Ana Escobar Pabón

Ana Escobar Pabón, dijo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene 5,605 personas que cumplen sentencia. >Archivo/EL VOCERO

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) todavía no ha culminado la evaluación de las sentencias de personas confinadas para determinar las nuevas fechas en que pueden ser elegibles para que se les refiera a la Junta de Libertad Bajo Palabra, en parte, debido a que todavía los récords no están digitalizados.

La secretaria de la agencia, Ana Escobar, dijo que hasta ayer había en el sistema correccional 5,605 personas que cumplen alguna sentencia. De esas, el 93% debe pasar por una reevaluación para determinar en qué momento podrían comenzar a dar los pasos para su libertad condicionada.

Sin embargo, de inmediato no pudo establecer cuántas evaluaciones se habían completado. Tampoco saben cuándo podrían culminar.

“Nosotros no estamos mecanizados, no tenemos eso computadorizado. Hay que hacer la comunicación con todas las instituciones para que los compañeros puedan decir la cantidad registrada (de evaluaciones de casos)”, reconoció la funcionaria en entrevista con EL VOCERO.

“Eso es uno de los problemas que tenemos en la agencia: tecnológicamente estuvimos sufriendo por mucho tiempo la dificultad de no contar con un sistema que uno pudiera apretar un botón y encontrar toda la información que nosotros necesitamos. Así que todo eso lo hacemos de manera manual hasta este momento”, agregó.

La funcionaria indicó que tenían aprobados $2 millones para comenzar la digitalización tanto de los cuatro expedientes que se levantan de cada persona confinada, como los expedientes de los empleados de la agencia. Según vayan avanzando en ese proceso, irán solicitando los fondos adicionales por etapas, por lo que no hay un estimado de costo total.

No obstante, aseguró que en el caso de las personas que ya estaban próximas a llegar a ese límite en su sentencia se les está dando prioridad para que no pase la fecha mínima de revisión.

El pasado 11 de octubre entró en vigor la Ley 85-2022, que enmienda el Código Penal para que toda persona que esté cumpliendo sentencia en una institución carcelaria sea considerada para libertad bajo palabra, tan pronto cumpla el 75% del término de reclusión impuesto. Este cómputo, se indicó, nunca excederá de 15 años cuando se trate de una persona adulta.

Según esta disposición de ley, una persona adulta sentenciada por delito grave —que no sea asesinato en primer grado— puede solicitar la evaluación de su caso ante la Junta de Libertad Bajo Palabra cuando haya cumplido 15 años de prisión o el 75% de la pena, lo que sea el término más corto, indica la ley.

Si la persona adulta fue convicta por asesinato en primer grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra cuando haya extinguido 25 años naturales de la sentencia.

Para que un técnico sociopenal pueda referir un caso ante la Junta de Libertad de Bajo Palabra para su evaluación, la persona tiene que tener algunos requisitos mínimos como un “plan de salida” en el que se da detalles de tres cosas: dónde va a vivir, planes de estudio u ofertas de trabajo y persona consejera que le asistirá en el proceso de adaptación a la vida fuera de la prisión, explicó Escobar.

Además, se considera el nivel de custodia, las terapias que haya tomado, si tiene querellas disciplinarias, en qué han consistido y hace cuánto tiempo las tuvo y si tiene que cumplir con el pago a víctima del delito que cometió, así como la evaluación de las personas perjudicadas, entre otros factores.

Activistas como la sicóloga social Katherine Angueira se han opuesto a la nueva ley por entender que atenta contra los derechos de las víctimas de delito.

La secretaria, sin embargo, dijo que el estatuto tiene a gran parte de la población correccional contenta y que está dando nuevas esperanzas a confinados que antes no la tenían.

Por otro lado, la secretaria dijo que trabajan en un nuevo programa de rehabilitación, específicamente para personas que tienen adicción a drogas y alcohol, porque han identificado que es un problema recurrente entre la población penal.

De las 82 muertes que se han registrado en el último año en distintas cárceles, apenas han recibido 15 protocolos de muerte o el informe en que se detallan las circunstancias del fallecimiento. De esos, se concluyó que seis fueron por consumo de fentanilo. Otras siete personas murieron por causas “naturales” y una más fue por suicidio. Según los datos provistos, no han recibido el protocolo de los otros 68 fallecidos.

Además, aseguró que se han incrementado las medidas de seguridad para tratar de limitar la entrada de drogas en las cárceles, desde una mayor cantidad de canes adiestrados, aumento en el reclutamiento de oficiales correccionales y una nueva academia de la que esperan reclutar 250 oficiales más, entre otras.

Escobar informó que desde que comenzó como secretaria de la agencia se han arrestado a 11 empleados.

Otras medidas no las quiso divulgar por seguridad, “porque serían burladas por la población correccional y no queremos darles esa información”.

En torno a las cámaras de seguridad, indicó que apenas están terminando de instalar nuevos equipos en las cárceles de la región sur, para luego continuar con las de la región norte. Sin embargo, cuando dos presos se escaparon en junio pasado de un área del Centro de Detención de Bayamón 1072, trascendió que allí no había cámaras funcionando desde hacía “seis o siete años” la secretaria había dicho que se instalarían cámaras nuevas en “todas las instituciones” y que trabajarían para ello “en todas a la misma vez”.

“En eso seguimos. No vamos a detenernos, ya está en proceso de finalizar la región sur, vamos después a la región norte y vamos a ampliarlos. Por ejemplo, recientemente me aprobaron 80 cámaras para instituciones de menores, así que seguimos instalando, comprando, identificando áreas donde necesitamos más y las vamos a seguir instalando”, declaró.

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