Gallos

Desde la izq. Carlos Junior Aponte y el senador Nelson Cruz, en representación de la industria gallera.

El gobierno de Puerto Rico se unirá como amigo de la corte en el pleito federal que radicaron para detener la prohibición a las peleas de gallos, según le prometió la gobernadora Wanda Vázquez a los galleros en una reunión ayer en La Fortaleza.

Una ley federal establece que las peleas de gallo estarán prohibidas en Puerto Rico a partir de diciembre. Varias organizaciones gallísticas incoaron una demanda al Tribunal Federal por entender que esta prohibición no es constitucional.

Juan Quintero, de Unidos por los Gallos, dijo que el exgobernador Ricardo Rosselló no hizo las gestiones prometidas a favor de esta industria.

“A diferencia del gobernador anterior, que no hizo la gestión como lo solicitó (el juez federal Gustavo) Gelpí, la gobernadora hizo un compromiso firme. Explicó que es una cuestión de sensibilidad que —más allá de las personas que les gusta el deporte— es una cuestión de derechos humanos de proteger los derechos de los miles que dependen de la industria”, dijo.

Empuje “positivo”

Gerardo Mora, director ejecutivo de la Oficina de Asuntos Gallísticos de Puerto Rico, dijo que tener al gobierno como amigo de la corte en este caso implica un empuje positivo para esta industria.

“En el siglo 21 llevar al clandestinaje a 71 galleras que ya tienen la debida permisología, sería nefasto para los municipios del centro y todas las áreas. Esto no es solo la industria gallística la que se afectaría”, afirmó.

El licenciado Edwin Prado, quien lleva el caso federal, dijo que tienen hasta el próximo viernes para contestar los argumentos del Departamento de Justicia federal, quienes apoyan esta ley.

Su expectativa es que el gobierno radique su moción durante esta semana.

“Vamos a tener al gobierno de Puerto Rico diciéndole al gobierno federal que se extendieron en sus poderes y que están matando una expresión cultural nuestra”, explicó Prado.

Dijo que los argumentos del caso son que la parte de la ley —Farm Bill— que prohíbe las peleas de gallos en Puerto Rico es inconstitucional. Entre los argumentos que utilizaron se explicó que la legislación violenta la libertad de asociación y la libertad de ejercer una expresión cultural.

Quintero no descartó que el caso eventualmente llegue a la Corte Suprema de Estados Unidos.

“No se trata solo de defender las peleas de gallo. Se trata de cómo el Congreso legisla, se apodera de un asunto y ocupa el campo”, manifestó a la prensa luego de salir de la reunión ayer. “No nos gustaría, pero este caso va a llegar al Supremo de Estados Unidos porque vamos a prevalecer, vamos a ir al Circuito y por eso es importante que estemos preparados”.