Gabriel Corchado Méndez

El defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), Gabriel Corchado Méndez. (Suministrada)

La Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI) favoreció una medida legislativa que tiene como objetivo desarrollar un registro de adultos mayores, personas incapacitadas, encamadas o con situaciones de salud apremiantes de manera que puedan ser atendidos con prontitud en momentos de emergencias.

La pieza, denominada Resolución Conjunta #186 y que ordena al Departamento de la Familiar realizar un censo de estos grupos poblacionales en colaboración con los municipios, fue aprobada ayer, lunes, en la Cámara de Representantes con 42 votos a favor y ahora pasa el Senado.

“Favorecemos que se haga una contabilidad precisa de dónde se encuentra esta población vulnerable para conocer sus necesidades y suplir lo necesario para ellos. Esto es particularmente importante en un país del Caribe, donde seis meses al año estamos bajo temporada de huracanes”, comentó en declaraciones escritas el defensor interino del DPI, Gabriel Corchado Méndez.

El también contador público autorizado recalcó la necesidad de integrar a las administraciones municipales en el proceso ya que “en los momentos de emergencias como tormentas, huracanes y terremotos, son la entidad gubernamental que más cerca están de las comunidades”.

Según la dependencia, se estima que en Puerto Rico hay cerca de 700,000 personas con algún tipo de impedimento.

Sin embargo, Corchado Méndez recalcó durante el proceso de vistas públicas que “una persona incapacitada no es una persona con impedimentos, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VII del Libro II del Código Civil de Puerto Rico”.

Las vistas públicas fueron realizadas por la Comisión para la Preparación, Reparación y Reorganización ante una Emergencia, presidida por el representante Luis Ortiz Lugo.

“Exhortamos a los senadores que aprueben esta medida, y que eventualmente se convierta en ley con la firma del gobernador”, concluyó.