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El portavoz de prensa del consorcio Hugo Sorrentini dijo que no emitirían comentarios. >Archivo / EL VOCERO

“Le pasaron por encima a los intereses del pueblo de Puerto Rico”, manifestó Eduardo Ferrer Ríos.

Con esa expresión Ferrer Ríos y Liza Ortiz Camacho, los representantes del interés público ante la Junta de Directores de la Autoridad de Alianzas Público Privadas (P3 en inglés), rechazaron la votación realizada ayer en la que se aprobó por minoría simple extender el contrato suplementario de LUMA Energy.

Sin embargo, para que la decisión sea final, se requiere de la aprobación de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que está convocada para realizar su votación hoy, a tan solo horas para que venza el acuerdo.

Ambos representantes del interés público ante la Junta de Directores de la P3 se abstuvieron, mientras que votaron a favor los otros tres miembros: el secretario de Estado, Omar Marrero, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, y el presidente de la Junta de Planificación, Julio Lassús.

“No podíamos validar una votación contraria a derecho… bajo la Ley 120 la abstención se entiende como un voto en contra a la enmienda del contrato supletorio”, indicó Ortiz Camacho en una conferencia de prensa virtual.

Minutos antes, la Junta de Control Fiscal (JCF) anunció que daba su visto bueno a la extensión del contrato, aclarando que la revisión se limitó a que el acuerdo “promueva la competencia en el mercado y no sean inconsistentes con los Planes Fiscales aprobados”, por lo que no hubo un análisis “legal de la documentación contractual o el proceso de contratación”.

“Además… no (se) ha realizado ninguna debida diligencia o verificación de antecedentes con respecto a las partes contratantes ni si las partes contratantes cumplen con los requisitos establecidos en el contrato aplicable. Cualquier cambio material a la Enmienda Propuesta o al contrato original debe ser presentado… para su revisión y aprobación antes de su ejecución”, advierte el ente fiscal en una carta dirigida al director de la P3.

Ortiz Camacho y Ferrer Ríos criticaron que la JCF se adelantara al proceso, lo que entienden es ilegal. Argumentaron también que fue incorrecto que el proceso se llevara a cabo según los lineamientos de la Ley 29-2009 que regula las alianzas público-privadas, que requiere de una mayoría simple para una aprobación de contrato. Afirmaron que, en cambio, lo que correspondía era lo que estipula la Ley 120-2018, que establece que cualquier transacción relacionada a la AEE, tiene que contar con el voto a favor de ambos representantes del interés público.

Según alegaron, aunque solicitaron un análisis legal sobre cuál era la ley aplicable, en los documentos que recibieron no se establecía razón alguna que lo justificara.

El dúo adelantó que irán a los tribunales, aunque no detallaron a qué foro llevarán el reclamo de anular la votación y cuáles serían los planteamientos legales por entender que deben hacer un examen minucioso del asunto y consultarlo con sus asesores legales que no identificaron.

Denunciaron además que a pesar de que la extensión del contrato suplementario es un asunto del más alto interés público no se permitió la grabación de la reunión, ni tampoco se aprobó hacer disponibles las minutas de la reunión en 24 horas.

Aseguraron que los tres representantes del gobierno ante la Junta de Directores de la P3 simplemente se negaron a conceder esas peticiones sin dar explicaciones.

De recibir hoy la aprobación de la Junta de Gobierno de la AEE, el contrato suplementario se extenderá sin fecha límite y vencerá únicamente cuando se resuelva la quiebra de la corporación pública. Se mantiene además la falta de métricas para medir el desempeño y sigue costando más que el contrato base de 15 años, dijeron.

Ortiz Camacho y Ferrer Ríos negaron que le hubiesen circulado documentos relacionados a la transacción el 16 de noviembre y enfatizaron que fue el sábado por la noche que los recibieron, pero incompletos y que por esa razón fue que pidieron información adicional que les llegó el lunes a las 9:30 de la noche.

