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En momentos en que las hospederías endosadas por la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) ven limitadas sus operaciones por mandato ejecutivo ante la pandemia de Covid-19, sobre 75,000 unidades de alojamiento a corto plazo continúan operando sin limitaciones ni los estrictos protocolos de salubridad impuestos a los hoteles y paradores.

Ante la situación, la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (Prtha, por sus siglas en inglés) pidió que se establezca regulación que permita la competencia justa entre los negocios de hospedaje, que salvaguarde la salud de los huéspedes, así como el derecho del gobierno a generar ingresos.

“Nuestras medidas de seguridad son rigurosas y hemos realizado inversiones titánicas en protocolos estrictos de seguridad que cumplen con los parámetros locales, federales y de las respectivas cadenas hoteleras. Los alojamientos a corto plazo no son regulados, pero pueden operar normalmente”, comentó Pablo Torres, presidente de la Junta de Directores de la organización.

Según Torres, las hospederías endosadas por la CTPR —que representan cerca de 15,000 habitaciones— han perdido cerca del 90% del volumen de negocio en comparación con la misma fecha al pasado año, mientras que Airbnb —que mantiene unas 25,000 propiedades de alojamiento en la Isla— ha perdido solamente el 12%.

“Nosotros no somos un foco de contagio. Hemos estado cerrados y los contagios siguen aumentando. Los contagios se están dando por reuniones familiares y aglomeraciones, que muchas se dan en alojamientos a corto plazo que no están siendo regulados ni fiscalizados”, agregó Torres.

Abrir playas y piscinas

Por su parte Joaquín Bolívar, propietario del San Juan Water Beach Club y el Courtyard by Marriott Miramar, atribuyó el saldo negativo al cierre de las piscinas y otras amenidades en las hospederías ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero que no aplica a los alojamientos a corto plazo.

“No hay información que demuestre que las piscinas de los hoteles representan un foco de contagio para los huéspedes. Cierran las piscinas y cierran las playas y eso desmotiva a los consumidores porque nadie va a querer quedarse en un hotel que no tiene ninguna de sus amenidades abiertas. Necesitamos urgentemente que se flexibilice la orden ejecutiva”, argumentó Bolívar.

El hotelero defendió, además, que las hospederías tienen acceso a entrenamiento para capacitar al personal con las más rigurosas destrezas de limpieza y seguridad, además de acceso a productos y químicos de limpieza y desinfección que los alquileres a corto plazo no tienen.

Proponen cierre indefinido

Torres, también gerente general del Caribe Hilton, instó al gobierno a supervisar los alojamientos alternativos independientes —principalmente los que se mercadean por Airbnb, VRBO, HomeAway, Join a Join, Expedia y Booking— y que de no poder cumplir con la fiscalización, ordene su cierre por tiempo indefinido.

“Se necesita la supervisión constante de todos los alojamientos alternativos independientes, casas y apartamentos con piscina en donde se están hospedando grupos extensos de familiares y visitantes extranjeros que están llegando a la Isla para evitar la supervisión y la cuarentena requerida”, señaló Torres.

La Prtha propone, además, que se impongan sanciones y multas a los dueños y operadores de este tipo de propiedad por cada día de violación a las reglas, y que de no cumplir se les obligue a cesar operaciones. También buscan que se incentive a las hospederías que entienden sí garantizan la salud a sus huéspedes.

En riesgo los empleos

Torres advirtió, además, que si la nueva orden ejecutiva que emita la gobernadora no va enfocada en rescatar a las hospederías endosadas por la CTPR, los empleados que fueron suspendidos temporalmente podrían perder sus empleos permanentemente.

Explicó que luego de tres meses de suspensión temporal, los empleados son despedidos automáticamente y al pasar de los seis meses los patronos no están en la obligación de llevar a cabo una recontratación.