PFEI

EL VOCERO / Archivo

Aunque la pandemia de Covid-19 ha provocado retrasos en las pesquisas, la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, aseguró ayer que el caso del chat de Telegram y el de la gobernadora Wanda Vázquez siguen activos.

“Están bien activos en el caso de Wanda Vázquez y en el caso del chat. Eso me consta. El del chat vence el término a principios de octubre. Podría haber una prórroga, pero no se ha agotado el término”, indicó Cotto Vives a preguntas de EL VOCERO. El término para el caso del chat se extiende hasta el 5 de octubre.

Comentó que el panel no establece la estrategia de las investigaciones ni a quién se debe entrevistar primero.

“La estrategia la establecen los fiscales. Muchas veces tienen que esperar a que las agencias les provean documentos para luego determinar a quién van a entrevistar. Hay que tener documentos certificados de las agencias para luego confrontar los testigos”, señaló la funcionaria.

Comentó que los fiscales han tenido que esperar más de lo usual por información requerida a otras agencias gubernamentales y por el temor de los testigos a ser entrevistados ante los contagios por Covid-19.

Indagaciones pendientes

Vázquez Garced pudo haber violado el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental al utilizar la posición para beneficiarse o beneficiar a un tercero. Esa infracción y la del Código Anticorrupción implican la toma de represalias contra una persona por denunciar la comisión de un delito. Las supuestas represalias fueron contra la entonces secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar, tras despedir a una subalterna. Mientras que la violación al artículo 252 del Código Penal sería por aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios para beneficio propio o de un tercero.

Por el polémico chat de Telegram se asignó un FEI al exgobernador Ricardo Rosselló, a su exdirector de campaña, Elías Sánchez; al exdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; al exasesor legal de Rosselló, Alfonso Orona; al exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, y al publicista Edwin Miranda.

Otros casos pendientes son contra el exrepresentante Narden Jaime y otras nueve personas por presunta malversación de fondos públicos y violaciones a la Ley Electoral.

Cotto Vives señaló que está pendiente el caso contra el exrepresentante Ramón Rodríguez Ruiz, a quien se le señaló juicio para febrero.

Mientras que a Luis Burdiel, expresidente del Banco de Desarrollo Económico (BDE) —contra quien se encontró causa para arresto por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental— se le señaló la vista preliminar para principios de diciembre. Presuntamente Burdiel ocultó que tenía una deuda con el BDE por la suma de $492,031 antes de ocupar el cargo.

Entretanto, quedan pendientes de determinación ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo los casos contra la exsenadora Maritere González, acusada por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental en relación a sus informes financieros, y el del exalcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill, por presunta agresión sexual contra la policía municipal Yenetamine Díaz.

El caso de supuestos actos lascivos cometidos por O’Neill contra la exempleada Mayra Vázquez fue desestimado.

Asimismo, queda pendiente de juicio el caso contra los coacusados del expresidente de la Cámara, Jaime Perelló, -quien se declaró culpable por dos delitos menos grave- Glenn Rivera Pizarro, José Carrión y Xavier González.

Otros casos de juicio son los del extitular de la Administración de Servicios Generales (ASG), Luis Castro Agis, acusado por recibir regalos y beneficios de su amigo, el convicto Anaudi Hernández Pérez; contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Uroyoán Walker, y el exrector del recinto de Río Piedras de la UPR, Carlos Severino.

Mientras, en espera de sentencia está el exadministrador de la ASG, Miguel Encarnación, quien se declaró culpable por corrupción y acoso sexual contra dos empleados.

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