Javier Rivera Ríos

El Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, detalla asuntos relacionados a la liquidación de aseguradoras. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

Este año quedará registrado como uno significativo para la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), ya que suman tres los procesos para liquidar empresas aseguradoras, entre estas el mayor menoscabo en la historia reciente de la industria a nivel local, el cual corresponde a Integrand Assurance Company, que asciende a $215 millones.

Se trata de un trastoque significativo en un sector considerado estable, que representa el 12% de PIB en la Isla, o $13,000 millones, y que no pudo escapar sin consecuencias del embate de los huracanes Irma y María, con multimillonarias reclamaciones por los daños registrados.

Ese es el caso de las aseguradoras Real Legacy (ya liquidada) e Integrand, en las áreas de propiedad y contingencia.

La tercera compañía en proceso de liquidación es Constellation Health, la cual aseguraba servicios de salud en Medicare Advantage.

En todos los casos, la solicitud a los tribunales por parte del comisionado de seguros Javier Rivera Ríos, se ha dado luego de gestiones previas para rehabilitar a las aseguradoras, sin que se consiguieran los resultados que se esperaban.

Algunas de las que están en proceso de liquidación mantienen pleitos legales, mediante los cuales cuestionan la decisión, incluso al comisionado en su carácter personal.

EL VOCERO conversó con Rivera Ríos al respecto, sobre todo por el impacto de las liquidaciones en los asegurados, y las repercusiones en los acreedores que no podrán cobrar sino una parte de las deudas pendientes. Entre los que se encuentran el gobierno, comercios, industrias y hoteles.

La OCS rompe el silencio

Rivera Ríos sostuvo que la OCS tiene el deber de velar por el sano desempeño de la industria y proteger el cumplimiento con los asegurados y afirmó que eso es lo que ha hecho. A preguntas sobre el caso de Integrand —por ser el de mayor impacto— el comisionado dijo que en efecto se trata de un caso histórico.

“Se trata de un caso que trasciende el nivel local. Son prácticas por parte de esta aseguradora que nunca se habían visto en esta oficina, que descubrimos y por lo que hemos sido objeto de todo tipo de persecución y amenaza. Queremos que la industria sepa que este tipo de práctica y forma de operar no es bienvenido ni se va a permitir”, señaló Rivera Ríos. Mencionó que eso incluye estados financieros que reflejaban un superávit de sobre $40 millones, cuando el menoscabo alcanzaba los $139 millones (a diciembre de 2018).

Fue más lejos y comentó que “no puede haber algo más desastroso para la imagen de la industria y del País que todo lo que hemos encontrado, tras lograr entrar después de innumerables acciones de Integrand para obstaculizar nuestra entrada en sus operaciones y poder hacer nuestro trabajo”.

El caso de Integrand está vivo en tribunales mediante pleitos legales levantados por sus directivos, quienes han cuestionado la decisión tomada para liquidar a la aseguradora y han denunciado procesos inusuales en su contra, entre otros señalamientos. De hecho, han demandado a Rivera Ríos en su carácter personal, a nueve reaseguradores y también a asegurados.

“Aún ellos logren cobrar el 100% de los reaseguradores, logren levantar el embargo preventivo y la venta de sus inversiones, no pueden cubrir el menoscabo de insolvencia total”, afirmó el comisionado.

Abundó que entre los hallazgos encontraron el cobro a las reaseguradoras por pérdidas del fondo de un huracán cuando pertenecía a otro, una vez se les agotó el dinero reservado. “Como las reaseguradoras se negaron a pagarles, las demandaron”, destacó, y planteó que Integrand incumplió acuerdos de pagos con asegurados. Entre septiembre 2018 hasta abril de 2019 se registraron 74 acuerdos incumplidos, por $38.9 millones, al no tener la reserva adecuada para pérdidas. En el caso de María subestimaron la reserva por $129 millones.

“Desde antes de la rehabilitación ya la aseguradora había reconocido su insolvencia. Sin embargo, en el plan que presentan ante nuestras oficinas daban por sentado el repago de las reaseguradoras. Ellos estaban operando de las primas nuevas recibidas, por lo que tuvimos que ordenar suspender suscripciones de catástrofe a clientes nuevos. La incertidumbre por desconfianza provocó solicitudes de embargo preventivo, que impactarían sus activos en $74 millones”, afirmó el comisionado, quien no descarta que algunas de estas ilegalidades sean investigadas en lo criminal por el Departamento de Justicia.

Para Rivera Ríos, la liquidación de Integrand es final y firme, no empece se encuentra ante un proceso de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia.

De los casos pendientes con Integrand, está uno del municipio de Caguas, cuya reclamación supera los $100 millones. El pasado viernes, el Tribunal de Apelaciones denegó el ‘certiorari’ que presentó el municipio para la revocación de la determinación del Tribunal de Primera Instancia, que ya le había denegando su intervención en el proceso de sindicatura de Integrand. El tribunal —ante los casos pendientes— sostiene que la orden de liquidación no es final.

Para el licenciado Rafael J. Vázquez González, uno de los representantes legales de Integrand, dicha determinación es una clara advertencia al comisionado de que la orden de liquidación “no es final” y está sujeta al resultado de “múltiples mociones”. “Las consecuencias de poner en efecto una orden de liquidación que no es final son obvias, y en el caso de Integrand han incluido hasta el regalo de una cartera millonaria de 175,000 asegurados del Seguro de Responsabilidad Obligatorio a un competidor, la ASC. El comisionado no ha hecho ni una sola gestión para cobrar los activos de Integrand, y eso pudiese reducir significativamente el menoscabo”, afirmó Vázquez González.

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