Analistas forenses de la Oficina del Contralor de Puerto Rico allanaron ayer el municipio de Cataño para incautar dos computadoras en la Oficina de Administración, como parte de una investigación relacionada a irregularidades en el desembolso de dinero para el pago de contratos.

“Fue algo que surgió de la propia auditoría que estamos haciendo. Se incautaron las computadoras —no fue de la oficina del alcalde— por si acaso, para completar, para ver si encontramos más documentación con respecto a la investigación que se está haciendo”, explicó la contralora, Yesmín Valdivieso a EL VOCERO.

Indicó que se decidió incautar el equipo para obtener información que el ayuntamiento no les ha suministrado.

“Fue una información que no nos dieron. Cuando se determina incautar el equipo es porque entendemos que hay cierta información que necesitamos y no se nos proveyó”, abundó la funcionaria. 

Aunque declinó ofrecer detalles sobre el ángulo de la investigación, Valdivieso señaló que se trata de unos desembolsos y que la auditoría comprende el periodo de los pasados tres años.

“No puedo entrar en ese detalle, pero sí es de algo que siempre estamos auditando de las finanzas y desembolsos del municipio y estamos buscando información”, manifestó.

Explicó que los analistas incautan las computadoras para clonarlas y así evitar tocarlas.

“Tan pronto lo tenemos, se hacen copias y trabajamos en eso y se devuelven las computadoras al dueño para que puedan seguir trabajando”, explicó.

Afirmó que dependiendo del resultado de la investigación, se determinará si refiere o no el asunto a las autoridades federales o estatales.

Precisó que además de los agentes forenses, en el operativo participó una abogada de la agencia para asegurarse de que se cumpliera con el protocolo de la incautación.

Negó que hayan entrevistado empleados durante la intervención.

“La auditoría es rutinaria”

El director de la división legal del municipio, Gabriel Sicardó, aseguró a este medio que el ayuntamiento ha sido cooperador con la Oficina del Contralor en el suministro de información.

“No sabemos (la evidencia que busca el Contralor). No se nos permitió acceso al proceso de intervención o inspección. Estuvo a cargo de la Oficina del Contralor. Solo inspeccionaron los equipos y determinaron llevárselos para continuar el proceso de investigación. Es una investigación desde abril. Los auditores están aquí desde esa fecha y se nos ha solicitado documentos de varios asuntos relacionados con el proceso de auditoría. La auditoría es rutinaria”, expuso Sicardó.

Gabriel Sicardó
Gabriel Sicardó, abogado del municipio, señaló que han sido cooperadores con la auditoría que realiza la Oficina del Contralor. >Carlos Rivera Giusti/ EL VOCERO

El funcionario rechazó que la investigación esté relacionada con el polémico alquiler de la guagua Cadillac —por la cantidad de $4,500 mensuales— a través de la empresa Bou Maintenance Service Corp. Posteriormente, el contrato fue cancelado.

Mientras que en horas de la tarde, el alcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, reaccionó a través de su cuenta de Twitter.

“La Oficina de la Contralora —como parte de sus procesos de auditorías rutinarias en los municipios— trabaja desde abril de 2021 en Cataño. Como ha sido costumbre de esta administración, se ha atendido con premura y diligencia todas sus peticiones. Es importante que se entienda que lo anterior no constituye una acusación contra nadie y es parte —como se nos ha indicado— del proceso de auditoría”, señaló.

A la búsqueda de facturas

Fuentes de EL VOCERO informaron que los analistas buscan varias facturas para compararlas con contratos.

El municipio de Cataño ha estado en la mira pública por asuntos de índole administrativa durante varios meses.

En agosto de 2019,  este diario informó que el ayuntamiento estaba en la mirilla de las autoridades federales con relación al otorgamiento de contratos a una empresa de recogido de desperdicios sólidos.

Asimismo, en agosto del pasado año, EL VOCERO publicó que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) se personaron a una lujosa tienda en The Mall of San Juan, como parte de la pesquisa.

Además, la Policía intervino con el alcalde Delgado en una gallera clandestina, en junio de 2020. 

Durante este verano trascendió que el municipio prestó reflectores portátiles y otros recursos para la celebración del cumpleaños de un ciudadano privado con expediente criminal por narcotráfico en el Tribunal Federal.