Aida Díaz

La historia se repitió. Nuevamente las comunidades escolares en el País se estremecieron ante el arresto de la exsecretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, funcionaria que encaminó la Ley 85-2018 de Reforma Educativa, cerró más de 400 escuelas, estableció el proceso para las escuelas públicas Alianza y los vales educativos.

Keleher, la misma funcionaria que utilizaba con frecuencia la frase “todo por los niños”, fue acusada ayer por un gran jurado federal junto a otras cinco personas por defraudar al gobierno federal en tres diferentes esquemas en el otorgamiento de contratos millonarios.

Recuerdan caso de Víctor Fajardo

“Este es el escándalo más grande que ha habido en la historia de este país en educación, mucho más grande que Víctor Fajardo”, expresó la presidenta de la presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), Liza Fournier Córdova.

El DE no enfrentaba un escándalo de esta magnitud desde el arresto del exsecretario de la agencia, Víctor Fajardo, quien fue convicto en el año 2000 por desviar sobre $4 millones hacia su bolsillo y las arcas del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Todos los sindicatos siempre denunciamos la corrupción que había dentro del DE con los contratos que habían de Tus Valores Cuentan y con todo esto. Esto es una vergüenza para el País, los sindicatos estábamos contando los días porque sabíamos que había aquí un esquema de fraude, venta de influencias, de desvío de fondos, se habla de lavado de dinero”, sostuvo Fournier, en entrevista con EL VOCERO.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez, recordó que su sindicato pidió por mucho tiempo la remoción de esta secretaria y exigió nuevamente la derogación de la Ley 85.

“Si el gobernador de turno —que ha tenido una de las administraciones más corruptas en nuestra historia, igual que la administración de su padre (Pedro Rosselló)— quiere hacer algo al respecto, pues cuando llegue que dé un paso adelante y que derogue esa Ley 85 que va a generar mayores esquemas de corrupción”, sostuvo a este medio.

“Una vergüenza” para el DE

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, comentó que da mucha pena y es doloroso porque es un ser humano, pero es una vergüenza nuevamente para el DE.

“En muchas ocasiones y de forma pública le reclamamos al gobernador y a los presidentes del Senado y de la Cámara que la interpelaran porque claramente no respetaba las leyes, pero hicieron caso omiso. Señalamos muchas veces la forma arbitraria de los cierres de escuelas, los contratos millonarios que otorgaba y sus erráticas acciones, hoy día nos vuelven a dar la razón”, expresó Díaz.

En tanto, el grupo magisterial Educamos envió un comunicado de prensa en donde señalan que “si las acusaciones se relacionan con lavado de dinero y es cierto que investigan sus finanzas, en el DE hay mucha tela para cortar, empezando con todos esos contratos que hemos denunciado y que el magisterio ha señalado por el desvío de fondos que pudieron haber llegado a las escuelas o pudieron haber significado un reconocimiento a nuestro trabajo a través de un aumento de salario digno y justo”.

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