“Yo diría que son más de 600 páginas que inhumanamente una persona que se las envían a las 9:30 de la noche pueda ver antes de las 3:00 de la tarde (del día siguiente previo a la reunión). Independientemente de eso, no hay ni una métrica ni un set de evaluación del contrato en el cual nos hayan puesto en posición de evaluarlo. Bajo esa premisa no nos dieron los documentos que justificaban la extensión del contrato”, declaró Ferrer Ríos.

Asimismo, Sheila Angleró, secretaria de prensa de La Fortaleza, dijo que el gobernador Pedro Pierluisi tampoco haría comentarios de inmediato sino que hará expresiones hoy.

El director ejecutivo de la P3, Fermín Fontanés, no estuvo disponible para entrevista y se limitó a indicar por medio de declaraciones escritas el resultado de la votación y que la determinación final “será notificada por el Gobierno (hoy) “

Por su parte, Marrero lamentó las expresiones de los representantes del interés público y aseguró que la discusión “extensa” que sostuvieron “demostró sin duda alguna que se actuó conforme al derecho aplicable”, específicamente para aprobar la extensión de la fecha de terminación del periodo interino bajo los términos del acuerdo suplementario en vista del proceso de reestructuración de deuda.

“Confirmamos que se siguieron los procedimientos y reuniones de manera consistente con lo que ha sido nuestra práctica en el pasado. Querer decir lo contrario es mentirle a Puerto Rico. Los miembros tuvieron toda la información necesaria y que fuese solicitada para considerar el asunto en cuestión”, dijo por escrito a preguntas de EL VOCERO.

Critican decisión

Mientras, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, agradeció el “trabajo extraordinario de los representantes del interés público ante la Junta de la P3 por “no claudicar” en defender los intereses del pueblo de Puerto Rico y agotar todos los remedios a su alcance.

“Lamentablemente, el gobierno de Pedro Pierluisi optó por violentar nuestro estado de derecho e ignorar las disposiciones de Ley 120-2018, que requiere el voto afirmativo de ambos integrantes del interés público… Para que conste en el récord de forma clara e inequívoca: de la única manera que respaldaríamos extender el contrato suplementario sería para sacar a LUMA de forma ordenada de Puerto Rico”, expresó en comunicado de prensa en el que afirmó que dará su apoyo a los representantes del interés público ante el tribunal que evalúa la quiebra de la AEE.

Su homólogo en el Senado, José Luis Dalmau, acusó al gobernador de darle la espalda al País al otorgarle de “forma atropellada y abusiva” un cheque en blanco a LUMA y dijo que la responsabilidad total de las consecuencias de la privatización de la AEE recaerá sobre el mandatario.

“Que sepa el pueblo de Puerto Rico que todos los apagones, todos los aumentos de tarifas y todos los despidos y desplazamientos de trabajadores tienen nombre y apellido: Pedro Pierluisi. La extensión del contrato es un cheque en blanco para que LUMA le meta la mano en el bolsillo al pueblo”, sostuvo en comunicado separado.

El representante independiente Luis Raúl Torres Cruz, quien ha fiscalizado a LUMA desde la Legislatura, afirmó que el gobernador “responde servilmente al mandato de la Junta de Supervisión Fiscal” y enfatizó que la abstención de los representantes del interés público amerita una explicación.

“La expectativa creada por los presidentes de la Cámara y el Senado era que no se daría paso a la extensión del contrato de LUMA. Lo que sucedió con su votación parece una traición a los reclamos de la mayoría del Pueblo de Puerto Rico”, manifestó.

Y mientras se decidía el futuro del consorcio en la Isla, los empleados disfrutaron de una fiesta con decoración navideña y música en vivo en la plazoleta central del edificio principal en Santurce, según pudo atestiguar EL VOCERO.

El portavoz de prensa del consorcio Hugo Sorrentini dijo que no emitirían comentarios.

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