Pierluisi

El gobernador electo Pedro Pierluisi. >Brandon Cruz González/EL VOCERO

Aunque múltiples países han aprobado medidas para aumentar las penas en ciertos delitos en un esfuerzo por combatir la criminalidad, el gobernador electo Pedro Pierluisi no tiene bajo consideración enmendar el Código Penal a esos fines, pero sí realizar cambios en el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) al separarlo de la “sombrilla” del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

En entrevista con EL VOCERO, Pierluisi adelantó que estará presentando un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que el negociado vuelva a ser el brazo investigativo del Departamento de Justicia, por lo que espera que la Legislatura concuerde con su criterio.

“El NIE debe reubicarse como el brazo investigativo del Departamento de Justicia, principalmente para investigar casos de corrupción y de violación de derechos civiles. Así fue como se diseñó desde su origen y nunca he estado a favor del cambio, de que se separara del Departamento de Justicia, principalmente para investigar casos de corrupción y casos de derechos civiles. Así que ese proyecto sí lo estaré sometiendo a la Asamblea Legislativa”, explicó el también exsecretario de Justicia.

Con la puesta en vigor de la Ley 20 de 2017, se creó el DSP y se consolidaron siete agencias bajo esa “sombrilla” durante la administración del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Sin embargo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley un proyecto que separó El Negociado de Ciencias Forenses (NCF) del DSP, por lo que ahora quedan seis agencias bajo la “sombrilla”: el NIE, la Policía, el Sistema 9-1-1, el Cuerpo de Emergencias Médicas, Bomberos y el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead).

En términos concretos, la Ley 20 derogó el Capítulo III de la Ley 5 de 2011, que creó el Plan de Reorganización del Departamento de Justicia y que tenía una disposición sobre el NIE. También había sido derogada la Ley 38 de 1978 conocida como Ley del NIE del Departamento de Justicia.

El Artículo 8.01 de la Ley 20 dispone que el NIE está adscrito al DSP, bajo la supervisión directa e indelegable del secretario de Seguridad Pública. Aunque en el estatuto se establece que el NIE tiene el deber de recopilar la evidencia necesaria para que los investigadores de Justicia inicien la acción judicial correspondiente y que, en coordinación con los fiscales presentará las acciones correspondientes ante los tribunales, se deja claro que la agencia ya no forma parte de Justicia, según la cláusula de salvedad.

“Ese es el brazo investigativo de Justicia, siempre lo ha sido, particularmente la División de Integridad Pública y debe continuar siéndolo. Al revés, tenemos que fortalecerlo. Esa es una medida práctica que tiene que ver con corrupción que debemos tomar: fortalecer el NIE, ubicarlo donde debe estar, que es apoyando a los fiscales del Departamento de Justicia en el área de Integridad Pública, incluyendo los fiscales que atienden los referidos de la Oficina del Contralor”, expresó Pierluisi.

En su plataforma de gobierno “Puerto Rico Promete”, Pierluisi deja claro que la transferencia del NIE al DSP no ha producido resultados tangibles en la investigación y que el Departamento de Justicia perdió su brazo investigativo para atajar la corrupción gubernamental. Añadió que la asignación del NIE al DSP atenta contra la autonomía de Justicia y su capacidad de investigar de manera independiente.

Para atender esto, Pierluisi devolverá el NIE a Justicia y lo enfocará en la investigación de fraude, delitos de cuello blanco, corrupción gubernamental y violaciones de derechos civiles. El gobernador electo había dicho públicamente que buscaría que ese negociado cuente con los recursos, el apoyo y adiestramientos necesarios.

Evaluación total del DSP

En su plan de gobierno, Pierluisi reconoce también que la implementación de la Ley 20 ha presentado retos y debe reevaluarse para evitar la burocracia sin un beneficio medible. Para ello, propone evaluar los negociados y organismos auxiliares creados por la Ley 20 para determinar la necesidad de presentar enmiendas. También evaluará los negociados y estabilizará el DSP mediante la aclaración de roles y responsabilidades y objetivos de política pública de seguridad.

“Utilizaremos el DSP para lograr eficiencias administrativas y fiscales, para la coordinación de esfuerzos y para establecer planes de trabajo en áreas críticas como implementación de tecnología y comunicaciones. Atenderemos con prioridad la adopción de reglamentos pendientes y necesarios para implementar la Ley 20 de acuerdo a la política pública”, lee el programa de gobierno.

No aumentará las penas

En cuanto a un aumento de penas como estrategia para combatir la criminalidad, Pierluisi indicó que “eso no está bajo consideración”, sino que apuesta a aumentar el índice de esclarecimiento de casos y darles mayor apoyo a las unidades investigativas del Negociado de la Policía y de Justicia.

“No creo que es una cuestión de aumentar las penas, yo creo que es una cuestión de aumentar el índice de esclarecimientos de casos, particularmente de violencia que están bajo investigación y pendiente de esclarecimiento”, afirmó Pierluisi.

En ese aspecto, el también excomisionado residente dijo que le dará prioridad a dotar a las agencias de ley y orden de mejor tecnología para facilitar la labor que realizan y que se ocupará de que la reforma de la Policía llegue a feliz término.

“Esa reforma está dirigida a profesionalizar la Policía, a dotar a la Policía de todos los protocolos y el adiestramiento necesarios para que rinda su labor con la mayor efectividad y que no incurra en violaciones de derechos civiles cuando, por ejemplo, atiende situaciones que involucran a comunidades marginadas como la comunidad inmigrante dominicana o la comunidad Lgbttiq. Todo eso lo tiene la reforma de la Policía y yo me voy a ocupar de que se implante totalmente y que se cumpla”, abundó.

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