Reforma universitaria

Desde la izquierda, el representante estudiantil y el representante docente del Recinto de Mayagüez, Abel Urban Ortiz y Juan Carlos Martínez Cruzado, respectivamente y la representante docente del Recinto de Ciencias Médicas, Lida Orta. >Josian E. Bruno Gómez/EL VOCERO

Integrantes de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) defendieron ayer el Proyecto del Senado 172, que establece la nueva Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), toda vez que le salieron al paso a los rectores que alertaron que la medida pondría en riesgo la acreditación institucional.

En una conferencia de prensa, la CMRU confirmó que la medida fue sometida a petición suya. El proyecto fue radicado el pasado 4 de febrero con el apoyo de 14 senadores y senadoras de tres partidos políticos y el legislador independiente José Vargas Vidot. Actualmente, está referida a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura.

“La CMRU logró la encomienda de desarrollar un anteproyecto, para una nueva ley universitaria con la amplia participación de representantes de todos los sectores de la universidad”, dijo el representante docente del Recinto de Mayagüez, Juan Carlos Martínez Cruzado.

En síntesis, la medida —según establece su título— busca “dotar a la universidad de herramientas imprescindibles para garantizar su autonomía, permitiéndole así contar con los recursos necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de su misión”. Además, derogaría la Ley 1 de 1966, según enmendada, que fue creada con el propósito de reorganizar la UPR, reafirmar y robustecer su autonomía, además de facilitar su continuo crecimiento.

Otro de los cambios de la medida es que deroga la Junta de Gobierno y crea un Consejo Universitario como cuerpo rector de la UPR. Este estaría compuesto por seis representantes universitarios electos y siete miembros de la comunidad externa, nombradas por el gobernador.

De igual manera, la medida transfiere poderes de la Junta de Gobierno y de la Oficina del Presidente de la UPR a la Junta Universitaria, los 11 senados académicos y los departamentos. También restituye la asignación de fondos mediante fórmula presupuestaria.

Lida Orta, representante docente del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) ante la CMRU, manifestó que la medida busca dotar a la UPR con una gobernanza democrática y rigurosa “que ponga el principio de mérito por encima de las afiliaciones político-partidistas que tanto daño e inestabilidad le han causado a nuestra universidad”.

“Los universitarios llevamos décadas impulsando reformas y anteproyectos de ley para evitar la intervención político-partidista en la UPR. Los nombramientos a la Junta de Gobierno y a la presidencia se han impuesto desde Fortaleza, usualmente como premio por lealtad al partido político en el poder”, abundó Orta.

En tanto, Abel Urban Ríos, representante estudiantil del Recinto de Mayagüez ante la CMRU, exhortó a toda la comunidad universitaria, a los consejos generales de estudiantes, a los gremios sindicales, a los departamentos y facultades, a los rectores y demás organismos a que expresen su apoyo a la medida.

“De aprobarse, esta sería una nueva ley para la UPR atemperada a los tiempos, la dotaría de una mayor autonomía y la fortalecería en su capacidad para impulsar, con sostenibilidad, el desarrollo humano, socioeconómico y cultural que tanto necesita nuestro Puerto Rico”, mencionó Urban Ríos.

Reacciona el gobernador

Por su parte, el primer ejecutivo del País, Pedro Pierluisi, dijo que la UPR puede contar con su apoyo siempre. “Mi política pública es de cero recortes adicionales. Siempre he respetado la autonomía universitaria y ese continuará siendo mi proceder. La meta tiene que ser empoderar a la universidad, apoyar su gestión y fiscalizar que los fondos sean bien utilizados”, sostuvo Pierluisi. “Todos queremos fortalecerla y debemos asegurar que no se afecte la acreditación o el acceso a fondos federales”, puntualizó.

Precisamente, los rectores de la UPR han dicho que la medida pondría en riesgo la acreditación del primer centro docente del País. En una carta dirigida a los miembros de la Asamblea Legislativa, los rectores mencionaron que el proyecto de ley no cumple con los estándares de acreditación que exige la Middle States Commission On Higher Education (Msche), lo que colocaría en riesgo los fondos federales que recibe la institución del Departamento de Educación federal.

Entre otros defectos de la medida, señalaron que paralizaría el sistema universitario al crear las condiciones para que la universidad sea más burocrática y menos ágil. Además, mueve el poder decisional ejecutivo a cuerpos de gobernanza cuyos miembros no tienen responsabilidad fiduciaria, creando serios conflictos de interés, según mencionaron.