Swain

La jueza federal Laura Taylor Swain. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La Junta de Control Fiscal dio luz verde para que se reanuden las negociaciones con los acreedores de deuda garantizada, en un intento por someter un tercer plan de ajuste (POA, por sus siglas en inglés) enmendado que sea equitativo para todas las partes y se ajuste a la nueva realidad económica de la Isla.

Los cuatro integrantes del ente regulador acordaron que el POA sea negociado con los bonistas previo a su radicación. Si la negociación no resulta en un acuerdo entre las partes, la junta tiene la potestad de someter ante la jueza federal Laura Taylor Swain un POA con la estructura que entienda pertinente y sin el aval de los acreedores.

La resolución contó con el aval de Justin Peterson -designado recientemente a la junta por el presidente Donald Trump-, quien en la pasada reunión desfavoreció la propuesta de sus homólogos por entender que no era equitativa para un grupo de acreedores y que era el resultado de una movida desesperada.

Peterson dejó claro que continúa en desacuerdo con la propuesta elaborada por el organismo regulador, pero agregó que votó a favor de la resolución porque considera que lo más prudente es reanudar las negociaciones.

“Mi opinión sobre el plan no ha cambiado. El problema más grande que tengo con la propuesta es que a pesar de que los recaudos del gobierno han superado las proyecciones y que hay más dinero para el servicio de la deuda, el plan le quita dinero a la gente que nunca se le ha pagado y le otorga más dinero a los que ya se les ha pagado”, acotó.

Asimismo, Peterson -quien en el pasado defendió los intereses de los bonistas de Obligaciones Generales (OG) y se opuso a la reestructuración de la deuda- pidió que se modificara la resolución para evitar que la junta fiscal someta su propio POA en caso de que no lleguen a un acuerdo con los acreedores. La petición no fue favorecida por el resto de los integrantes.

Por otra parte, el excabildero solicitó estar presente en las negociaciones para asegurarse de que se realicen de manera equitativa y de buena fe. “Entiendo que vamos a poder alcanzar algún acuerdo. La jueza Swain fue bien clara en que se debe continuar con una mediación. Las negociaciones serán celebradas de buena fe”, sentenció Peterson, quien se negó a asegurar si tomaría acción en caso de que considere que las negociaciones no se realizan como él espera.

Ante su insistencia, el presidente del organismo, David Skeel, y su asesor legal Jaime El Koury indicaron que Peterson podría asistir a la mesa de negociación, pero dejaron claro que no podría tomar decisiones unilateralmente. Skeel hizo pública su intención de también estar presente en esas reuniones.

La estructura propuesta por la junta fiscal busca eliminar del pasado POA los bonos junior de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y crearía un instrumento de valor contingente de hasta $1,000 millones cuyo pago estará condicionado a si los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) exceden las proyecciones del plan fiscal certificado para 2020.

Este, además, proporcionaría a los acreedores alrededor de $6,000 millones en efectivo y alrededor de $5,000 millones en bonos de obligación general. Asimismo, aplicaría una reducción del 8.5% a las pensiones que excedan los $1,500 por mes, que afectaría a menos del 30% de los jubilados del servicio público.

“Uno de los beneficios de este plan de ajuste, en comparación con el anterior, es el instrumento de valor contingente que está diseñado para pagarles más a los acreedores si la economía de Puerto Rico tiene un buen desempeño y supera las proyecciones”, comentó Skeel.

A principios de noviembre y tras múltiples retrasos, la jueza Swain demostró su intención de agilizar la reestructuración de la deuda y le ordenó a la junta que debían presentar el POA en o antes del 10 de febrero del próximo año. La directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, está confiada en que podrán cumplir con el plazo.

“No puedo predecir el futuro en términos de lo que sucederá porque son cientos los involucrados, pero sí puedo decir que la junta pondrá todo su esfuerzo para concretarlo y presentarnos en corte sin importar el resultado. Esperamos que sea habiendo terminado las negociaciones con un acuerdo”, afirmó Jaresko.

En febrero de este año, la junta logró el respaldo del 58% de los acreedores de OG y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), lo que dio paso a la radicación de un POA enmendado que reduciría la deuda gubernamental y otras reclamaciones de $35,000 millones a $11,000 millones.

Pagarán el bono de Navidad

Durante la reunión, el organismo fiscal también aprobó varias solicitudes de redistribución de presupuesto, incluidos los pedidos del gobierno central, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Universidad de Puerto Rico (UPR) para pagar el bono de Navidad a sus empleados.

Jaresko detalló que el gobierno y sus corporaciones identificaron las partidas de ahorro necesarias para poder aprobar el pago del estipendio. Este desembolso fue aprobado de manera unánime entre los integrantes de la junta fiscal. La administración de Wanda Vázquez identificó unos $63 millones para la bonificación de $600 a los empleados del gobierno central.

Detenido el retiro incentivado

Por otro lado, luego de que el organismo regulador advirtiera que los servidores públicos que se acogieran a las disposiciones de la Ley 80-2020 de retiro incentivado podrían quedarse sin los beneficios, el gobierno detuvo el proceso de implementación del estatuto, el cual comenzó a ejecutar a pesar de no contar con el aval de la junta.

Según publicó EL VOCERO en su edición de ayer, a pesar de la advertencia que hizo la junta sobre el impacto económico que tendrá la implementación de esa ley, la administración el gobierno había iniciado la primera fase del programa, abriendo el proceso de solicitud a los empleados públicos.

La determinación fue informada ayer al ente fiscal mediante una misiva. “Recibimos una carta del gobierno donde acordaron detener la implementación hasta que un acuerdo se alcance con la junta. Se están comprometiendo en alcanzar un acuerdo sobre la consistencia del estatuto previo a la implementación”, detalló Jaresko.

Según los análisis del ente fiscal, la Ley 80 tendrá un impacto económico negativo de $4,200 millones.