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El presidente de la Asociación de Maestros favoreció el proyecto cameral, pero con enmiendas para que el salario base fluctúe entre $3,000 y $3,500. > Archivo / EL VOCERO

 

 
 

El Departamento de Educación (DE) ofreció versiones distintas en la vista pública de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes en la que se evaluaba el proyecto que propone establecer un salario base de $2,700 mensuales para los maestros.

El Proyecto de la Cámara 513 dispone un alza salarial a los maestros a partir del 1ro de julio. El salario base actual de los maestros es de $1,750 mensuales, lo cual significa que de aprobarse la medida, el alza salarial sería de $950. El salario base de los maestros se fijó hace 13 años y no se revisa desde 2008 bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá.

Elba Aponte no comparece

A la vista fue citada la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, pero esta no compareció. En cambio, envió una ponencia a la comisión legislativa firmada por la secretaria auxiliar de asuntos legales y política pública del DE, Yaritza Maldonado Rivera. En el documento la agencia no especificó si estaba a favor de la medida y pidió que se tomaran en consideración los comentarios de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

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La representante popular Deborah Soto cuestionó el hecho de que personal del Departamento de Educación no acudiera a la vista. > Archivo / EL VOCERO

 

 
 

“En la mañana de hoy (ayer) el DE escribió una ponencia, no están aquí y aun así se citaron. No se excusaron y también están cuestionando que no se le hizo la invitación cuando sí tenemos la evidencia de que se le hizo carta como a todos los deponentes”, informó la representante popular Deborah Soto, presidenta de la comisión cameral de Educación.

Dos horas después de iniciar la vista, Maldonado Rivera llegó al salón de audiencias y modificó el lenguaje de la ponencia al indicar que la secretaria está a favor de la medida legislativa, aunque aclaró que “siempre y cuando aparezcan los fondos”.

La funcionaria alegó que la ponencia enviada por el DE era un “borrador” que entregó la OGP a la Legislatura sin autorización. “Descártenla”, respondió al ser cuestionada por los representantes. “En ningún momento se le remitió o se le autorizó a la OGP de que se le enviara la ponencia a la comisión”, agregó.

Expuso que tenía una nueva ponencia favoreciendo la medida, aunque no la presentó. “Se está aclarando a la honorable presidenta que esa ponencia que tienen se remitió a la OGP y ellos la remitieron con la de ellos. Esta mañana nosotros sometimos una enmendada porque esa no la referimos a la oficina, se refirió a la OGP, que en la mañana de ayer fue que nos cursaron el proyecto para que nosotros reaccionáramos”, expresó.

Señaló, sin embargo, que la nueva ponencia “es básicamente la misma y lo que elimina es un párrafo”, y no afirma si la agencia está a favor o en contra de la medida. “La posición de la secretaria es que se le pueda establecer un salario base que supera el actual de $1,750 mensuales por múltiples factores”, señaló Maldonado Rivera.

La secretaria auxiliar de asuntos legales del DE no pudo ofrecer números sobre la cantidad de maestros que compone la plantilla y pidió 24 horas para proveer la información a la Cámara. En ese entonces, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, acudió en auxilio y agregó que la plantilla de maestros transitorios fluctúa entre 3,000 y 4,000, y que la plantilla regular asciende 26,000.

Bonilla Sánchez, a su vez, favoreció el proyecto cameral, pero con enmiendas para que el salario base fluctúe entre $3,000 y $3,500.

“Entendemos que la situación no aguanta más. En la medida en que se siga dilatando el aumento salarial a los maestros y maestras, menos profesionales vamos a tener en el País, y más aumento habrá en la salida de estos del País”, alertó.

El director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco, explicó que el presupuesto para el próximo año fiscal no contempla el dinero para aumentarle el salario a los maestros y advirtió que este proyecto puede tener un impacto fiscal significativo. También mencionó que no ha tenido una conversación específica con Aponte sobre el aumento salarial.

“Hay una manifestación clara de política pública del gobernador y de todos los que respondemos a él de que tenemos que mirar el tema de la compensación dentro del gobierno como un elemento de política pública. Dentro de ese panorama está la educación”, afirmó.

Molestos los legisladores

Los representantes reclamaron respeto a los funcionarios del DE y pidieron conocer la posición de la secretaria. Soto informó que la comisión recibió la ponencia a través de la secretaria auxiliar de Asuntos Legales y Política Pública, Awilda Orozco Betancourt.

“Sé que han expuesto para récord que la secretaria designada avala este proyecto, pero a mí me da la impresión de que ustedes no tienen buena comunicación porque desde que comenzamos no tienen los números y nos solicitan días para entregarla. Creo que el magisterio espera más del personal que dirige el DE”, afirmó Soto.

“Estas vistas públicas quedan grabadas y no solamente nosotros como legisladores nos merecemos respeto, sino que también el magisterio merece el respeto. Fui educadora y conozco de primera mano por lo que están pasando los maestros y maestras. Nos merecemos respeto de las personas que ocupan los puestos en el DE”, agregó.

En tanto, el representante independentista Denis Márquez señaló que la comparecencia del DE “fue de última hora a raíz de todo lo que ha pasado en las vistas, porque lo que dijo la licenciada Maldonado es contrario a lo que dice la ponencia”.

“Ahora me parece que están viendo la ponencia y saben que el nombramiento de la secretaria pende de un hilo y vinieron aquí a congraciarse, pero a la primera pregunta no hay contestación. Es realmente alarmante que los directivos de recursos humanos y presupuesto no le pueda decir a la Legislatura cuántos maestros y cuántos son permanentes y cuántos son transitorios”, sostuvo.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.