Defienden proyecto que establece nueva reforma universitaria

La Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (Cmru), defendió este lunes el Proyecto del Senado 172, que establece la nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), a la vez que le salió al paso a los rectores que alertaron que la medida pondría en riesgo la acreditación institucional.

En una conferencia de prensa, la Cmru confirmó que la medida fue sometida a petición suya. El proyecto fue radicado el pasado 4 de febrero con el apoyo de 14 senadores y senadoras de tres partidos políticos y el legislador independiente José Vargas Vidot. Actualmente, está referida a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura.

“La Cmru logró la encomienda de desarrollar un anteproyecto, para una nueva ley universitaria con la amplia participación de representantes de todos los sectores de la universidad”, dijo el representante docente del Recinto de Mayagüez, Juan Carlos Martínez Cruzado.

En síntesis, la medida -según establece su título- busca “dotar a la universidad de herramientas imprescindibles para garantizar su autonomía, permitiéndole así contar con los recursos necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de su misión”. Además, derogaría la Ley 1 de 1966, según enmendada, que fue creada con el propósito de reorganizar la UPR, reafirmar y robustecer su autonomía y facilitar su continuo crecimiento.

Otro de los cambios de la medida es que deroga la Junta de Gobierno y crea un Consejo Universitario como cuerpo rector de la UPR. El mismo estaría compuesto por seis representantes universitarios electos y siete miembros de la comunidad externa nombradas por el gobernador Pedro Pierluisi.

De igual manera, la medida transfiere poderes de la Junta de Gobierno y de la Oficina del Presidente de la UPR a la Junta Universitaria, los 11 senados académicos y los departamentos. También restituye la asignación de fondos mediante fórmula presupuestaria.

Lida Orta, representante docente del Recinto de Ciencias Médicas ante la Cmru, manifestó que la medida busca dotar a la UPR con una gobernanza democrática y rigurosa “que ponga el principio de mérito por encima de las afiliaciones político-partidistas que tanto daño e inestabilidad le han causado a nuestra universidad”.

“Los universitarios llevamos décadas impulsando reformas y anteproyectos de ley para evitar la intervención político-partidista en la UPR. Los nombramientos a la Junta de Gobierno y a la presidencia se han impuesto desde Fortaleza, usualmente como premio por lealtad al partido político en el poder”, abundó Orta.

En tanto, Abel Urban Ríos, representante estudiantil del Recinto de Mayagüez ante la Cmru, exhortó a toda la comunidad universitaria, a los consejos generales de estudiantes, a los gremios sindicales, a los departamentos y facultades, a los rectores y demás organismos a que expresen su apoyo a la medida.

“De aprobarse, esta sería una nueva ley para la UPR atemperada a los tiempos, la dotaría de una mayor autonomía y la fortalecería en su capacidad para impulsar, con sostenibilidad, el desarrollo humano, socioeconómico y cultural, que tanto necesita nuestro Puerto Rico”, mencionó Urban Ríos.