Raúl Grijalva

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva.

En momentos en que Estados Unidos y Puerto Rico desafían la crisis salubrista del coronavirus, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, Raúl Grijalva, presentó nueva legislación que propone enmiendas a la ley federal Promesa para evitar conflictos de interés entre los miembros de la Junta Federal de Control Fiscal.

A pocas horas de que trascendiera la radicación de la medida congresional —que incluye otras disposiciones— la junta fiscal manifestó reservas con algunas de sus partes. Mientras que políticos locales —representativos del ala demócrata— ven la radicación de la pieza como una oportunidad para que se abra nuevamente el debate sobre Puerto Rico en el Congreso de Estados Unidos.

“La aplastante austeridad fiscal impuesta por la Ley Promesa original no ha logrado mejorar el desarrollo económico o corregir la pobreza crónica en Puerto Rico, por lo que es hora de un enfoque más centrado en las personas”, expresó Grijalva en comunicado de prensa.

“Cualquiera que sea su política, todos podemos estar de acuerdo cuando un curso de acción no está funcionando según lo previsto, y Promesa no está funcionando para las personas que más lo necesitan. Este proyecto de ley es el resultado de un año y medio de viajar a Puerto Rico y escuchar a la gente allí. Es un primer paso para abordar los desafíos que Promesa ha traído a la superficie, y estoy orgulloso de presentarlo hoy con mis colegas para que podamos comenzar una conversación sobre un futuro mejor para la Isla”, abundó el congresista.

El proyecto también fue presentado por los congresistas demócratas José Serrano, Nydia Velázquez, Darren Soto y Alexandria Ocasio Cortez. Algunos de estos visitaron Puerto Rico luego de los temblores de enero, pero la gobernadora Wanda Vázquez no los recibió porque alegó que le surgió una emergencia familiar.

Ocasio Cortez describió el proyecto congresional como un paso en la dirección correcta. “Debemos garantizar que los servicios esenciales —como la atención médica, la educación pública y las pensiones— estén protegidos para las comunidades más vulnerables”, manifestó.

En tanto, Velázquez indicó que la medida incluye lenguaje para cancelar gran parte de la deuda no garantizada y para evitar conflictos de interés en los miembros de la junta fiscal. “Los puertorriqueños deben estar seguros de que los asesores de bancarrota de la junta no tienen su pulgar en la balanza para favorecer ciertas deudas donde tienen intereses propios. Este proyecto de ley ofrece esa transparencia”, afirmó.

En esencia, el proyecto radicado define a la Universidad de Puerto Rico (UPR), las pensiones, la educación, la salud y la seguridad como servicios esenciales, lo que complicaría los recortes del organismo rector en esas áreas. También persigue evitar los conflictos de interés en el ente rector, con la creación de un Comité de Ética dentro del organismo. Además, propone como requisito que ningún miembro de la junta haya trabajado en ninguna capacidad para el gobierno.

Dispone lenguaje para que se asignen fondos federales para costear las operaciones de la junta fiscal y ordena la creación de una comisión independiente para auditar la deuda. Esa comisión —según un resumen de la medida— estaría compuesta por expertos en finanzas, contables, abogados y otros que puedan determinar la suma real adeudada.

Reparos de la junta

En declaraciones escritas a EL VOCERO, la junta fiscal dijo que aún se encuentran revisando la medida, pero que consideran que la Ley Promesa “está dando resultado”. “El proyecto implementaría cambios significativos a Promesa, y aunque ciertas partes —como la divulgación ampliada de manera que permita revelar las conexiones cuando haya más de 160,000 acreedores— mejorarían Promesa, la junta tiene grandes reservas en cuanto a otras partes del proyecto”, se indicó.

La junta fiscal advirtió que si la pieza consiguiera aprobarse se minarían sus esfuerzos de alcanzar una resolución expedita y justa de reclamaciones contra el gobierno y ciertas instrumentalidades. “La disposición que permite a Puerto Rico cancelar una parte de la deuda no garantizada seguramente hará más difícil e inasequible que la junta pueda reestructurar la deuda. Esto, a su vez, dificultaría el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital en el futuro”, expuso la junta fiscal.

Aseguran es buen momento

El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, opinó que el ‘timing’ de la medida congresional es correcto ya que la economía de la Isla está “en caída libre” por la emergencia del Covid-19.

“Es bueno que se dé ese debate porque ya la junta está anticipando que con la nueva realidad económica del País y la reducción significativa en los recaudos del estado, pues se está proponiendo reducción de jornada parcial. El abrir el debate en Estados Unidos de lo que son los servicios esenciales, protegerlos y enmendar la ley para proteger a los pensionados garantizaría el 80% del presupuesto”, señaló.

El legislador vio con buenos ojos la propuesta de catalogar a la UPR como servicio esencial, pero indicó que es necesario incluir a los municipios en ese listado.

Periodista destacada en la Legislatura de Puerto Rico.