Jeiden Elier Santiago

Nahira Montcourt/ EL VOCERO

Los cuatro funcionarios del Departamento de la Familia que intervinieron con el caso del niño Jeiden Elier Santiago Figueroa fueron suspendidos y referidos al Departamento de Justicia ante la posibilidad de que hayan cometido delitos.

Jeiden Elier fue asesinado presuntamente por su padre en medio de una disputa judicial sobre su custodia y tras alegaciones de que un tío materno habría cometido alguna agresión sexual en su contra.

La secretaria de la Familia, Carmen Ana González Magaz, dijo que una investigación administrativa que ordenó tras conocer sobre la muerte del menor concluyó que los cuatro funcionarios fallaron en alguna de las siguientes instancias: atrasos en la entrega de informes escritos sobre su intervención en el caso, los cuales fueron requeridos por el tribunal; incumplimiento del Protocolo de Intervención o supervisión inefectiva.

En el caso del informe se supone que un trabajador social no tarde más de un mes en la entrega. En este caso se tardaron un mes y tres semanas, detalló la subadministradora de la Administración de Familias y Niños (Adfan), Glenda Gerena.

Las sanciones permanentes pudieran ir desde la suspensión adicional de empleo y sueldo hasta la destitución. La determinación final no debe tardar más de seis meses, indicó Guzmán.

La titular de la Familia rechazó identificar a los empleados referidos a Justicia. Tampoco quiso establecer los posibles delitos que se identificaron y que se detallaron en el referido.

“Yo asumo la responsabilidad por la ejecutoria de todo mi equipo de trabajo”, dijo González Magaz en una rueda de prensa, en la que afirmó que no renunciará al cargo.

“Debe quedar claro que todo aquel que se aparte de seguir fiel y cabalmente los procesos establecidos en los manuales del Departamento de la Familia sí se tiene que atener a unas consecuencias y vamos a ser rigurosos y firmes antes esto reconociendo que esto afecta la vida, el bienestar y la seguridad de nuestros menores”, manifestó la funcionaria.

Indicó que la conclusión del profesional de trabajo social que intervino en el caso era que el menor debía regresar con su madre. De habérsele permitido rendir un informe oral, eso hubiese dicho ante la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, cuyo manejo del caso de Andrea Ruiz Costas -quien fue asesinada por su expareja luego de intentos fallidos para que se emitiera una orden de protección- fue parte de una pesquisa administrativa. Fue esta jueza quien le ordenó al trabajador social que sometiera su recomendación por escrito y extendió la orden de protección contra la madre de Jeiden Elier y su familia hasta el 30 de julio pasado.

Para ese día el informe escrito tampoco estaba listo y la jueza Ingrid Caro Cobb extendió nuevamente la orden hasta el 9 de agosto. Ese día el padre del menor, Jonathan Santiago Cortés, presuntamente le provocó la muerte.

El hombre fue imputado de asesinato en la modalidad de maltrato. Está sumariado en lo que se ve el proceso judicial en su contra.

Hasta la fecha se desconoce si hay alguna investigación abierta en torno a posibles actos de agresión sexual contra el menor por parte de su tío. A principios de agosto la fiscal Daylú Rivera señaló que la Fiscalía no fue consultada sobre este aspecto.

Ajustes en la agencia

La secretaria de la Familia dijo que a raíz de esta situación ordenó que todos los informes de casos de intervención con menores se presenten por escrito, aunque reconoció que eso puede provocar que los casos se tarden más por el tiempo que implica la redacción.

Reiteró que su agencia tiene escasez de profesionales de trabajo social por dos razones: son plazas de difícil reclutamiento porque pagan poco y no han podido lograr que la Junta de Control Fiscal apruebe un aumento de sueldo para los empleados.

Por su parte el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, confirmó que se recibió el referido y manifestó que le darán “el curso ordinario que conforme a la ley corresponde en este tipo de casos”.