incentivos

De cara a la posibilidad de que se implemente el recién acordado impuesto mínimo global de 15% para las corporaciones multinacionales, representantes del gobierno entienden que el modelo de desarrollo económico de Puerto Rico —que se basa en ofrecer incentivos contributivos para atraer inversión— debe ser transformado.

Dicha postura coincide con la estipulada por economistas y contadores públicos consultados por EL VOCERO.

El G7 —que agrupa a Estados Unidos, Canadá Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido— alcanzó la pasada semana un acuerdo para implementar una tasa impositiva mínima global de 15% con el objetivo de evitar que las corporaciones multinacionales trasladen sus ganancias a países con impuestos más bajos. Este pacto será discutido en julio con el grupo de economías principales del G20.

Hasta el momento, las empresas multinacionales pueden establecer subsidiarias en países con tasas impositivas más bajas para declarar allí sus ganancias, por lo que solamente pagan la tasa de impuestos local aún si las ganancias provienen de las ventas realizadas en otros países. Las corporaciones foráneas pagan un impuesto especial de 4% en Puerto Rico bajo la Ley 154 de 2010.

Ante este panorama, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre, admitió que la competitividad de Puerto Rico para hacer negocios y atraer inversión ya no puede basarse únicamente en ofrecer tasas impositivas bajas, sino en desarrollar capital humano capacitado, renovar la infraestructura y mejorar la agilidad de la Isla para competir a nivel global.

“Por años nuestro modelo de atracción en gran parte ha sido conducido por los incentivos económicos que ofrecemos. De implementarse esta medida del G7, Puerto Rico debe estar preparado para competir de tú a tú con el mundo. Mantenemos oído en tierra y continuamos monitoreando los temas relevantes que impacten nuestra economía y la forma de hacer negocios”, indicó Cidre a EL VOCERO.

El secretario sostuvo que con el objetivo de posicionar nuevamente a Puerto Rico como lugar idóneo para hacer negocios y mejorar su competitividad global, la agencia mantiene una serie de iniciativas con otras entidades gubernamentales para mejorar la infraestructura, así como la educación. Entre estas gestiones, resaltó el mejoramiento de la banda ancha en la Isla y un programa de educación técnica que le dará herramientas a las universidades e institutos para ser más ágiles en el desarrollo de programas y cursos.

Persiste el riesgo

Aún si el acuerdo del G7 no prospera ante el G20, la propuesta fiscal del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vislumbra aumentar el 10.5% sobre los beneficios intangibles en el extranjero de baja imposición (Gilti, en inglés) y llevarlos al 21% para financiar la reconstrucción de la infraestructura. De no concederse una dispensa a la Isla, sería otro golpe para el modelo de incentivos contributivos.

Cidre informó que próximamente estará viajando junto a otros líderes del gobierno a la capital federal, para sostener reuniones estratégicas con ejecutivos de empresas privadas y representantes del gobierno estadounidense en las que se discutirá el impacto de la reforma propuesta. “Es imperante insertarnos en estos temas y mantenernos trabajando para asegurar que Puerto Rico sea incluido en la conversación, mientras continuamos con nuestras iniciativas para mejorar nuestra competitividad”, aseguró.

Mientras que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, aseguró que de aprobarse el acuerdo alcanzado por el G7 o que el gobierno federal no conceda una dispensa en su propuesta fiscal, Puerto Rico podría perder la ventaja competitiva que le otorga la tasa impositiva del 4%. “El proyecto del presidente Biden busca que se aumenten las tarifas corporativas de 21% a 28% y también vislumbra aumentar el Gilti casi al doble. Esto tendrá un impacto sobre Puerto Rico. El enfoque está ahí”, acotó.

Por su parte, el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, explicó a EL VOCERO que ante ambas situaciones, el gobierno tendrá que alejarse de las tasas preferenciales y ofrecer subsidios de energía eléctrica, nómina, entre otras herramientas para ser atractivos.

Según el informe de gastos fiscales para 2017 —realizado por el Departamento de Hacienda (DH) y el más reciente— los incentivos contributivos representan un gasto estimado de $21,194 millones anuales. Esto equivale al 30% del Producto Nacional Bruto (PNB) de la Isla, lo que ubica a Puerto Rico por encima de Estados Unidos, donde los incentivos representan el 8.8% del PNB.

De los $21,194 millones que el gobierno otorga en incentivos, anualmente deja de ingresar $15,691 millones aproximados por tasas preferenciales, lo que representa el 74% del total de gastos tributarios.

 “Yo siempre he tenido la sensación de que estos incentivos no tienen buenos mecanismos de medición y tal vez hay varios casos en que no es un buen negocio dar ese 4%. Cerca de 1,000 compañías podrían estar beneficiándose de esto, pero se desconoce el rendimiento y si vale la pena dar ese incentivo… Hay que ajustar el modelo porque hay muchas piezas que afectan”, puntualizó Zaragoza.