Escuela

El plan fiscal revisado que presentó el gobernador Ricardo Rosselló proyecta una reducción de 307 escuelas en los próximos cinco años, lo cual dejaría el sistema educativo público con solo 805 planteles.

Rosselló atribuyó ayer la medida de reducción de escuelas a la baja en la población estudiantil suscitada después del huracán María, al tiempo que mencionó que todas las medidas dirigidas al Departamento de Educación en el plan fiscal del gobierno redundarían en un ahorro de $303 millones para el año fiscal 2022.

No se detalló tampoco cuáles serán las escuelas a clausurarse, aunque la medida fue descrita en dato suministrados por el gobierno como una que ayudará a “reducir gastos operacionales al consolidar planteles con vistas a tener menos, pero mejores planteles”.

La matrícula de estudiantes en el DE hasta el lunes pasado era de 319,422, lo cual representa una reducción de 26,674 alumnos desde septiembre, cuando María azotó la Isla. Las cifras contenidas en el plan suponen también que para el próximo año fiscal se reduzca esa población en un 10%.

“La matrícula ha decaído significativamente en los pasados años y tras el paso de María ya comenzamos a ver cómo se aceleró ese proceso. Se espera que ese proceso de migración continúe y tenemos que tener una serie de métricas que no estén divorciadas de esa realidad y que se puedan ajustar cuando los números se ajusten”, expuso el primer ejecutivo en una mesa redonda junto a la secretaria de Educación, Julia Keleher, celebrada en La Fortaleza.

No obstante, expertos en finanzas y temas de la niñez advirtieron en noviembre pasado a EL VOCERO que el éxodo de estudiantes tiene un impacto negativo en la economía local. Entre los estados con mayor migración de niños boricuas después del huracán se encuentran Florida y Nueva York.

Rosselló negó en cambio que el cierre de escuelas redunde en el despido de maestros, aunque el plan fiscal contempla reducciones de recursos por jubilación o retiro voluntario, para el cual según trascendió no existe una limitación en cuánto a los años de experiencia que deberá tener un maestro en el sistema. Educación estimó que cerca de 1,200 maestros se acogen al programa de jubilación anualmente.

A preguntas de este rotativo sobre cómo lidiarían con el traslado de estudiantes por escuelas cerradas y la preocupación de hacinamiento en aquellos planteles que permanezcan abiertos, Keleher respondió que “nosotros los asignamos a donde van porque vamos a llevar a cada plantel una cantidad óptima de estudiantes, entonces no van a salir 14 de un sitio para ir a otro a romper con la matemática del plantel”.

Sin embargo, la funcionaria admitió que “hay que trabajar en cómo vamos a identificar las escuelas” a las que trasladarán a los niños. “Vamos a tener opciones, por ejemplo, si vas a Cabo Rojo no tendrán que ir a Fajardo”.

Al divulgarse anteayer el contenido del plan fiscal del gobierno que deberá certificar la Junta Federal de Control Fiscal, la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, invitó a su matrícula a defender las escuelas contra el cierre y anticipó el despido de maestros transitorios.

“En la Federación de Maestros le decimos a la secretaria Keleher que las escuelas no son negocios ni los niños son cifras y números. Son seres humanos en su etapa más importante de formación. Troncharla porque unos burócratas desean ahorrar a costa de su educación es un verdadero crimen”, dijo Martínez.

Menos regiones, más autonomía

En tanto, el plan fiscal implementa también como estrategia de ahorro la reducción de 35 distritos a siete agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés), las cuales contarán con su propio presupuesto administrado por un superintendente regional. Estas regiones se ubicarían en Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao, Mayagüez, Ponce y San Juan.

Según el primer ejecutivo, los recortes pueden aparentar ser “grandes”, pero implican un proceso de transformación que creó Keleher, basado en “métricas, líneas de responsabilidad y rendición de cuentas” que mejorarían la forma en que se asignan fondos dentro de la agencia.

Para que las siete regiones LEA y más de 1,000 escuelas tengan su propio presupuesto, la funcionaria señaló que la distribución de fondos será “equitativa” para todos los planteles, al tiempo que fijó un costo anual de $6,482 por estudiante.

El presupuesto propuesto para el año fiscal 2018- 2019 en la agencia es de $2,588,674,000, suma que incluye fondos federales y estatales. La secretaria, por su parte, cuestionó la forma en que Educación ha presupuestado en los pasados años tras considerar que no había control sobre la asignación de fondos, carecían de estrategias para el buen manejo de planteles y no aseguraban equidad en la distribución de recursos.

Aumento para los maestros

Asimismo, Rosselló indicó que el próximo año fiscal se estará aplicando un aumento salarial de $1,500 anuales a los maestros, lo cual implicaría un gasto para el gobierno de $38 millones. Esta cifra redundaría en un ingreso de $125 mensuales extras en el bolsillo del maestro.

De hecho, en febrero de 2017 la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, reclamó a Educación un aumento para los educadores, cuyo salario promedio ronda los $27,000 anuales.

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