AWOL Weapons Congress

De izquierda a derecha, el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU, general Mark Milley, el secretario de Defensa Lloyd Austin, y el general Kenneth McKenzie, comandante del Comando Central, testifican ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la conclusión de las operaciones militares en Afganistán, en el Capitolio en Washington, el 29 de septiembre de 2021.

El Congreso de Estados Unidos está dispuesto a obligar a las fuerzas armadas del país a dar un mejor seguimiento de sus armas y explosivos imponiendo nuevas reglas en respuesta a una investigación de The Associated Press que mostró que las armas de fuego robadas de bases estadounidenses con frecuencia terminan siendo usadas en crímenes violentos.

Según las propuestas, el Departamento de Defensa informaría más, tanto a los legisladores como a las autoridades civiles encargadas de hacer cumplir la ley, sobre las armas que desaparecen de las armerías, los envíos y los depósitos militares.

En general, la AP descubrió que durante la década de 2010 se perdieron o robaron al menos 2,000 armas de fuego del Ejército, la Infantería de Marina, la Armada o la Fuerza Aérea.

Incluso mientras las armas seguían desapareciendo en los últimos años, el Departamento de Defensa dejó de informar al Congreso sobre la mayoría de las pérdidas o robos. Ese fue uno de los hallazgos de una investigación que mostró cómo fusiles de asalto, pistolas, granadas y otras armas terminaron en las calles de la nación.

Los legisladores tanto de la Cámara de Representantes como del Senado respondieron con versiones más estrictas de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, un marco jurídico que establece prioridades políticas para el Pentágono.

En las próximas semanas, los legisladores resolverán las diferencias entre las dos versiones de la ley para enviar una versión sintetizada al escritorio del presidente para su promulgación. Por ejemplo, el Senado prevé que se emitan más informes al FBI, mientras que la cámara baja se centra en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

En entrevistas, funcionarios militares han reconocido numerosos problemas con la forma en que dan seguimiento a las armas en las vastas cadenas de suministro de los militares.

El presidente del Estado Mayor Conjunto, general Mark Milley, dijo a los senadores en junio que buscaría una "solución sistemática" dentro del Departamento de Defensa, independientemente de lo que haga el Congreso.