Al mantener las escuelas cerradas, el gobierno ha violado uno de los derechos constitucionales más básicos de los menores de este País: su derecho a una educación, de acuerdo con William Ramírez, director ejecutivo del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Ramírez denunció que esta violación afecta más a las poblaciones pobres y que el agravio es peor cuando se toma en cuenta que son pocas las opciones que quedan, más allá de la protesta y el reclamo público.
Dijo que actualmente las puertas de los tribunales están cerradas para casos de acciones civiles, como lo sería el pleito de clase que podría comenzarse a nombre de los estudiantes que se han quedado sin clases por semanas mientras el Departamento de Educación decide si abrirá o no las puertas de las escuelas.
“Yo creo que sí, que hay la posibilidad de que se radique un mandamus. El problema es que el tribunal no está en posición de atender ese caso. Ahora mismo todas las demandas que se presentan de derechos civiles están siendo desestimadas o pospuestas con el argumento de que Puerto Rico se ha sometido a quiebra”, indicó el abogado y profesor de derecho constitucional en la Universidad Interamericana.
Tras el paso del huracán María, Educación ha expresado diferentes razones para no abrir los planteles públicos. La secretaria Julia Keleher se ha defendido diciendo que vela por la seguridad de los estudiantes y que, además, quiere poner las escuelas “bonitas” con el dinero que llegaría de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés).
Por su parte, el Cuerpo de Ingenieros señaló que no son ellos los responsables de abrir escuelas y luego el gobierno canceló el contrato con CSA Group, la firma contratada para inspeccionar los planteles. Al momento, cientos de escuelas permanecen cerradas y, con ellas, miles de estudiantes no reciben sus clases y otros tantos tampoco tienen acceso a sus terapias y servicios de educación especial.
“Si los hijos de los pudientes estuvieran fuera de la escuela, les garantizo que las escuelas públicas estarían operando, pero ese no es el caso. Se queda afuera el pobre, el que no tiene el poder de exigir y, si exige, se busca un encontronazo con el gobierno”, afirmó Ramírez.
Apoyan manifestación
La ACLU respaldó la manifestación realizada anteayer por la Federación de Maestros en la sede del Departamento de Educación, la cual concluyó con el arresto de varios educadores. Este tipo de protestas, dijo, es una de las opciones que quedan ante la violación que representa mantener las escuelas cerradas.
“Esto es un ‘issue’ político donde el pueblo tiene que presionar al gobierno. Creo que la federación hizo lo correcto y la Asociación de Maestros debería hacer lo mismo. Hay que poner presión sobre el gobierno. Están recostados porque los hijos de ellos no están afectados”, afirmó Ramírez.
El interés del gobierno en velar por la seguridad de estos menores, indicó, debe incluir también velar que no estén en las calles cuando deberían estar en la escuela.
“Esa seguridad incluye que no estén en la calle, sujetos a que se les acerquen gangas, personas que los recluten para ese mundo de venta de drogas. Es lo que la Fundación Ricky Martin ha señalado, que están sujetos a que los señalen para trata humana. El gobierno tiene que procurar que los niños estén en la escuela y no en la calle”, afirmó Ramírez.
“Se ha dicho que hay escuelas que están en perfectas condiciones, que tienen agua y luz. La pregunta es por qué no las abren”, agregó.
La Sección 5 de la Constitución de Puerto Rico garantiza la instrucción pública y dice que habrá un sistema “libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria”.
