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Las clínicas de planificación familiar podrán referir pacientes a proveedores de aborto.(AP)

WASHINGTON — El gobierno del presidente Joe Biden anuló hoy, lunes, la prohibición a las clínicas de planificación familiar relacionada al referido de pacientes a proveedores de aborto, eliminando así una restricción de la era Trump, mientras las batallas políticas y legales sobre la interrupción del embarazo se agudizan desde Texas hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) dijo que su nueva regulación restaurará el programa federal de planificación familiar a la forma como funcionaba bajo la administración de Obama, cuando las clínicas podían referir a las mujeres que querían abortar con proveedores de ese servicio. El objetivo es “reforzar y restaurar” los servicios, dijo el secretario del HHS, Xavier Becerra.

Los grupos que representan a las clínicas de planificación familiar dijeron que esperan que la medida adoptada por el gobierno de Biden logre que regresen alrededor de 1,300 instalaciones locales que se fueron en protesta por las políticas de Trump, lo que ayudaría a estabilizar un añejo programa que ha sido sacudido por la pandemia de coronavirus además de las batallas ideológicas.

“He oído que en casi todo el país la gente ha tomado la decisión de que las condiciones serán buenas para volver al programa”, dijo en una entrevista Clare Coleman, presidenta del grupo que engloba a la National Family Planning & Reproductive Health Association. “Mi sensación es que la gente ha estado esperando la medida”.

Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto, dijo en Twitter que sus centros de salud esperan regresar. El grupo criticó parte de la regla de la administración de Biden que permite a los médicos particulares que se oponen al aborto no proporcionar referencias. La administración dijo que eso es “de conformidad con la ley federal aplicable”.

El programa, financiado por los contribuyentes y conocido como Título X, pone a disposición de las clínicas más de $250 millones al año para que proporcionen servicios de control de la natalidad y de atención médica básica, sobre todo a mujeres de bajos ingresos, muchas de ellas de comunidades minoritarias.

Bajo el mandato del expresidente Donald Trump, se prohibió a las clínicas de planificación familiar enviar a las pacientes con proveedores de abortos, lo que provocó una salida masiva de profesionales de este servicio afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.

Los grupos de mujeres tacharon la política de Trump de “ley mordaza”, y las organizaciones médicas la calificaron de violación de la relación médico-paciente. Pero los conservadores religiosos y sociales elogiaron la política por imponer una estricta separación entre los servicios de planificación familiar y el aborto. Según la ley federal, las clínicas no podían utilizar dinero federal para pagar abortos.

En 2018, las clínicas de planificación familiar atendieron a unos 3.9 millones de personas, pero el HHS estima que esa cifra cayó casi un 40% tras la política de Trump. El cambio pudo haber llevado a más de 180,000 embarazos no deseados, dijo la agencia. En total, más de una cuarta parte de las clínicas abandonaron el programa. Aunque varios estados intervinieron con su propia financiación sin ataduras, las mujeres de algunas partes del país perdieron el acceso al servicio.

La nueva política para las clínicas de planificación familiar entrará en vigor el 8 de noviembre.