Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU)

 Los representantes del sector estudiantil ante la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), Consejos Generales de Estudiantes y la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresan su apoyo al Proyecto del Senado 172 de nueva Ley Universitaria. 

A casi tres meses de que se haya radicado en el Senado la medida que establece la Ley de la Universidad de Puerto Rico (UPR), representantes estudiantiles hicieron hoy nuevamente un llamado a la Asamblea Legislativa para que apruebe el proyecto que “busca atender los reclamos históricos” que se han hecho en torno al primer centro docente del país.

De igual manera, los estudiantes denunciaron los recortes presupuestarios exigidos por la Junta de Control Fiscal como responsables del problema de acreditación del Programa de Residencia de Neurocirugía del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

“No nos consta que alguno de los programas académicos -que tanta diversidad tiene el RCM como los demás de la UPR- estén bajo este mismo panorama, pero no nos sorprende que próximamente estén alzándoles banderita roja relacionado al mismo, ya que el aspecto de la estabilidad fiscal y financiera es un criterio común en distintas agencias acreditadoras”, dijo Juan José De Jesús Oquendo, presidente del Consejo General de Estudiantes del RCM, en una conferencia de prensa celebrada ayer.

En esa línea, Marina Rodríguez, representante ante la Junta Universitaria del Recinto de Río Piedras, planteó que le parece hipócrita de parte de la Junta de Control Fiscal que ahora se muestren sorprendidos con la situación cuando no es nada nuevo.

“El programa estaba en probatoria. Además, sabemos los efectos que iban a tener los recortes presupuestarios a la UPR. Ahora se están dividiendo las culpas entre si la tenía el gobierno, la administración o la Junta de Control Fiscal, es una culpa compartida. La junta exigió unos recortes y la administración no fue quien de ponerle un alto”, sostuvo.

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Representantes del sector estudiantil ante la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), Consejos Generales de Estudiantes y la Junta Universitaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR). 

En medio de este panorama, los representantes estudiantiles ante la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU), coincidieron en que el Proyecto del Senado 172, que crearía esta nueva ley de reforma universitaria, entre otras cosas, despolitizaría el sistema de la UPR y lo haría más accesible a los estudiantes.

“Basta ya de que la administración universitaria siga evadiendo su responsabilidad por decisiones que nos afectan directamente a nosotros los estudiantes. Nos urge una universidad donde se sigan los procesos, donde nuestra voz tenga valor y que la toma de decisiones sea transparente y democrática. Nos urge, por tanto, que se apruebe el PS-172”, dijo Rodríguez.

Precisamente, Abel J. Urban Ríos, estudiante del Recinto de Mayagüez y representante ante la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, solicitó el apoyo de todos los sectores y organizaciones para juntos impulsar el que la legislatura realice vistas públicas y se apruebe una nueva ley de reforma universitaria.

“El Proyecto del Senado 172, radicado el pasado 4 de febrero de 2021 por 14 senadores y senadoras de diferentes partidos políticos y el senador independiente, a petición de la CMRU, busca atender los reclamos históricos por la UPR”, dijo Urban Ríos.

La medida fue referida a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, presidida por la legisladora Ana García Montes.

Pero la administración de la UPR ha expresado su oposición a la medida por considerar que pondría en riesgo la acreditación del principal centro docente del País. De hecho, los 11 recortes de la UPR han planteado que la medida no cumple con los estándares de acreditación que exige la Middle States Commission on Higher Education, un argumento que ha sido refutado por los representantes estudiantiles y hasta senadores.

Mientras, la junta fiscal ha catalogado como “inaceptable” la pérdida de acreditación del programa de neurocirugía. “Si la UPR redujo los fondos, no tenía razón para hacerlo. La UPR debe reducir la duplicidad admin. (administrativa) en los 11 recintos”, dijo.

En cambio, el RCM apuesta a apelar la decisión y trabajar en los señalamientos que se han hecho al programa desde el 2018 por la agencia acreditadora.

Sin embargo, los estudiantes plantearon que enviaron cartas al gobernador Pedro Pierluisi y la junta fiscal durante este mes con la intención de sostener una reunión.