada por el representante novoprogresista Néstor Alonso Vega.

Hasta el momento, la ley 17 del 2017 establece una fórmula de $25 millones, más un pareo gubernamental de $5 millones si el DMO consigue otros $5 millones del sector privado. De alcanzar esta cifra el fondo aumenta a unos $35 millones y totaliza unos $350 millones en el contrato actual de una década con la CTPR.

Reiteran falta de transparencia

La empresaria Daphne Barbeito, una de las figuras más vocales de la industria, reiteró su oposición a la asignación de $10 millones adicionales para el DMO por entender que el trabajo realizado por la organización ha sido pobre y que carecen de transparencia.

“No apoyo que se siga desangrando el presupuesto de la industria turística en la Isla, otorgándole al DMO mayor presupuesto sin mostrar pruebas de en qué han invertido el dinero, sus estrategias y los esfuerzos que se han realizado para poder levantar la economía del visitante y promover una marca de País en el exterior”, expresó Barbeito.

La empresaria expuso su postura en una ponencia escrita que entregó a la Comisión de Turismo de la Cámara luego de que se le negara por segunda ocasión la posibilidad de expresarse en las vistas públicas.

“El DMO tiene que irse desarrollando de forma sustentable y buscando fuentes alternas de ingresos para eventualmente no depender del gobierno”, puntualizó.