UPR

>Archivo/EL VOCERO

La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) expresó su oposición al Proyecto del Senado 172 que propone una reforma universitaria por considerar que su aprobación podría poner en riesgo la acreditación de la institución, entre otras consecuencias adversas.

“El problema que tenemos aquí (con el P del S 172) es que mucha de la autoridad y el poder decisional que sale de la Junta de Gobierno, la asume en este proyecto la Junta Universitaria”, señaló el rector del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Agustín Rullán.

“Se limita a la Junta de Gobierno a ratificar las cosas que salgan de la Junta Universitaria, y no se le da la potestad de tener ninguna iniciativa o poder ejercer como árbitro cuando haya que tomar algunas decisiones difíciles”, añadió.

De acuerdo con Rullán, la forma en que debe estar establecida la estructura, deberes y responsabilidades de una Junta de Gobierno universitaria “está claramente establecida en el Estándar Número VII de la ‘Middle State’ (on Higher Education)”.

Rullán reiteró que la Junta de Gobierno “tiene que representar el interés público y tiene que tener responsabilidad fiduciaria”, siendo esto último algo que el proyecto de ley le resta a lo que sería la nueva junta.

Sobre la pieza legislativa

El administrador universitario detalló que la composición de la Junta Universitaria incluiría 11 profesores universitarios —uno por cada recinto—, 11 representantes estudiantiles —uno por cada recinto—, los 11 rectores de los recintos y al presidente de la UPR.

“Ahí tienes a dos terceras partes (del ente) de donde procede la autoridad, que son electos por un año y no tienen mayor responsabilidad que asistir a las reuniones y emitir su voto”, señaló para ejemplificar cómo es que el proyecto de ley le resta responsabilidad al nuevo ente propuesto.

De igual manera, Rullán cuestionó la composición de lo que sería la Junta de Gobierno de la UPR, y que se identifica como Consejo Universitario.

“Yo creo que es importante que la voz de los profesores y la voz de los estudiantes estén en la Junta de Gobierno. Pero en este proyecto aumenta de tres a seis ese tipo de miembros… ahora serían tres estudiantes y tres profesores… Y allí, en la Junta de Gobierno se discuten asuntos con los que los estudiantes y los profesores tendrían claramente un conflicto de interés. Y tendrían un peso mayor en asuntos en los que tendrían un conflicto de interés”, argumentó el rector del RUM, antes de citar, a manera de ejemplo, un hipotético aumento salarial para los profesores universitarios.

“Subir o bajar los sueldos, o decisiones como esas, pues el poder va a estar en personas que tienen un interés porque si voto que sí, mi sueldo se baja”, dijo Rullán.

Cuestionado sobre la aparente intención de la pieza legislativa de tratar de atender la denuncia histórica de falta de representación en los distintos sectores de la comunidad universitaria en las estructuras decisionales de la UPR, el rector mayagüezano admitió que esa puede ser la intención, sin embargo, sostuvo que el asunto de la representatividad no es el problema principal que plantea el proyecto de ley.

“El conflicto es que en muchas decisiones que se han tomado históricamente, la voz y la opinión de la comunidad universitaria no se ha tomado en cuenta como tiene que tomarse en cuenta. Y la solución que se propone es, pues, tomar el poder”, sostuvo.

“Yo creo que hay otras formas de mantener la acreditación y la responsabilidad fiduciaria y establecer un marco de ley donde se obligue a que la voz de la comunidad universitaria siempre esté en las decisiones que se tomen”, apuntó Rullán.

El letrado considera que no todo el proyecto de ley “es terrible” porque el mismo parte de ocho principios filosóficos que dijo admirar, pero que sin embargo, le dan al proyecto “una ejecución que yo creo es incorrecta y nos va a traer los problemas que estamos planteando”.

El P del S 172 fue presentado por el senador José Vargas Vidot, a petición de la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria.