Cuba Private Business

Carlos Gómez, de 35 años, propietario de la productora audiovisual Wajiros Films, posa para una foto en la sala de edición de su empresa en La Habana, Cuba.

Abrir un pequeño negocio es un dolor de cabeza burocrático en muchas partes del mundo. En Cuba, es una aventura en un territorio en gran parte desconocido.

La mayoría de los negocios privados han estado prohibidos durante más de 50 años, aunque cientos de miles de cubanos se han aprovechado en los últimos años de las reformas que han abierto grietas para la pequeña empresa privada ante el sólido muro de la economía socialista dominada por el Estado.

Ahora, tras cinco años de espera, el 20 de septiembre entra en vigor un nuevo sistema legal que podría ampliar en gran medida el alcance de los negocios privados, y darles mayor seguridad jurídica en los esfuerzos por ayudar a una economía en crisis.

Cautelosos o entusiastas, los empresarios están preocupados por un sistema de crédito ineficiente, la exigencia de contar con dólares estadounidenses que el propio Estado no vende y las limitaciones para contratar servicios profesionales.

"Saber que puedo tener una empresa, un negocio en Cuba, en mi país, invertir, arriesgarme en los mercados y que eso está respaldado por la ley... es una tranquilidad para mí", dijo Carlos Gómez, propietario de 35 años de la productora audiovisual Wajiros Films.

La empresa ha realizado al menos 35 películas desde su apertura en 2017, cortos, largos y coproducciones internacionales, todas bajo la etiqueta de "colectivo de creación artística" pero sin personalidad jurídica. Eso conlleva consecuencias negativas como la imposibilidad de tener cuentas bancarias, la falta de distinción entre el patrimonio empresarial y el familiar y la imposibilidad de importar equipos.

A finales de agosto, las autoridades cubanas publicaron en la Gaceta Oficial una veintena de normas que permiten y regulan las pequeñas y medianas empresas (pymes), que fueron eliminadas en 1968 en una ofensiva revolucionaria contra los últimos vestigios de la propiedad privada.

En aquella época, los almacenes, bares o talleres de reparación fueron cerrados o absorbidos por el Estado, que se esforzaba por gestionar esos negocios de forma eficiente.

Pero el gobierno legalizó una forma de autoempleo muy limitada -pero legal- a principios de los años 90 para hacer frente a la crisis provocada por el colapso de la ayuda soviética. Impuso y exprimió, pero nunca eliminó el sector.

Los dirigentes cubanos siempre se habían mostrado incómodos con la actividad económica privada, describiéndola anteriormente como un mal necesario para proporcionar los puestos de trabajo y los servicios que el Estado no podía ofrecer en tiempos difíciles. El gobierno también se había quejado de la desigualdad asociada al trabajo por cuenta propia, ya que un trabajador privado podía ganar mucho más que un trabajador estatal.

Pero a partir de 2010, el ex presidente Raúl Castro reconoció la falta de productividad y abrió ligeramente la economía a la iniciativa individual. Algunos negocios acabaron teniendo más de 50 empleados a pesar de ser oficialmente "autónomos".

En 2019, antes de la pandemia y de los efectos de las sanciones estadounidenses que asfixiaron la economía, había unos 600,000 trabajadores ''por cuenta propia'', la mayoría vinculados al mercado turístico.

"Uno estaba vinculado a una licencia de 'autoempleo' que tenía muchas limitaciones. Con la legalización (de las pymes) se abren nuevas posibilidades y perspectivas. Entre ellas, el reconocimiento de varios socios en un negocio y la personalidad jurídica", explica Lauren Fajardo, diseñadora y copropietaria de Dador, un taller de confección creado por ella y dos amigas que daba empleo a unas 10 personas. Como otros cientos de iniciativas, el negocio se ha paralizado por la pandemia.

La nueva normativa establece que las pymes -un estatus obligatorio para las empresas con más de tres trabajadores- se constituirán como sociedades "de responsabilidad limitada" que deberán ser aprobadas por el Ministerio de Economía.

Podrán tener hasta 100 empleados y se les permitirán todas las actividades excepto las que el Estado reserve como estratégicas -educación, sanidad, defensa, gestión de residuos y minería, entre otras-.

Habrá limitaciones para los servicios profesionales. No se permitirá la constitución de empresas de este tipo ni su ejercicio independiente, por lo que arquitectos, ingenieros o abogados no estarán autorizados a crear despachos pero sí podrán ser contratados como personal de las pymes.

"Lo positivo de estas normas es que han llegado... Creo que es el momento de pensar en cómo aprovecharlas y que éstas realmente contribuyan al crecimiento del país", dijo el economista Omar Everleny Pérez.

Expertos y empresarios habían pedido las leyes desde hace más de cinco años. Se publicaron en medio de una crisis con una caída del 11% del PIB en 2020, un desabastecimiento de productos básicos y un crecimiento del mercado negro. La tensión social llegó a tal punto que en julio hubo inusuales y masivas manifestaciones de protesta en la isla.

Ahora que hay leyes, los empresarios han comenzado a evaluar su impacto. La AP habló con más de una docena de ellos y algunos prefirieron no dar sus nombres para analizar a fondo sus preocupaciones.

Una de las preguntas entre quienes han establecido negocios, por ejemplo, es cómo se certificará el capital o la maquinaria, ya que muchos fueron adquiridos irregularmente o rescatados de talleres estatales abandonados.

Muchos se preguntan cómo funcionará el sistema de crédito en pesos cubanos si las materias primas se adquieren en dólares, o cómo se obtendrán bienes como los vehículos que el Estado no ofrece o permite traer del exterior, o si los empleados podrán tener sindicatos.

Un aspecto que preocupa es que la ley permite a los ciudadanos cubanos y a los residentes permanentes en el país abrir sociedades de responsabilidad limitada, o SRL. Pero excluye a los emigrantes, que en muchos casos son los verdaderos dueños de las empresas que ya están funcionando, o propietarios del capital necesario para formar una pyme.

Además, las autoridades informaron de que lo que se abrirá el 20 de septiembre es una "convocatoria" para registrar SRL y cooperativas pero por sectores, empezando por las de producción de alimentos o de base tecnológica. Muchos emprendedores se preguntan cuánto tiempo tendrán que esperar para obtener una cita si están fuera de las áreas consideradas clave por el Gobierno, a pesar de que sus iniciativas generarán empleos.

"La gente busca entender, comprender el contexto y sobre todo encontrar oportunidades para impulsar proyectos", dijo Oniel Díaz, cofundador de la consultora Auge.

Díaz mantuvo charlas de asesoramiento con empresarios para discutir la ley. Durante los encuentros, señaló un cambio que podría mostrar el futuro de las pymes en Cuba: dado que el turismo está paralizado y lo único que puede abastecer a los clientes es el mercado nacional, podría haber una reconfiguración del sector tras la pandemia.

"Y los negocios que vienen hoy ya no son restaurantes, ya no son cafeterías, ya no son pequeños restaurantes o empresas de alquiler. Son personas que quieren un negocio de construcción, de producción de alimentos, floristerías... con valor añadido", dijo Díaz.