Ceiba

En la foto el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz Ramos. >Carlos Rivera Giusti/EL VOCERO

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Mercado Rivera, reiteró que su agencia no propuso ningún nombramiento para la Junta de Subastas.

La gobernadora Wanda Vázquez anunció ayer la designación del alcalde de Ceiba, Angelo Cruz Ramos como miembro asociado de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales.

Pero la ley establece que estos nombramientos deben contar con recomendaciones de otras agencias y funcionarios como la directora de la ASG y la Contralora, Yesmín Valdivieso así como organizaciones como el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. La presidenta del colegio, Rosa Rodríguez confirmó a este rotativo que en noviembre la ASG les solicitó sus recomendaciones para ocupar estas plazas en la Junta de Subastas. Afirmó que les refirieron los nombres de los dos CPA interesados en el puesto.

“Nosotros descargamos la responsabilidad de enviar los nombres”, expresó.

En declaraciones escritas, Mercado Rivera recordó que su agencia tiene, por ley, la potestad de hacer uno de los cinco nombramientos y afirmó que “como administradora no he sometido recomendación.

“Fuera de someter la recomendación no tengo ninguna otra inherencia en los nombramientos de la Junta de Subastas. AAFAF, OIG, Colegio de CPA y el Contralor son los otros llamados a someter las recomendaciones a la oficina de nombramientos de la Fortaleza. ASG había solicitado que se sometieran las recomendaciones conforme a la Ley 73 y las que fueron recibidas se enviaron directamente a la oficina de nombramientos”, indicó en declaraciones escritas.

En agosto el alcalde de Ceiba perdió las primarias ante Samuel Rivera, quien será en noviembre el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP). Cruz, quien no devolvió llamadas de este rotativo ayer, fue uno de los primeros alcaldes en endosar la aspiración de Vázquez a la gobernación y llegó a decir que sería su director de campaña en el este para aglutinar a los alcaldes y presidentes municipales en esta región.

La gobernadora realizó el martes otros nombramientos que han resultado controversiales, como el de su secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, a quien nombró a la silla de Contralor. Uno de los señalamientos contra Soto es que no cuenta con la preparación para ocupar el cargo, comenzando por el hecho de que no es contable.

Desde la Oficina del Contralor se informó que Valdivieso “no hará comentarios” sobre la designación de Soto.

“Como lo establece la Constitución, se sigue un proceso donde el gobernador nomina a una persona para ocupar el puesto de contralor de Puerto Rico y la Legislatura evalúa y aprueba”.

“Ilegal” la designación de Soto

El excontralor Manuel Díaz Saldaña opinó por su parte que la designación de Soto podría implicar un incumplimiento con una de las leyes que rigen esta oficina. Explicó que la Ley 243 de 2015 exige que la persona que dirija esta oficina debe cumplir con los estándares de la Oficina del Contralor de Estados Unidos.

“Uno de esos requisitos es que la persona que va a dirigir esta institución tiene que tener un conocimiento específico de esas normas de auditoría. Y, por el trasfondo de esta persona, se entiende que no ha estado expuesto a este tipo de trabajo ni ha hecho trabajos de auditoría en su carrera”, indicó Díaz Saldaña a EL VOCERO. “Creo que estaría en violación de este requisito de ley”.

El Colegio de CPA también expresó que este puesto debe ser ocupado por  un contador o contadora público autorizado. Al igual que Díaz Saldaña, Rodríguez dijo que no tienen reservas con Soto como profesional, pero sí con el hecho de que no es CPA.

“Un CPA es el profesional mejor preparado para desempeñar el cargo”, sentenció.