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Aunque no se han reportado casos de coronavirus (Covid-19) en el interior de las cárceles, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) activó un protocolo que ajusta las visitas de familiares, los ingresos al sistema penal, el cernimiento a empleados y los servicios de salud para evitar el contagio. 

El documento en poder de EL VOCERO, que contiene 18 páginas y que tiene fecha del 11 de marzo, fue enmendado debido a la orden ejecutiva que firmó la gobernadora Wanda Vázquez para viabilizar los cierres gubernamentales, de comercios y un toque de queda de 9:00 p.m. a 5:00 a.m. La enmienda permitió la cancelación total de las visitas a las cárceles. 

La portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, Milagros Rivera Watterson, expresó que el ‘task force’ de médicos que nombró la gobernadora debe evaluar si las medidas que se están tomando en los sistemas correccionales son las mejores o se deben ajustar para frenar contagios de Covid-19. 

“Ellos (los médicos) han dicho que hay personas asintomáticas. Aunque se les verifique la temperatura a esas personas que entran a las cárceles, puede que no tengan síntomas y que sean portadores”, alertó Rivera Watterson, quien añadió que los alimentos deben ser provistos en envases desechables y no en las bandejas habituales hasta que pase esta emergencia. 

Mientras, Jessica Martínez Santos, presidenta de la Alianza Correccional Unida (ACU), sindicato que representa a los oficiales correccionales, confirmó que hasta el momento no hay ningún caso sospechoso entre sus asociados y aseguró que sí se han tomado medidas. Reveló que a los compañeros que asistieron al Día Nacional de la Zalsa no se les permitió la entrada a las cárceles, tal y como lo solicitó la gobernadora con el aislamiento preventivo.

Explicó que en las instituciones tienen ‘hand sanitizer’, jabón y aerosol desinfectante. “Lo que hay es pocas mascarillas, pero hay. No la cantidad que uno le encantaría que existiera, pero hay mascarillas. Había pocos guantes, pero ya empezaron a suplir porque ya llegaron”, sostuvo.

“Lo que se está enfatizando es que se laven las manos antes de entrar todo el personal y los oficiales correccionales. Como tenemos contacto con la población, entramos con los guantes y con mascarillas. Eso es cuando vamos a hacer las rondas”, mencionó.

A su vez, Juan González Ríos, expresidente de ACU, precisó a este medio que los protocolos establecidos por el DCR están funcionando en el área de Aguadilla, en donde se desempeña. “Lo que escasea de vez en cuando es la cuestión de las mascarillas. No obstante, nosotros procuramos no acercarnos a los confinados porque obviamente el foco de infección seríamos nosotros”, subrayó.

"Esto de la falta de suministros para eso es un problema viejo en la administración de Corrección, que no podemos achacárselo realmente al secretario nuevo porque siempre los oficiales de custodia somos los olvidados por los gobiernos. Gobierno que entra se olvida de nosotros. Aunque agradecemos lo que hizo la gobernadora de incluirnos también en la ayuda con el dinero extra, pero siempre cuando terminan las emergencias los que quedamos rezagados somos los oficiales de custodia", añadió.

Amplios detalles en el documento

En el documento firmado por el secretario del DCR, Eduardo J. Rivera Juanatey, el funcionario destaca que “a pesar de las medidas de prevención que se puedan realizar, la manifestación de esta enfermedad (coronavirus) en la comunidad nos obliga a tomar las medidas de salubridad, prevención y restricción para evitar que nuestra población correccional, vulnerable y comprometida, pueda contagiarse y producir una crisis de salud entre ellos”.

El protocolo establece que quedan suspendidas todas las actividades dentro y fuera de la institución, incluyendo las recreativas. Sin embargo, Rivera Juanatey aseguró que la recreación pasiva y activa de los reos se está permitiendo dentro de los complejos, al igual que los trabajos que realizan. 

Actualmente, el sistema correccional cuenta con 8,894 confinados ubicados en 32 instituciones que opera el DCR. Mientras, la plantilla ronda en los 6,545 empleados.  

Cambios en los ingresos 

De igual manera, el protocolo señala que no se realizará ningún ingreso de hombres adultos y jóvenes adultos al Centro de Ingresos del Sur, Ponce 676 y que todo ingreso se realizará en el Centro Metropolitano Bayamón 705. También que será responsabilidad de cada institución y facilidad correccional y centro de tratamiento social reforzar las medidas de salubridad e higiene, especialmente en las áreas de entrada y salida de empleados, visitantes y población correccional.  

Mientras, las mujeres adultas y jóvenes adultas serán ingresadas en el Centro de Tratamiento Social de Bayamón, separadas de la población masculina, lee el documento.  

En el caso de los menores transgresores, serán ingresados en los cuartos de observación y celdas de admisiones disponibles en los centros de tratamiento social Ponce y Villalba. Las menores féminas estarán ingresadas en el Centro de Tratamiento Social de Ponce y los menores varones en Villalba. 

Periodo de observación 

De igual manera, el documento estipula que el periodo de ‘clearances’ se extenderá de siete a 14 días o hasta 28 días, en ciclos de ingresos hasta completar el periodo de incubación, incluyendo referidos y pruebas diagnósticas para coronavirus realizadas por el Departamento de Salud. Sin embargo, Rivera Juanatey indicó a este medio que eran solo 21 días: siete días de ingreso más los 14 días del periodo de cuarentena.  

Como parte de las medidas de separación social de la población, el documento indica que cuando se reporten menos de 20 casos se debe identificar las posibles áreas de reubicación disponibles en el sistema. En cambio, si se reportan más de 20 casos, se recomienda cerrar el módulo para separar la población.