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El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez. > Josian E. Bruno Gómez / EL VOCERO

 

 
 

A menos de una semana de que las escuelas públicas y privadas que cumplan con el protocolo establecido por el Departamento de Salud (DS) reanuden las clases presenciales en medio de la pandemia del covid-19, crece la preocupación entre las organizaciones que representan a los maestros por la forma en que se ha llevado a cabo el proceso.

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Bonilla Sánchez, expresó ayer que las clases presenciales en el sistema de enseñanza pública deberían comenzar en agosto. Manifestó que el Departamento de Educación (DE) no les ha informado el número ni el nombre de las escuelas que han sido autorizadas a recibir estudiantes, pese a que la organización es el representante exclusivo de los maestros que laboran en el sistema público.

La secretaria designada de Educación, Elba Aponte, adelantó el domingo a EL VOCERO que el anuncio lo hará este próximo jueves. Sin embargo, la información que ha recibido la AMPR por parte de directores y maestros indica que unas 23 escuelas estarían abriendo.

Los planteles están ubicados en los municipios de Ponce, Bayamón, Toa Baja, Yauco, Corozal, Arroyo y Rincón, según la información que tenía ayer la AMPR. “Estamos totalmente de acuerdo en que sería cuesta arriba que se pueda reabrir (y comenzar con) las clases presenciales”, sostuvo.

Bonilla Sánchez consideró indignante que los padres no sepan si la escuela donde estudia su hijo es una de las que reabrirá en esta fase. “Nosotros hemos hecho nuestro ejercicio de responsabilidad y ya nosotros podemos saber de 23 escuelas que se han filtrado, cómo está la situación de la escuela en planta física, si tiene la facultad, si tiene el personal de enfermería”, manifestó.

La AMPR había hecho un sondeo y el 92% de los maestros comunicó que estaba de acuerdo con iniciar los trabajos ahora en marzo. “Quiero dejar claro que el maestro va a ir a trabajar porque el maestro es responsable con impartir el pan nuestro de la enseñanza. Si determinan abrir 10 escuelas en marzo —como es el propósito del gobierno— sé que los compañeros maestros van a estar ahí por su compromiso, por su lealtad”, sostuvo Bonilla Sánchez.

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Grichelle Toledo, secretaria de la Local Sindical de la AMPR. 
 

Por su parte, la secretaria general de la Local Sindical de la AMPR, Grichelle Toledo, expresó que hay varias cosas que les preocupan. “Aunque el protocolo —como bien hemos establecido— es un documento completo y está bien estructurado en algunas partes, levanta unas preocupaciones porque conocemos el uso y costumbre de Educación”, sostuvo Toledo.

Victoria para transitorios

Ayer en la conferencia de prensa, se catalogó de victoria a favor del magisterio puertorriqueño que el pasado viernes el Tribunal de San Juan emitió una orden de ejecución de sentencia, para que se pague el aumento de salario de $500 anuales a los educadores transitorios, conforme a lo aprobado en el plan fiscal 2019-2020.

Sin embargo, todavía falta que el tribunal emita la orden de ejecución de sentencia para que se proceda con el pago del aumento de $1,500 anuales que fue aprobados como parte del plan fiscal 2018-2019, del que ya la AMPR posee una sentencia a favor de los maestros transitorios. La AMPR está esperanzada en que el tribunal resuelva de igual forma.

El gremio magisterial estima que por lo general, el DE tiene sobre 5,000 maestros transitorios todos los años, por lo que entienden es un grupo “grande” de educadores el que estaría recibiendo el aumento.

Ante el anuncio, la designada secretaria de Educación —quien fue presidenta de la AMPR—reaccionó diciendo: “Como le había anticipado a la Asociación de Maestros, (en) el Departamento de Educación cumpliremos con el pago (de) los maestros transitorios. Esto significa un desembolso de $22.7 millones. Ya se iniciaron los trámites con OGP. Siempre respaldaremos toda iniciativa que sea en beneficio (de) nuestros educadores”.